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El juez de la causa Vialidad habló sobre Cristina Kirchner y fue contundente sobre su situación judicial

Jorge Gorini defendió el juicio por Vialidad, rechazó que Cristina esté técnicamente proscripta y explicó qué podría modificar su situación judicial
10/08/2026 - 12:39hs
El juez de la causa Vialidad habló sobre Cristina Kirchner y fue contundente sobre su situación judicial

La condena de Cristina Kirchner fue uno de los principales temas abordados por Jorge Gorini en una entrevista con Clarín. El magistrado, que integró el tribunal que llevó adelante el juicio por la causa Vialidad, fue consultado sobre las consecuencias jurídicas que enfrenta la expresidenta.

Uno de los puntos planteados durante la conversación fue si la exmandataria se encuentra actualmente proscripta. Gorini rechazó esa caracterización desde el punto de vista técnico y explicó que la situación que atraviesa deriva directamente de la sentencia.

"No está técnicamente proscripta", afirmó el juez. Y agregó: "Está sufriendo las consecuencias derivadas por la comisión de un delito comprobado y previsto por la ley".

El magistrado también rechazó la acusación de "machismo estructural" que Cristina Kirchner había formulado contra los integrantes del tribunal. Según explicó, la composición de los condenados permite descartar que el género haya sido determinante en la decisión.

"Los múltiples condenados en esta causa son todos hombres. Cuando se dice que la condición de mujer hubiera sido algún factor que incidió en la decisión, es absolutamente falso, no es correcto".

Qué respondió el juez de la causa Vialidad sobre el reclamo internacional

Otro de los aspectos analizados fue el planteo de Cristina Kirchner ante organismos internacionales por la condena recibida.

En particular, Gorini se refirió a la inhabilitación especial perpetua y sostuvo que se trata de una sanción contemplada expresamente por la legislación vigente.

"Si lo que se está pretendiendo es, a través de este recurso, modificar la inhabilitación especial perpetua que se dictó, te aclaro que esta inhabilitación está prevista por la ley, no es capricho de los jueces".

A partir de ese punto, el magistrado planteó que cualquier cuestionamiento sobre la validez constitucional de esa pena debería haber sido presentado durante las distintas etapas del proceso judicial argentino.

"Entiendo que cualquier planteo que cuestione la constitucionalidad o no de una inhabilitación especial perpetua, prevista en la ley, tuvo que haber sido planteada dentro del expediente y ante los tribunales superiores, pero no hubo de parte de ninguna de las defensas, ni de Cristina Fernández de Kirchner, cuestionamientos a la constitucionalidad de la inhabilitación especial perpetua prevista por la ley".

Para Gorini, ese antecedente resulta relevante frente a la posibilidad de recurrir a organismos internacionales.

"De modo tal que, acudir a un tribunal internacional o a una instancia internacional requiere siempre como presupuesto común haber agotado los procedimientos de derecho interno y acá nunca se planteó".

La alternativa que mencionó para cambiar el escenario legal

Durante la entrevista también se analizó qué tendría que suceder para modificar las consecuencias jurídicas de la condena.

Gorini señaló que el camino implicaría primero una modificación de la legislación penal por parte del Congreso y posteriormente una revisión judicial de la sentencia.

"Que la única solución viable que hay dentro del esquema jurídico es que el Congreso sancione una ley que derogue la actual, que suprima la inhabilitación especial perpetua, que implicaría reformar el Código Penal, y en función de esto, introducir un recurso de revisión en los tribunales argentinos para que se revise la sentencia en función de la ley penal más benigna. Pero esto no ocurrió".

De esta manera, el juez planteó que no existe actualmente una vía dentro del esquema jurídico vigente que permita simplemente eliminar la sanción aplicada en la causa.

Las críticas al desarrollo de la causa Vialidad

Gorini también defendió la manera en que se llevó adelante el juicio y cuestionó los cuestionamientos formulados por personas que, según sostuvo, no estuvieron presentes durante las audiencias.

El magistrado apuntó particularmente contra quienes ponen en duda el respeto por las garantías constitucionales sin haber seguido directamente el proceso.

"No son personas que hayan presenciado el debate. No vi a nadie presenciando una sola audiencia de juicio. Probablemente, tampoco hayan leído el expediente. Así que relativizo ese tipo de opiniones porque no proviene de nadie que haya estado presente".

En su evaluación, el expediente atravesó las distintas instancias previstas por la normativa y permitió que las partes ejercieran sus derechos durante el proceso.

Por qué considera que Vialidad marcó un antes y un después

Más allá de la situación particular de Cristina Kirchner, Gorini consideró que el expediente tuvo una relevancia mayor para el funcionamiento de la Justicia argentina.

El magistrado calificó al proceso como un "punto de inflexión importante" dentro de una estrategia institucional orientada a avanzar contra hechos de corrupción.

Al explicar su posición, destacó el desarrollo completo del juicio y la posibilidad de revisión de las decisiones adoptadas.

"Lo considero un éxito del Poder Judicial, primero haber realizado el juicio, haberlo concluido, finalmente que se hayan preservado la totalidad de las garantías y que se haya asegurado todas las instancias de revisión previstas por la ley argentina".

Gorini también recordó que la causa Vialidad se suma a otros expedientes de gran repercusión en los que participó a lo largo de su carrera.

Entre los antecedentes mencionó "la tragedia ferroviaria de Once, el encubrimiento del atentado a AMIA, la tragedia de LAPA, varios juicios de lesa humanidad, centros clandestinos de detención como Vesubio, Atlético, Banco, Olimpo. Recientemente culminé el debate de la causa Skanska".

Qué piensa sobre las penas por fraude contra el Estado

El juez fue consultado, además, sobre la escala penal prevista para este tipo de delitos y si una condena máxima de seis años de prisión resulta suficiente frente a la gravedad de un fraude contra el Estado.

Gorini admitió que existe una diferencia entre la pena contemplada por la legislación y las expectativas que puede generar un delito de estas características.

"Verdaderamente, suena insuficiente en términos de correspondencia de delito y reproche, una pena que no satisface plenamente esas expectativas de justicia".

Las situaciones que denunció durante la causa

En otro tramo de la entrevista, Gorini relató episodios que, según sostuvo, estuvieron vinculados con su participación en el expediente.

El magistrado aseguró que detectó 12 intentos de ingreso ilegítimo a su información biométrica del RENAPER. También contó que una unidad básica de La Cámpora fue instalada cerca de su vivienda.

Según su relato, desde ese lugar se registraban sus movimientos y los de sus familiares. "Me veían entrar, salir, sacaban fotos con su celular de mi familia, de mi vehículo, en donde los horarios y el movimiento de la familia".

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