Triunfo de ATE: fallo judicial ordenó al gobierno de Javier Milei suspender los despidos en el INTI
El abierto enfrentamiento entre el Gobierno y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) por el ajuste en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) tuvo una victoria para la organización gremial, a través de un fallo judicial que suspendió la Resolución 42/26 del Ejecutivo, que disponía el despido de más de 700 empleados y el cese de más de 900 servicios, lo que significaba el virtual desmantelamiento del organismo.
La medida fue firmada por el juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, titular del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, haciendo lugar a la medida cautelar que presentó ATE, reclamando que las autoridades del INTI se abstengan de aplicar la citada resolución gubernamental. La decisión judicial tendrá una vigencia de 6 meses desde su notificación.
Aguiar: 'La tortilla se está dando vuelta. Prepárense'
El secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, expresó que "la Justicia frenó los despidos masivos en el INTI y también impidió el desmantelamiento del organismo", subrayando que "es un triunfo para los estatales".
Remarcó: "Lo dijimos mil veces, no se puede gobernar al margen de la ley y contra la Constitución Nacional. Este es un avance significativo en la lucha contra los despidos ilegales y el desguace estatal" y advirtió: "Se están debilitando, la tortilla se empezó a dar vuelta y vamos por más. Prepárense".
El dirigente explicó que "la Justicia ordenó a las autoridades del INTI a dar marcha atrás con la Resolución 42/26, impidiendo cualquier tipo de cesación, transferencia o modificación de funciones y exigiendo la garantía de ocupación efectiva de todos los trabajadores con mantenimiento pleno de sus categorías y remuneraciones", y calificó a la cautelar como un "avance significativo en la lucha contra los despidos ilegales y el desguace estatal".
Continuidad de programas de asistencia y control
El fallo ordena al INTI abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo derivado de la Resolución 42/2026, incluyendo "la cesación, transferencia o modificación" de servicios sistematizados, así como movimientos o reubicaciones de equipamiento técnico. También establece "la garantía de ocupación efectiva de todos los agentes cuyas funciones resultan afectadas, con mantenimiento pleno de sus categorías, remuneraciones y condiciones de trabajo".
Asimismo, dispone la continuidad de los programas de asistencia técnica, ensayos, certificaciones y transferencia tecnológica bajo la órbita estatal del INTI, mientras se resuelve la cuestión de fondo. En su demanda judicial, ATE solicitó la nulidad e inconstitucionalidad de la Resolución 42/2026 al considerar que implicaba "la cesación de cientos de servicios sistematizados", el vaciamiento de funciones esenciales del organismo y la afectación directa de la estabilidad laboral de los trabajadores.
Tezanos Pinto planteó que, en esta etapa preliminar, se encuentran acreditados los requisitos para dictar la medida de no innovar y advirtió sobre el posible daño irreparable derivado de eventuales despidos masivos o modificaciones unilaterales de las condiciones laborales.
Qué servicios podrían quedar eliminados
A mediados de abril, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, desactivó más de 900 servicios que el INTI prestaba e indicó que se trataba de una medida en consecuencia de la "baja demanda". La resolución, además, fue impulsada en el marco de los recortes que el Ejecutivo establece sobre el organismo desde 2024.
Entre los servicios eliminados figuraban ensayos microbiológicos clave en alimentos (detección de Salmonella, E. coli, Listeria) y control de contaminantes como micotoxinas; análisis de calidad de agua y efluentes; servicios de metrología y calibración de instrumentos; ensayos para la industria como materiales de construcción, seguridad eléctrica/electrónica y control de combustibles.
La decisión oficial causó la reacción del personal del INTI y de la conducción de ATE, quienes tildaron a la resolución como un intento de "desmantelar" el organismo y justificar los 700 despidos, al tiempo que alertaron sobre las consecuencias que la falta de controles podría generar en la población. "Están poniendo en riesgo a toda la población", dijo Aguiar. En esa línea, a principios de mayo realizaron un cese de actividades por 24 horas.
El titular de ATE declaró que la normativa podría ocasionar la pérdida de "personal altamente calificado como profesionales y técnicos de una enorme trayectoria" y reveló que el INTI brindaba un total de 3.000 servicios, con lo cual la eliminación de casi 1.000 de ellas significa una reducción del 30% de la institución. Manifestó: "No aceptamos la amenaza de despedir masivamente trabajadores y desarticular numerosas líneas de trabajo. El Gobierno no puede usar el argumento de que se trata de un organismo deficitario, ya que los servicios que realiza el INTI son pagados por las empresas. No solo no tiene pérdidas, sino que además es superavitario".