Causa Vialidad: revés judicial para Cristina Kirchner y sus hijos por el decomiso de bienes

La Cámara Federal de Casación Penal le cerró este jueves las puertas a Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia en su intento por frenar el decomiso de sus bienes. La decisión allana el camino para que el Estado Nacional recupere 111 propiedades de la familia Kirchner y del empresario Lázaro Báez.

La sala IV de Casación rechazó los recursos extraordinarios que habían presentado las defensas. Con este fallo, la Justicia puede avanzar sobre los bienes y sólo queda la instancia de queja directa ante la Corte Suprema, un camino estrecho y complejo para los Kirchner.

El decomiso forma parte de la condena a seis años de prisión que recibió la ex presidenta por administración fraudulenta en la causa Vialidad. Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica desde que esa sentencia quedó firme.

El monto total del decomiso alcanza los $684.990.350.139,86. Se trata de recuperar los beneficios económicos que generó el direccionamiento de obra pública vial en Santa Cruz durante el kirchnerismo hacia empresas de Lázaro Báez.

Desde el sexto piso de Comodoro Py 2002, sede del Tribunal Oral Federal 2 que condenó a la ex presidenta, ya se preguntó a la Corte si dispondrá de alguna de las propiedades.

Qué propiedades quedan en la mira de la Justicia

En el caso de Máximo y Florencia Kirchner están en juego 19 propiedades que heredaron o recibieron en cesión de sus padres. Este punto fue clave en el debate judicial de los últimos meses.

Las defensas argumentaron que los hijos de CFK no fueron condenados en la causa. Por lo tanto, sostuvieron que no se les podía aplicar un decomiso sobre bienes que recibieron de manera legítima por herencia.

La Justicia rechazó ese argumento. Consideró que hay una vinculación razonable entre esas propiedades y el beneficio económico del delito cometido por la madre.

Entre los bienes en disputa figuran diez departamentos ubicados en Mitre 535, Río Gallegos, Santa Cruz. También están en el listado los cinco lotes del complejo hotelero Los Sauces, en Lago Argentino, misma provincia.

Respecto a Lázaro Báez, el decomiso alcanza inmuebles de dos empresas que el empresario compró: Kank y Costilla, y Loscalzo y Del Curto. Báez fue dueño de Austral Construcciones, la firma que recibió la obra pública direccionada.

Qué fundamentos usó la Justicia para ratificar el decomiso

Los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky votaron la resolución. Hornos y Barroetaveña formaron mayoría para rechazar todos los recursos. Borinsky votó en minoría a favor de conceder parcialmente algunos planteos.

El juez Hornos fue contundente en su voto. "El decomiso de los beneficios de origen delictivo encuentra su fundamento en que el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida", sostuvo.

El magistrado recordó que se trata de un "ilícito comprobado" con condena firme. Los delitos vinculados a la obra pública vial nacional en Santa Cruz durante el kirchnerismo generaron "un flujo económico de magnitud extraordinaria en perjuicio del erario público", advirtió.

Sobre los bienes de Máximo y Florencia, Hornos concluyó que ya hubo una "respuesta extensa, fundada y razonada" en fallos anteriores. Las defensas sólo expresaron discrepancias con el criterio judicial, pero no demostraron nuevos argumentos que habilitaran la intervención de la Corte Suprema.

El juez rechazó además el planteo según el cual el decomiso de bienes heredados vulneraría principios constitucionales como legalidad, inocencia o propiedad. Esos argumentos ya fueron tratados en instancias previas, señaló.

"La transmisión hereditaria o gratuita no neutraliza la posibilidad de ejecutar los bienes si éstos integran el circuito patrimonial alcanzado por el decomiso", reiteró Hornos en su voto. Que los actuales titulares no hayan sido sometidos a la causa penal no impide el decomiso cuando existe vinculación razonable con el delito, agregó.

El voto en minoría de Borinsky

El camarista Mariano Borinsky consideró inadmisible el recurso de Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, entendió que sí correspondía habilitar parcialmente la instancia extraordinaria respecto de algunos bienes de los hijos y de empresas de Báez.

Borinsky se enfocó en inmuebles adquiridos antes del 23 de abril de 2004. Esa fecha fue tomada por el tribunal que ejecuta la condena como punto de partida para evaluar qué bienes quedaban alcanzados por el decomiso.

"El decomiso de los bienes indicados se dispuso sin debido sustento normativo", advirtió el juez. Según su criterio, la sentencia se apartó de los propios parámetros temporales que había fijado el tribunal de juicio.

La mayoría de Casación no acompañó esta postura. Con el rechazo de los recursos, el tribunal de ejecución puede continuar ahora con los trámites para transferir las propiedades al Estado Nacional.

Qué pasos siguen después de este fallo

A los Kirchner les queda la vía de la queja directa ante la Corte Suprema. Se trata de un recurso excepcional que se presenta cuando se considera que hubo arbitrariedad manifiesta o violación de garantías constitucionales.

Es un camino estrecho. La Corte Suprema suele ser muy restrictiva para admitir quejas directas en casos donde ya hubo pronunciamientos de Casación.

Mientras tanto, la Justicia puede avanzar con los procedimientos administrativos para ejecutar el decomiso. El objetivo es devolver al Estado Nacional los bienes que se adquirieron con el beneficio económico de la obra pública direccionada.