Se complica la situación del exfuncionario que tenía millones de dólares en efectivo y drogas en su casa
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Facundo Leal, el expresidente de Arsat y Orsna detenido tras encontrársele drogas y millones de dólares en su departamento, enfrenta un agravamiento dramático de su situación judicial.
La Justicia le dictó prisión preventiva por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, sin derecho a domiciliaria, y ahora la fiscalía solicitó también su detención por las presuntas maniobras de corrupción durante su paso por la empresa estatal de satélites.
Durante un allanamiento, en su departamento de Palermo encontraron u$s2,4 millones en efectivo y drogas: 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis y 15 cucharas.
Fue un día de idas y vueltas en el caso del exfuncionario.
Por la mañana, el juez Lino Mirabelli se declaró incompetente en la investigación sobre los estupefacientes. Sin haber resuelto la situación de Leal, envió la causa a Comodoro Py. La decisión apuntaba a que investigue la justicia federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, ya que las drogas habían sido encontradas en el departamento de Palermo del imputado.
La causa recayó en el juzgado que subroga Daniel Rafecas. Al encontrarse de licencia, quien firmó fue Julián Ercolini. El magistrado rechazó el expediente. La causa volvió entonces al juzgado de Mirabelli en San Isidro.
Una vez devuelta, el juez de San Isidro no dudó. Le dictó la prisión preventiva a Leal por la causa de estupefacientes.
La fiscalía pidió prisión preventiva también por la causa de corrupción en Arsat
Al mismo tiempo que se resolvía el trámite judicial sobre las drogas, llegó un nuevo pedido que complica aún más el panorama del expresidente de Arsat.
El fiscal federal de San Isidro y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, formularon un pedido conjunto. Solicitaron al juez que dicte también la prisión preventiva por la causa que investiga a Leal por corrupción durante su gestión en la empresa estatal de satélites.
Los fiscales Domínguez y Rodríguez insistieron en que existen elementos suficientes para avanzar. Pidieron la convocatoria a declaración indagatoria de una decena de personas físicas y jurídicas.
Entre los citados figuran exfuncionarios de Arsat, directivos de la firma Argentina Logistic Services S.A. (ALS) y la propia empresa.
Quiénes son los 10 imputados que citaron a indagatoria junto con Leal
La lista de personas físicas que deberán presentarse ante la Justicia incluye nombres de distintos niveles jerárquicos dentro de Arsat y de la empresa privada investigada.
- Gerardo Boschin: expresidente de Trenes Argentinos y exgerente de compras de Arsat
- Pablo Pagani: funcionario de Arsat
- Juan Navarro: funcionario de Arsat
- Juan Antonio Álvarez: funcionario de Arsat
- Fernando Diego Paredes: vinculado a ALS
- Diego Maximiliano Padilla: vinculado a ALS
- Gastón Walter Padilla: vinculado a ALS
- Sofía Varela Vizgarra: vinculada a ALS
- Santiago Pando: investigado por ser intermediario en el negocio entre la empresa pública y el depósito
La empresa Argentina Logistic Services S.A. también fue incluida como persona jurídica imputada.
Por qué la fiscalía considera que Leal puede fugarse o entorpecer la investigación
El Ministerio Público fundamentó su pedido de prisión preventiva en elementos concretos. Argumentó que existen indicadores tanto de peligro de fuga como de riesgo de entorpecimiento de la investigación.
Según los fiscales, el extitular de Arsat cuenta con recursos económicos líquidos. También tiene capacidad operativa para evadir controles mediante herramientas técnicas.
Su desempeño previo y actual en organismos estatales considerados sensibles le habría otorgado una estructura y conocimientos que podrían ser utilizados para interferir en la recolección de pruebas, tal como sospechan que intentaron hacer su hija y su novia al ingresar a su domicilio 90 minutos antes de que la policía arribara al lugar, cuando Leal ya estaba incomunicado.
Las cámaras de seguridad las captaron retirando valijas de la casa. La fiscalía sospecha que se llevaron elementos de interés para la causa.
La presentación fiscal también menciona la disponibilidad de medios suficientes para sustraerse de la acción de la Justicia. Hace referencia específica a la utilización de canales de movilidad no ordinarios. Entre ellos, un avión privado.
Qué delitos investigan en la causa de corrupción
El expediente que tramita en San Isidro apunta a irregularidades graves durante la gestión de Leal al frente de Arsat.
Se investigan posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. También incumplimiento de los deberes de funcionario público.
A eso se suman cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Los delitos involucran presuntas maniobras con fondos públicos y contrataciones irregulares.
Ambas causas —la de estupefacientes y la de corrupción— seguirán a cargo del juez Mirabelli. El magistrado finalmente resolvió citar a indagatoria a Leal y a otros 10 involucrados por los delitos de fraude a la administración pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Qué medidas cautelares dispuso el juez para avanzar en la investigación
El magistrado dispuso una batería de medidas cautelares y probatorias para profundizar la pesquisa. Las restricciones apuntan a impedir que los imputados puedan disponer libremente de sus bienes o salir del país.
Entre las medidas principales figuran la prohibición de salida del país para todos los imputados. También el embargo y la inhibición general de bienes.
El juez ordenó además el levantamiento del secreto fiscal y bancario. Requirió información al Banco Central de la República Argentina y a la Oficina Anticorrupción. El objetivo es analizar las declaraciones juradas de los acusados y detectar posibles inconsistencias patrimoniales.
En paralelo, otra investigación fue abierta para analizar presuntas irregularidades cometidas durante la gestión de Leal al frente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna).
En ese expediente, a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, la fiscalía de Ramiro González ya pidió las primeras medidas de prueba. Entre ellas figuran informes patrimoniales y el requerimiento de los legajos correspondientes a las obras adjudicadas durante su administración. El cerco judicial sobre el exfuncionario se multiplica en tres frentes simultáneos.