Prometían ganancias fabulosas pero era todo una estafa: las 9 empresas investigadas por la Justicia
Una organización con sede en Buenos Aires que se dedicaba a cometer estafas financieras en todo el país a través de plataformas de inversión falsas fue desarticulada tras una investigación de la Justicia de Chubut, que estableció que prometían ganancias fabulosas pero luego se quedaban con el dinero de los ahorristas.
Una de las víctimas llegó a invertir más de $800 millones que pertenecían a una herencia y a ahorros personales.
El mecanismo guarda algunas similitudes con el utilizado por Generación Zoe -liderada por Leonardo Cositorto y actualmente en prisión- aunque en este caso no había un líder carismático para captar a la gente sino que la banda operaba de forma anónima y digital.
En la causa, que ya lleva alrededor de cuatro meses de investigación, se identificaron a unos cien damnificados de distintas provincias que perdieron miles de millones de pesos; hay cuatro detenidos y se realizaron una veintena de allanamientos en la ciudad de Buenos Aires.
El expediente está en manos del fiscal general Fernando Rivarola, de la Unidad Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital con sede en Rawson, quien sostuvo que "cuando el ofrecimiento supera los niveles de ganancia financiera actuales, hay que desconfiar" y advirtió a la población sobre estas falsas plataformas.
El anzuelo: capacitación y la trampa de la falsa rentabilidad
En el proceso se determinó que la organización había montado una academia de negocios fraudulenta que operaba como fachada para captar víctimas mediante falsas propuestas de capacitación.
Una vez que tomaban confianza con los asistentes a esas "capacitaciones", los convencían para que invirtieran su dinero y al principio obtenían algún tipo de ganancia.
Entonces, tentados por los dividendos positivos, los ahorristas realizaban otras inversiones aún más importantes y a esa altura de las maniobras, los estafadores ya no daban señales de vida.
La investigación descubrió la existencia de las plataformas y luego identificó a las empresas investigadas para que los ahorristas estén prevenidos:
- Grupo Financiero Big Ben
- Blobal TT
- Instrumental Norte
- Smile Tecnología
- Chicago Fin Group
- Pagos Universales
- Lynder G&S Solutions
- Novatrek
- XAEP
Según la hipótesis de la fiscalía, estas estructuras y otras aún bajo análisis habrían permitido la circulación de sumas multimillonarias de dinero provenientes de maniobras fraudulentas cometidas en distintas provincias. Así, se constituyó una red de alcance nacional con capacidad para captar fondos, transferirlos rápidamente entre múltiples operadores y dificultar su trazabilidad.
Un dato que sorprendió a los investigadores fue el uso de personas en situación de calle como supuestos titulares de las sociedades y cuentas bancarias.
"Nos encontramos con personas que no tienen ni WiFi y figuran como responsables de empresas", explicó el fiscal Rivarola.
Los pesquisas consideran que las medidas adoptadas hasta el momento han permitido avanzar significativamente sobre los niveles superiores de responsabilidad dentro de la organización investigada. Ahora, los esfuerzos se orientan hacia la identificación de quienes habrían tenido funciones de dirección, coordinación y control de las maniobras.
Según los investigadores, al momento de su creación, las firmas cumplían con muchos aspectos legales, incluso tenían número de CUIT, por lo que parecían creíbles. Sin embargo, se trataba de empresas "mulas" que tenían el objetivo de hacer ganancias millonarias mediante estas estafas.
Una víctima invirtió $857 millones
La causa se inició tras la denuncia de una mujer de Puerto Madryn, de clase media, que aseguró que invirtió el dinero ante la promesa de una ganancia muy rentable. En el primer período, aparentemente la recibió, pero al intentar retirar el capital, el dinero nunca le fue devuelto.
La banda ofrecía participar en supuestas inversiones en acciones de empresas y sociedades falsas, aunque con origen legal, para luego, a través de una aplicación apócrifa, simular una importante rentabilidad.
De esta manera, la mujer aseguró que perdió los ahorros de toda la vida y la herencia que le habían dejado sus padres: un total de $857 millones que derivó al Grupo Financiero Big Ben, una de las firmas investigadas.
Hasta el momento, en el marco de la causa se realizaron una veintena de allanamientos en Capital Federal y distintas localidades de la provincia de Buenos Aires que entre abril y fines de mayo permitieron el secuestro de u$s100.000, celulares, discos rígidos, criptoactivos, documentación en general, un vehículo y varias notebooks.
Dos hermanos y un contador, los líderes de la organización
Hasta la semana pasada se produjeron detenciones vinculadas a este expediente. Los primeros fueron dos hermanos y un contador, acusados de asociación ilícita y estafa. Por orden de la jueza María Alejandra Hernández se les dictó la prisión preventiva por tres meses y se declaró el caso como "complejo", lo que implica al menos un año y medio de investigación.
La defensa del contador no se opuso a la apertura de la investigación pero sí a la prisión preventiva. Sostuvo que el material tecnológico ya se encuentra en resguardo, que su asistido no registra antecedentes penales, es contador matriculado y tiene problemas de salud.
Además, planteó que la causa podría resolverse mediante una salida alternativa al proceso y propuso como medida cautelar la prisión domiciliaria aunque no le correspondería porque el acusado tiene 64 años.
La defensora pública que representa a los hermanos también se opuso a la prisión preventiva y argumentó que no existen peligros procesales que justifiquen la medida.
A estas tres detenciones, en los últimos días se sumaron dos más: a uno de los sospechosos también se le dictó la prisión preventiva y al otro se lo imputó pero luego se le concedió la libertad con prohibición de contacto con personas relacionadas a los hechos investigados.
Cuando se realizó la audiencia virtual para resolver la situación procesal de los involucrados, estuvieron presentes fiscales de distintas provincias que ya tienen víctimas acreditadas bajo la misma modalidad delictiva.
La coordinación entre jurisdicciones se encuadra en los lineamientos de la Convención de Budapest sobre ciberdelincuencia, marco internacional que regula la cooperación en la investigación de este tipo de delitos.
De hecho se encuentra en proceso de conformación un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), herramienta que permitirá fortalecer el intercambio de información, la coordinación operativa y el desarrollo de estrategias comunes para el abordaje integral del caso.