Nación y Ciudad avanzan con el traspaso de nuevas competencias penales a la Justicia porteña
La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires dio un paso clave en su proceso de autonomía. Este viernes, los ministros de Justicia de la Nación y de la Ciudad firmaron dos convenios que transfieren competencias penales desde el sistema judicial nacional hacia el porteño.
El acuerdo abarca tanto delitos de adultos como causas vinculadas a menores de edad. Lo suscribieron Juan Bautista Mahiques, por el gobierno nacional, y Gabino Tapia, por la Ciudad.
Se trata del cuarto convenio de transferencia progresiva de competencias penales. Además, se firmó un segundo entendimiento específico sobre la transferencia en materia criminal y correccional de menores.
La iniciativa responde al esquema de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, previsto en la Constitución Nacional reformada en 1994 y en la Constitución porteña. Es un debate de larga data que implica no solo reasignar funciones judiciales, sino también discutir recursos, estructuras y administración del sistema.
Cómo funciona el proceso de transferencia: etapas y plazos
Los convenios firmados hoy forman parte de un esquema gradual de transferencia que ya tuvo antecedentes en otras áreas del Estado. En materia judicial, el avance necesita varias instancias institucionales.
Primero, requiere la aprobación del Congreso de la Nación y de la Legislatura porteña. Después, precisa acuerdos específicos con los distintos actores del Poder Judicial involucrados.
Uno de los puntos centrales es la definición del financiamiento. La implementación efectiva del traspaso depende de la asignación de recursos, un aspecto que históricamente generó negociaciones complejas entre ambas jurisdicciones.
Una vez acordados los fondos, se establece un plazo de 120 días para la puesta en marcha de las nuevas competencias.
El antecedente más reciente es el traspaso progresivo del fuero laboral, firmado en febrero. Ese caso todavía está en trámite legislativo y judicial. También prevé una etapa posterior de negociación presupuestaria antes de su implementación efectiva.
Desde fuentes del ámbito judicial señalan que el objetivo general de estas reformas es agilizar los procesos, que actualmente pueden extenderse entre tres y cinco años, con la intención de reducirlos a plazos cercanos al año o incluso menos en determinados casos.
El traspaso de la Policía Federal y el conflicto por los recursos
El proceso de transferencia de competencias no es nuevo. Uno de los antecedentes más relevantes ocurrió en 2017.
Ese año se concretó la transferencia de la Policía Federal con funciones en la Ciudad. Cerca de 25.000 efectivos, junto con comisarías y recursos materiales, pasaron a formar parte de la Policía de la Ciudad bajo administración porteña.
El proceso se dio durante la gestión de Mauricio Macri como presidente y Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gobierno. Fue parte de un entendimiento político que permitió avanzar con la reorganización de las fuerzas de seguridad en el distrito.
Sin embargo, años después se abrió una discusión por los recursos asociados al traspaso. En 2020, un decreto del gobierno nacional modificó los puntos de coparticipación destinados a la Ciudad para financiar la transferencia policial.
Esto derivó en un conflicto judicial que llegó a la Corte Suprema, que ordenó la restitución parcial de esos fondos. El debate por el financiamiento total continúa abierto.
Qué delitos pasarán a manos de la Justicia porteña
El nuevo esquema de transferencia incluye un conjunto de delitos del fuero penal que pasarían a ser investigados y juzgados por la Justicia de la Ciudad.
La lista abarca varios tipos de ilícitos:
- Delitos contra el honor, como calumnias e injurias
- Delitos contra la integridad sexual, incluyendo abusos, corrupción de menores, promoción o facilitación de la prostitución, explotación y rapto
- Delitos contra la libertad, como amenazas, secuestros, reducción a la servidumbre y sustracción de menores
- Delitos vinculados a la seguridad del tránsito y de los medios de transporte
- Infracciones a la ley de propiedad intelectual
- Delitos relacionados con el ejercicio ilegal de la medicina veterinaria y la protección de la fauna silvestre
En el caso de menores de edad, el acuerdo prevé la transferencia de la competencia sobre la totalidad de los delitos no federales en los que estén involucrados adolescentes de entre 14 y 18 años.
También incluye situaciones en las que intervengan menores de 14 años, para quienes se contempla un abordaje de carácter tutelar.
La posición oficial: "Es lo que nos corresponde"
Tras la firma del convenio, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, destacó el avance del proceso de transferencia y su vínculo con la autonomía de la Ciudad.
"Trabajamos desde el primer día de gestión en cumplir la Constitución. Se le están transfiriendo a la Ciudad las competencias judiciales que le corresponden y que, 30 años después de nuestra autonomía, seguía administrando la Nación", sostuvo el funcionario.
Tapia agregó: "Con este nuevo convenio podremos seguir consolidando políticas públicas para recuperar el orden y la seguridad, una justicia eficiente y cercana para los porteños. Es lo que nos corresponde y es el mandato de nuestro Jefe de Gobierno, Jorge Macri".
Qué falta para que el traspaso sea efectivo
Más allá del avance formal de los convenios, la implementación efectiva del traspaso dependerá de la aprobación legislativa y de los acuerdos financieros entre Nación y Ciudad.
Uno de los puntos clave será la definición de los recursos necesarios para sostener las nuevas competencias judiciales. En experiencias anteriores, estos procesos mostraron demoras tanto en la discusión parlamentaria como en la instrumentación presupuestaria.
Esto introduce un calendario abierto para su aplicación plena. Los plazos formales arrancan una vez cerrado el acuerdo financiero.
Con estos nuevos acuerdos, ambas jurisdicciones retoman un proceso de transferencia institucional que busca redefinir parte del funcionamiento del sistema judicial en la Ciudad de Buenos Aires, en línea con la autonomía establecida en la Constitución.