Paro docente, qué provincias no tendrán clases el lunes 3 de agosto
El retorno a las aulas tras el receso por las vacaciones de invierno de mitad de año enfrentará un panorama sumamente complejo en buena parte del territorio nacional debido a un reclamo coordinado desde los gremios de la educación. El paro docente afectará directamente el reinicio de las actividades lectivas en aquellas jurisdicciones que tenían estipulado volver a los establecimientos escolares inmediatamente después del receso estival, paralizando el dictado regular en el sector de gestión estatal.
La resolución fue ratificada de manera unánime durante el congreso ordinario de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina y alcanzará a los niveles inicial, primario y secundario. A su vez, la jornada coincidirá con un esquema de movilizaciones en puntos neurálgicos coordinado por la Asociación Trabajadores del Estado, a lo que se sumarán otras entidades sindicales alineadas a la central obrera con visibilizaciones alternativas, como dictado de clases en espacios públicos y distribución de material informativo.
Las jurisdicciones donde no habrá actividad escolar
El alcance territorial del cese de tareas repercutirá con mayor dureza en los distritos que iniciaban la segunda mitad del calendario lectivo. Entre las regiones más afectadas se encuentran el Área Metropolitana de Buenos Aires, abarcando tanto a la Provincia de Buenos Aires como a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto a las provincias de Chaco y Santiago del Estero, donde la actividad dentro de las instituciones públicas quedará reducida a su mínima expresión.
En suelo bonaerense, las organizaciones sindicales nucleadas en el Frente de Unidad Docente Bonaerense -entre las que se encuentran SUTEBA, FEB, UDOCBA, SADOP y AMET- ratificaron su adhesión total al reclamo. Por parte de los colegios de gestión privada, el dictado de las asignaturas dependerá de la postura individual de cada plantel de profesores y del gremio que los represente, por lo que las familias deberán reconfirmar el esquema de funcionamiento con las autoridades de cada colegio.
En tanto, otros gremios docentes pero que responden a la CGT anunciaron un plan de protesta pero con clases públicas y movilizaciones hacia el Ministerio de Capital Humano o la Secretaría de Educación.
Los reclamos salariales y presupuestarios del sector
El eje central del conflicto se concentra en la falta de llamado por parte del Poder Ejecutivo para reabrir la Paritaria Nacional Docente, mesa de diálogo clave en la que se estipulan los pisos salariales obligatorios para el cuerpo docente de todo el país. La conducción de la central de trabajadores enfatizó que la falta de actualización provocó una marcada pérdida del poder de compra en los sueldos frente a la dinámica inflacionaria.
Junto al reclamo remunerativo, el pliego exige de forma prioritaria la restitución inmediata de los recursos correspondientes al Fondo Nacional de Incentivo Docente, como así también de las partidas destinadas a infraestructura edilicia, becas estudiantiles, servicios de comedores y conectividad.
La respuesta del Gobierno ante el paro docente
Frente a la inminencia de la protesta, la respuesta de la administración central no se hizo esperar a través del Ministerio de Capital Humano. Desde las dependencias de Educación y Trabajo recordaron que la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral considera a la enseñanza como un servicio de carácter esencial. Bajo este paraguas normativo, el Poder Ejecutivo intimó a los gremios convocantes a asegurar una presencia mínima del 75% del personal para garantizar la operatividad habitual en los colegios.
Desde el entorno oficial advirtieron que la falta de acatamiento a los porcentajes mínimos requeridos derivará en la aplicación de las sanciones legales previstas por el marco regulatorio. No obstante, el escenario legal suma tensión debido a que la declaración de esencialidad atraviesa una disputa en los tribunales del trabajo, lo que llevó a diferentes agrupaciones docentes de la central obrera a optar por esquemas alternativos de reclamo para resguardar a sus afiliados de eventuales penalizaciones.