La IGJ elimina el papeleo: todas las trabas burocráticas que dejarán de enfrentar las empresas

Durante años, presentar un balance ante la Inspección General de Justicia (IGJ) implicó para miles de empresas, fundaciones y asociaciones civiles atravesar un verdadero laberinto burocrático. Soportes magnéticos, declaraciones juradas impresas por duplicado, certificaciones notariales, firmas ológrafas, legalizaciones profesionales y largas gestiones presenciales conformaban un procedimiento que sobrevivía prácticamente sin cambios desde hacía décadas.

Ese esquema acaba de modificarse de manera profunda.

Mediante la Resolución General 9/2026, publicada en el Boletín Oficial, la IGJ puso en marcha una reforma integral de su régimen de presentación de estados contables que elimina buena parte de esas exigencias y traslada prácticamente todo el procedimiento al entorno digital.

La medida fue presentada por el Ministerio de Justicia como uno de los procesos de simplificación administrativa más importantes de los últimos años y alcanza tanto a sociedades comerciales como a asociaciones civiles y fundaciones.

El fin de una burocracia histórica

Durante décadas, cada presentación ante la IGJ suponía una importante carga administrativa.

Las empresas debían generar soportes magnéticos específicos, imprimir formularios, certificar firmas ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, legalizar documentación, presentar copias por separado e incluso reiterar una y otra vez datos personales de sus autoridades.

La nueva resolución elimina gran parte de ese esquema y apuesta por un modelo completamente digital.

Según explicó el Ministerio de Justicia, desaparecen los trámites presenciales, los requisitos en papel y numerosas exigencias duplicadas que habían permanecido inalteradas durante años.

Qué trámites ya no serán necesarios

Entre las principales novedades de la Resolución General 9/2026 figuran:

• eliminación del soporte magnético para presentar balances;
• eliminación de las declaraciones juradas impresas;
• desaparición de la obligación de presentar firmas ológrafas legalizadas;
• fin de las copias físicas firmadas por separado;
• eliminación del soporte óptico para inventarios;
• supresión de la obligación de reiterar los datos personales completos de autoridades sociales en cada presentación.

La documentación podrá presentarse mediante sistemas digitales utilizando firmas electrónicas, reduciendo significativamente tiempos y costos administrativos.

Menos carga para empresas, estudios contables y abogados

Uno de los sectores que más sentirá el impacto será el de los profesionales que diariamente tramitan documentación societaria.

La resolución elimina procedimientos que implicaban costos de certificación, impresión y legalización, además de reducir la cantidad de documentación requerida para cada expediente.

También desaparece el software específico que exigía la propia IGJ para cargar la información.

En adelante, el sistema será interoperable con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, permitiendo una gestión mucho más flexible y adaptada a los estándares contables actuales.

Alivio para clubes de barrio y asociaciones civiles

La reforma no se limita a las sociedades comerciales.

Las asociaciones civiles pequeñas podrán presentar un cuadro simplificado de recursos y gastos en lugar de elaborar estados contables completos.

El cambio alcanza especialmente a clubes de barrio, centros de jubilados, bibliotecas populares, comedores comunitarios y otras organizaciones que hasta ahora debían afrontar obligaciones administrativas pensadas para estructuras mucho más complejas.

Además, la nueva normativa reorganiza las categorías de asociaciones civiles mediante un criterio objetivo basado en sus ingresos anuales, simplificando el régimen aplicable a cada una.

Las fundaciones también verán simplificados sus trámites.

Hasta ahora debían realizar distintas presentaciones en etapas sucesivas.

Con la nueva regulación, buena parte de esa documentación se concentra en un único acto posterior a la aprobación del Consejo de Administración, eliminando procedimientos independientes y reduciendo tiempos administrativos.

Modernización contable

La resolución introduce además cambios técnicos relevantes para la confección de los estados contables.

Entre ellos sobresalen:

• la derogación de la denominada "Memoria ampliada";
• la posibilidad de utilizar Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF);
• la actualización del Estado de Origen y Aplicación de Fondos por el Estado de Flujos de Efectivo;
• la eliminación de referencias a normas técnicas ya derogadas.

El objetivo es adecuar las presentaciones a estándares contables modernos y eliminar obligaciones que habían perdido utilidad práctica.

Los nuevos plazos

La reforma también modifica los tiempos para cumplir con las presentaciones.

Las sociedades comprendidas y no comprendidas en el artículo 299 de la Ley General de Sociedades deberán presentar sus estados contables dentro de los 15 días posteriores a la asamblea que los apruebe.

Las asociaciones civiles de menor categoría dejan de confeccionar legajos preasamblearios y presentan la documentación una vez celebrada la asamblea, mientras que las fundaciones también concentran sus obligaciones en una única presentación anual.

Además, la resolución incorpora el uso de la Clave Fiscal de ARCA con efectos de firma electrónica, profundizando la digitalización de todos los procedimientos.

La filosofía detrás de la reforma

En los fundamentos de la norma, la propia IGJ sostiene que el objetivo no es reducir controles sino eliminar cargas administrativas que dejaron de cumplir una función útil.

El organismo considera que exigir documentación presencial cuando su contenido puede verificarse digitalmente implica imponer costos injustificados a quienes deben cumplir con las obligaciones registrales.

La resolución redefine además el rol del organismo al sostener que los registros públicos deben funcionar como herramientas ágiles destinadas a brindar publicidad y seguridad jurídica, en lugar de transformarse en filtros burocráticos previos para la actividad económica.

Federico Sturzenegger celebró la desregulación

Uno de los principales impulsores políticos de la medida fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien dedicó un extenso mensaje en la red social X para enumerar una por una las veinte modificaciones introducidas por la resolución.

Con su ya habitual consigna de "¡Afuera!", celebró la eliminación de requisitos que calificó como innecesarios, entre ellos el soporte magnético, las legalizaciones, las copias físicas, las firmas ológrafas y la reiteración permanente de datos personales.

Al finalizar su publicación destacó el trabajo realizado por el Ministerio de Justicia y las autoridades de la IGJ, al considerar que la reforma constituye uno de los cambios estructurales más importantes en materia de simplificación administrativa de los últimos años.

Con la entrada en vigencia de la Resolución General 9/2026, la IGJ busca cerrar definitivamente una etapa caracterizada por el exceso de formalidades y avanzar hacia un sistema registral plenamente digital, con menos costos para empresas y organizaciones y procedimientos más ágiles para quienes deben cumplir con sus obligaciones societarias.