Conflicto con la paritaria estatal: un gremio aceptó y otro rechazó la propuesta

La negociación salarial de los trabajadores de la Administración Pública Nacional sumó un nuevo capítulo de tensión interna tras la última reunión paritaria convocada por el Ejecutivo. El Gobierno nacional oficializó una propuesta de recomposición de haberes con un esquema de actualización trimestral que generó posturas visiblemente opuestas entre las dos organizaciones sindicales con mayor representatividad en el ámbito estatal, reavivando una grieta que se profundiza con cada discusión de ingresos.

El acuerdo, homologado de manera formal por la Secretaría de Trabajo, logró luz verde gracias al aval de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Su firma resultó suficiente para destrabar el trámite administrativo y aplicar el esquema generalizado de incrementos a todo el universo de empleados encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo General, a pesar de la resistencia de la otra contraparte de la mesa.

En la vereda opuesta, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se plantó firmemente en contra de las condiciones propuestas por las autoridades de Economía y Trabajo. Los representantes gremiales del sindicato conducido por Rodolfo Aguiar no solo rechazaron de forma unánime el porcentaje ofrecido por considerarlo una pérdida encubierta frente a los niveles del índice de precios, sino que además adelantaron que convocarán a asambleas sectoriales urgentes para evaluar planes de lucha.

Aumento y bono para estatales: de cuánto es y cómo se paga

El programa de actualización salarial pactado entre la comitiva gubernamental y UPCN contempla un ajuste escalonado y acumulativo que llega al 6,64% para el trimestre comprendido entre los meses de junio y agosto de 2026. Los tramos liquidados se distribuirán de la siguiente manera: un 2,4% retroactivo a partir del 1° de junio, un 2,2% adicional desde el 1° de julio y el 1,9% restante para completar el esquema a partir del 1° de agosto.

Junto a los incrementos porcentuales en los haberes mensuales, las autoridades incluyeron el pago extraordinario de una suma fija remunerativa por única vez de $50.000, la cual se hará efectiva en el mes de agosto.

Los motivos de ATE para rechazar el acuerdo salarial

La cúpula de ATE fundamentó su negativa exponiendo que los salarios públicos acumulan un retroceso cercano al 40% en términos reales desde el inicio de la actual gestión presidencial. Según los análisis internos presentados por la organización sindical, el 6,6% pactado para el trimestre queda considerablemente por debajo de los pronósticos de inflación proyectados para esos mismos noventa días, acelerando lo que definieron como un "empobrecimiento planificado".

Rodolfo Aguiar fue categórico al declarar que la oferta aleja las posibilidades de un entendimiento mutuo e incrementa los niveles de conflictividad en las dependencias públicas. Desde el gremio insisten en la necesidad de incorporar cláusulas de actualización automática o sumas fijas de mayor impacto, bajo el argumento de que el salario mínimo de un empleado del Estado nacional debería ubicarse por encima de los $2.200.000 para garantizar la cobertura de la canasta familiar básica.