Adopciones ilegales: condenan a una jueza que vendía bebés a familias de alto poder adquisitivo
Una jueza de familia de Pilar fue condenada esta semana a tres años de prisión por el delito de cohecho agravado. Según la investigación judicial, habría montado un esquema de adopciones irregulares que habría funcionado durante años. De acuerdo con la acusación, Alejandra Velázquez habría buscado mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad para vincularlas con familias interesadas en adoptar por fuera de los canales legales establecidos.
Según los testimonios incorporados a la causa, el modus operandi era directo. La magistrada habría enviado trabajadores sociales a barrios humildes con una orden específica: "Vayan a buscar panzas". Así lo declararon dos asistentes que estuvieron en su despacho y que aseguraron haber escuchado la instrucción de primera mano.
De acuerdo con esas declaraciones, el objetivo habría sido encontrar jóvenes embarazadas dispuestas a entregar a sus bebés recién nacidos a cambio de dinero, para luego conectarlas con familias que pagaran por adoptar fuera de los canales legales establecidos.
Velázquez estuvo al frente del Juzgado de Familia N°1 de Pilar durante seis años. Según la investigación, durante ese período se habrían registrado distintas irregularidades en el funcionamiento del tribunal.
La Justicia la encontró culpable de "cohecho agravado por su calidad de funcionaria pública". Además de la pena de prisión, quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos durante seis años.
Cómo se descubrió el presunto esquema de adopciones irregulares
Aunque la condena se conoció esta semana, el caso se remonta a 2011. Pero el escándalo no salió a la luz por una denuncia directa sobre las presuntas adopciones irregulares.
Lo que destapó las irregularidades fue, curiosamente, la ausencia reiterada de Velázquez en su jornada laboral. La investigación que comenzó por ese motivo terminó revelando presuntas maniobras de mayor gravedad.
Fuentes judiciales señalaron que las testigos clave fueron asistentes sociales que trabajaban en el juzgado. Ellas relataron haber estado presentes cuando la jueza habría impartido la orden de ir a barrios vulnerables.
"Las testigos coincidieron en que la sospechosa afirmó que, seguramente, había familias dispuestas a pagar para poder adoptar a los recién nacidos", explicaron las fuentes consultadas.
Las otras irregularidades que habría cometido durante su gestión
Las presuntas maniobras vinculadas a las adopciones no fueron las únicas acusaciones que pesaron sobre Velázquez. La investigación reveló un patrón de supuestas violaciones a las normas judiciales.
Según el expediente, mientras viajaba al exterior, muchas veces sin autorización de la Corte, habría permitido que sus colaboradores firmaran expedientes en su nombre. En total, se detectaron más de 600 casos durante los años que estuvo en el cargo.
También se le imputaron presuntas irregularidades en el fechado de sentencias e interlocutorios, actos de parcialidad manifiesta y acoso laboral. El Colegio de Abogados de San Isidro detalló: "Entre los cargos se encuentran irregularidades en el procedimiento, intermediación de cesión directa por precio de personas por nacer e incumplimientos reiterados en materia de adopción".
En abril de 2017 fue suspendida. Meses después, en septiembre de ese año, el jurado de enjuiciamiento de magistrados de la provincia de Buenos Aires resolvió por unanimidad destituirla.
De Valencia a Tigre: la detención y el juicio
Después de su destitución, Velázquez se instaló en España. Pero la Justicia argentina no abandonó el caso.
En julio de 2024, fue detenida en Valencia por pedido del juez de Garantías N°6 de San Isidro, Nicolás Ceballos. La orden respondió a la imputación del fiscal José Amallo por los delitos de cohecho y falsedad ideológica.
Tras ser extraditada, permaneció en prisión domiciliaria en un domicilio de Tigre hasta que esta semana recibió la condena que, paradójicamente, le otorgó libertad condicional por el tiempo ya cumplido.
Según informó el diario El Resumen de Pilar, la exmagistrada no volverá a una unidad penitenciaria. Sin embargo, la condena quedó firme: tres años de prisión y seis de inhabilitación.
La configuración del delito se basó, según el fallo, en el ofrecimiento de dinero. Aunque las trabajadoras sociales no aceptaron la propuesta atribuida a la magistrada de "buscar panzas", el tribunal consideró acreditada esa conducta para dictar la condena por cohecho agravado.
El caso Velázquez volvió a poner el foco sobre los mecanismos de control y supervisión en los juzgados de familia y sobre la necesidad de garantizar transparencia en los procesos de adopción.