Reforma laboral: La CGT advirtió al gobierno que la libertad sindical "no se reglamenta por decreto", ¿habrá paros?

El enfrentamiento entre el gobierno y el consejo directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) sigue tan latente como desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. Después de la puesta en marcha de la Ley de Modernización Laboral dispuesta el lunes pasado por el Poder Ejecutivo, recién el martes por la tarde la central obrera denunció que "la libertad sindical no se reglamenta por decreto" y remarcó que "no es facultad de ningún gobierno sustituir el debate democrático", subrayando que se trata de un "atropello institucional".

La exposición sindical no hace mención al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), sistema de ahorro obligatorio creado por la Ley 27.802 y reglamentado mediante el Decreto 408/2026, que financiará el pago de indemnizaciones por despidos y otras desvinculaciones, donde había expectativas sobre duros cuestionamientos.

El DNU introduce regulaciones restrictivas sobre la vigencia de los convenios colectivos vencidos (ultraactividad), impone topes estrictos a las cuotas y aportes solidarios destinados a las organizaciones gremiales, restringe el crédito horario de los delegados y modifica sustancialmente las pautas para discutir la personería gremial.

¿Vuelve la interna gremial? Normativa judicializada

El comunicado generó un marcado malestar de varios dirigentes que reclaman un espíritu más combativo contra la administración libertaria, lo que profundiza las internas en la CGT. La participación de la delegación cegetista en el encuentro anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) también es observada por los espacios más combativos, quienes insistirán en reclamar un plan de lucha más contra el gobierno para el segundo semestre del año.

En cuanto al documento de la central, apuntó: "Advertimos con preocupación la reciente reglamentación de la reforma laboral, en especial a los decretos reglamentarios mediante los cuales el Poder Ejecutivo pretende avanzar sobre derechos, instituciones y garantías que forman parte del sistema de relaciones laborales y de la libertad sindical en nuestro país".

Subrayó que "resulta inadmisible que el Gobierno pretenda implementar una normativa en la cual buena parte de sus disposiciones se encuentran cuestionadas judicialmente y sometidas a debate respecto de su constitucionalidad"; por lo que señaló: "Lejos de limitarse a instrumentar normas vigentes, el Poder Ejecutivo se arroga facultades que corresponden al Congreso de la Nación, vulnerando el principio de división de poderes que sustenta nuestro sistema democrático".

Advierten que el gobierno avanza sobre el Congreso

La CGT remarcó que "como si no fuera suficiente, bajo la apariencia de una reglamentación administrativa, se introduce de forma solapada una sobre reglamentación a la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551, incorporando disposiciones que alteran el espíritu y el alcance de la ley, modificando aspectos que sólo pueden ser definidos por el Poder Legislativo".

El comunicado de la central obrera, que conduce el triunvirato compuesto por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, planteó que "no es potestad del Ejecutivo, a través de ningún decreto, sustituir el debate parlamentario ni reformar por vía indirecta normas que garantizan derechos fundamentales de los trabajadores y que atentan directamente contra la libertad sindical".

Advirtió que "estas decisiones constituyen una inaceptable intromisión en la vida interna de las organizaciones gremiales y afectan principios esenciales reconocidos por nuestra Constitución Nacional y por los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo". Además, indicó que "la autonomía sindical, la libre organización y el derecho de los trabajadores a darse sus propias formas de representación no pueden quedar sujetas a la discrecionalidad del gobierno de turno".

Reclamos para que CGT elabore un plan de lucha

Si bien la CGT reafirmó su compromiso de resistencia institucional, adelantando que continuarán batallando en todas las instancias jurídicas y políticas posibles para resguardar las paritarias libres, la negociación colectiva y el pleno derecho a la organización obrera, dirigentes de peso insisten en la necesidad de elaborar un plan de lucha para los próximos meses.

Hace pocos días, el secretario General del gremio de los Gastronómicos, Luis Barrionuevo, avisó que "un paro de 36 horas con movilización" sería determinante para la continuidad del gobierno, al tiempo que graficó la crisis que están atravesando los trabajadores "con paritarias prácticamente congeladas". Omar Maturano, de La Fraternidad (conductores de trenes), hace rato que viene pidiendo "medidas de fuerza contundentes que hagan cambiar el rumbo a este gobierno".

Por su parte, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran Abel Furlán (metalúrgicos), Daniel Yofra (Aceiteros) y Rodolfo Aguiar (ATE) se presentaron como un espacio más combativo, reuniendo a unos 140 gremios de los cuales muchos son parte de la CGT (Viales, marítimos y portuarios, entre otros), que llegaron a proponer un cese de actividades por tiempo indeterminado.