Escándalo en la UOM: anularon las elecciones, echaron a Furlán y pusieron un interventor judicial
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La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló este viernes las elecciones de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). La decisión abarca tanto los comicios de la seccional Zárate-Campana como la elección nacional de autoridades, realizadas en marzo pasado.
El tribunal también ordenó la intervención judicial del sindicato metalúrgico. Abel Furlán cesó de inmediato como secretario general nacional.
La Sala VIII del tribunal, integrada por los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, fundamentó la anulación en la ausencia total de garantías electorales. Los magistrados afirmaron que no hubo condiciones para una "elección confiable, segura ni transparente" en el proceso electoral de Campana.
El fallo señala que la mecánica adoptada para custodiar y contar votos durante los tres días de votación destruyó la objetividad del proceso. Según los jueces, se vulneraron principios de libertad y democracia sindical consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales.
Las irregularidades que desataron el escándalo en la UOM
Todo arrancó con una denuncia presentada por la Lista Naranja, encabezada por Angel Derosso. La agrupación opositora cuestionó el desarrollo de las elecciones en la seccional Zárate-Campana, realizadas entre el 2 y el 4 de marzo.
El 3 de marzo, Derosso y su equipo presentaron un reclamo formal ante la Junta Electoral seccional. Denunciaron pérdida de confianza en el proceso y pidieron que la votación se concentrara en una sola jornada.
La oposición también exigió escrutinios provisorios al cierre de cada día. La Junta Electoral, alineada con Furlán, rechazó todos los pedidos.
En lugar de acortar el cronograma, las autoridades electorales extendieron la votación a tres jornadas completas. Las urnas quedaron bajo custodia en la sede sindical, vigiladas exclusivamente por la propia Junta.
Los jueces constataron que la Junta Electoral nunca notificó formalmente a la Lista Naranja una respuesta fundamentada. La supuesta notificación presentada como prueba no resultó válida: no hubo constancia fehaciente de su envío ni se ofreció documentación adicional.
Por qué la Justicia consideró el proceso electoral una farsa
El tribunal fue lapidario al analizar las condiciones de seguridad. La extensión de la elección durante tres días, sin escrutinios provisorios diarios y públicos, impidió verificar la autenticidad de los votos.
El estatuto de la UOM y el decreto reglamentario 467/88 exigen escrutinios diarios y públicos, requisitos que fueron ignorados por completo durante el comicio en Campana.
La custodia unilateral de las urnas agravó la situación. Sin controles efectivos ni participación de fiscales de todas las listas, la Cámara consideró que se sepultó cualquier presunción de legitimidad.
Las autoridades lideradas por Furlán ofrecieron una alternativa: que los apoderados opositores pernoctaran en la sede sindical para vigilar las urnas. El tribunal calificó esa propuesta como "inaceptable e irrazonable".
Los jueces argumentaron que ningún sistema democrático puede exigir a los fiscales dormir en un local para garantizar la transparencia. Esa medida, lejos de solucionar el problema, evidenció la precariedad del proceso.
Cómo las irregularidades en Campana tumbaron la elección nacional
El pronunciamiento judicial invalidó la proclamación de ganadores de la lista Violeta y Azul en la seccional Zárate-Campana. También ordenó el cese inmediato de todos los funcionarios electos, incluido Furlán como titular seccional.
Pero la nulidad no quedó ahí. El tribunal determinó que las irregularidades en Campana impactaron directamente en la conformación del Colegio Electoral nacional.
El 18 de marzo, ese Colegio Electoral eligió a Furlán como secretario general nacional de la UOM, pero su integración dependía de los resultados de Zárate-Campana, ahora anulados.
La Cámara concluyó que la validez de ambos procesos era inescindible. Por eso declaró la nulidad de la elección nacional y dispuso el cese inmediato de Furlán como máximo líder del sindicato metalúrgico.
Junto con Furlán, todos los integrantes del secretariado nacional cesaron en sus cargos. La UOM quedó oficialmente acéfala.
Qué implica la intervención judicial del sindicato metalúrgico
La Sala VIII no se limitó a anular las elecciones. Ordenó la intervención judicial de la UOM, tanto a nivel seccional como nacional.
El interventor designado es el Dr. Alberto Biglieri. Tendrá a su cargo la administración del sindicato, el control interno y la convocatoria a nuevas elecciones. Dispone de un plazo de 180 días para organizar comicios transparentes.
Biglieri deberá garantizar condiciones que respeten los principios de libertad sindical. También tendrá que informar trimestralmente a la Cámara sobre el avance de su gestión.
El fallo justificó la intervención como una medida necesaria para restaurar el derecho a la libre asociación sindical. La decisión se ampara en la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales y el Convenio 87 de la OIT.
El desafío de Furlán a la Justicia que agravó el conflicto
El conflicto judicial venía escalando desde marzo. El 17 de marzo, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo suspendió la proclamación de autoridades en Zárate-Campana.
Ese mismo día, el tribunal ordenó postergar la elección del Secretariado Nacional prevista para el 18 de marzo. La medida cautelar buscaba evitar que se consumara un proceso electoral ya cuestionado.
Pero Furlán desafió abiertamente la orden judicial. El 18 de marzo realizó igual el congreso suspendido y se hizo reelegir como líder nacional de la UOM por cuatro años más.
La votación le dio un respaldo contundente: 48 de las 53 seccionales lo apoyaron. Participaron 270 de los 276 delegados del Colegio Electoral.
Cuando Infobae le consultó a un allegado a Furlán por qué hicieron el congreso pese a la suspensión, la respuesta fue escueta: "No fuimos notificados de nada".
Ese argumento no convenció a los jueces. El fallo de este viernes deja en claro que la elección nacional del 18 de marzo carece de validez legal. La intervención judicial busca ahora ordenar un sindicato que quedó en el centro de una crisis institucional.