El Gobierno sacudió el mercado de apps y definió quién controlará a Uber, Rappi y Cabify
:quality(75):max_bytes(102400)/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2026/02/611192.jpg)
El Gobierno nacional oficializó este lunes un nuevo esquema regulatorio para las plataformas digitales de movilidad y reparto que operan en la Argentina. A través del Decreto 407/2026, publicado en el Boletín Oficial, se determinó que la Secretaría de Transporte será la autoridad de aplicación del régimen destinado a los servicios privados prestados mediante aplicaciones tecnológicas.
La medida alcanza a empresas que desarrollan actividades vinculadas al transporte de pasajeros y a la logística urbana mediante plataformas digitales, entre ellas Uber, Cabify, DiDi, Rappi y PedidosYa, además de otras compañías locales que funcionan bajo modelos similares en distintas provincias del país, incluida Mendoza.
Con esta decisión, la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, tendrá a su cargo la implementación, supervisión y regulación del régimen específico creado para los prestadores independientes que obtienen ingresos a través de aplicaciones móviles. En paralelo, la Secretaría de Trabajo conservará competencias vinculadas exclusivamente a eventuales convenios colectivos relacionados con la actividad.
Qué establece el Decreto 407/2026 sobre las plataformas digitales
El decreto publicado por el Poder Ejecutivo define que el área de Transporte será responsable de administrar el régimen aplicable a los servicios privados de movilidad y reparto organizados mediante plataformas tecnológicas.
La normativa forma parte de la reglamentación derivada de la reforma laboral aprobada por el Congreso de la Nación, que incorporó un marco jurídico específico para quienes trabajan a través de aplicaciones digitales.
Dentro de ese esquema, los conductores y repartidores fueron excluidos expresamente del ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo. De esta manera, el nuevo régimen los encuadra como prestadores independientes sujetos a una regulación diferenciada de la relación laboral tradicional.
Según se desprende de los fundamentos del decreto, el Gobierno considera que la actividad desarrollada por estas plataformas se encuentra principalmente asociada a la movilidad urbana y a la logística de distribución de bienes y pasajeros.
El argumento oficial: movilidad y logística urbana
En los considerandos de la medida, el Ejecutivo sostuvo que la naturaleza principal de los servicios prestados mediante aplicaciones tecnológicas está vinculada a cuestiones de transporte y circulación urbana, por encima de las características propias de un vínculo laboral clásico.
Bajo ese criterio, el Gobierno entendió que la Secretaría de Transporte posee las competencias técnicas necesarias para supervisar el funcionamiento de estas actividades, especialmente en aspectos relacionados con flujo vehicular, movilidad de pasajeros y logística de entregas.
La decisión también ratifica la postura que el oficialismo viene sosteniendo desde el debate de la reforma laboral: considerar a choferes y repartidores de plataformas como trabajadores independientes y no como empleados bajo relación de dependencia.
En consecuencia, el nuevo esquema separa el régimen aplicable a las plataformas digitales de la legislación laboral tradicional y crea un marco regulatorio específico para este segmento de la economía.
Cómo impacta la medida en Uber, Cabify, DiDi, Rappi y PedidosYa
La definición del Gobierno impacta sobre empresas de transporte y reparto que operan mediante aplicaciones móviles en distintas ciudades argentinas.
Entre las compañías alcanzadas aparecen Uber, Cabify y DiDi en el segmento de movilidad de pasajeros, además de Rappi y PedidosYa en el sector de entregas y logística urbana.
El nuevo esquema regulatorio también abarca a otras firmas locales y regionales que desarrollan servicios similares a través de plataformas digitales.
La centralización del control en la Secretaría de Transporte implica que el organismo será el encargado de implementar las disposiciones técnicas y administrativas vinculadas con el funcionamiento de estas actividades.
En paralelo, la Secretaría de Trabajo mantendrá intervención únicamente en cuestiones relacionadas con acuerdos colectivos que puedan surgir en el sector.
Reforma laboral y economía de plataformas
La regulación de las plataformas digitales fue uno de los puntos incorporados dentro de la reforma laboral sancionada recientemente por el Congreso.
La normativa creó un sistema específico para las actividades desarrolladas mediante aplicaciones tecnológicas, diferenciándolas de los esquemas tradicionales de contratación laboral.
Desde el desembarco de estas empresas en la Argentina, la discusión sobre el tipo de vínculo entre las plataformas y quienes prestan servicios a través de ellas generó debates legislativos, presentaciones judiciales y distintos proyectos regulatorios a nivel nacional y provincial.
En los últimos años, distintas resoluciones judiciales analizaron si los choferes y repartidores debían ser considerados empleados en relación de dependencia o trabajadores autónomos.
Con el nuevo decreto, el Gobierno consolida un criterio regulatorio que ubica a los prestadores dentro de un régimen independiente, separado de la Ley de Contrato de Trabajo.
El objetivo oficial: previsibilidad regulatoria
Fuentes cercanas al Ejecutivo señalaron a la agencia Noticias Argentinas que el decreto representa uno de los cambios más significativos impulsados por la reforma laboral en relación con la denominada economía de plataformas.
Desde el entorno oficial sostuvieron que el objetivo principal de la medida es otorgar "mayor previsibilidad regulatoria" a una actividad que mantiene un crecimiento sostenido en distintas ciudades del país.
La decisión de asignar el control a la Secretaría de Transporte apunta a concentrar la supervisión en un organismo con competencias específicas sobre movilidad urbana, transporte de pasajeros y distribución logística.
A partir de la entrada en vigencia del nuevo régimen, el foco estará puesto en la implementación práctica de las medidas y en la adaptación de las empresas y de los trabajadores independientes al nuevo esquema regulatorio definido por el Gobierno nacional.