Una estación de servicio acusó de robo a un empleado, lo echó sin pruebas y ahora le deberá pagar $18 millones
Un extrabajador de una playa de estación de servicio tucumana recibirá más de $18 millones de indemnización y un pedido formal de disculpas. La Justicia laboral determinó que fue despedido en 2021 bajo acusaciones falsas que la empresa nunca pudo probar.
La compañía intentó justificar la desvinculación con una acusación grave: el empleado habría utilizado información de tarjetas de crédito de clientes para hacer compras por internet. Pero cuando llegó el momento de demostrarlo ante el juez, no presentó ninguna evidencia.
El fallo lo dictó Carlos Alberto Frascarolo, del Fuero Laboral del Centro Judicial Capital de Tucumán. El magistrado fue contundente: la empresa no logró acreditar los hechos que invocó para despedir al trabajador, y la acusación carecía de sustento legal.
Durante el proceso judicial, el tribunal advirtió irregularidades desde el inicio. La notificación de despido era incompleta y genérica.
No incluía fechas de los supuestos delitos. Tampoco mencionaba montos involucrados ni sitios web donde se habrían realizado las compras fraudulentas.
Faltaban datos sobre clientes afectados y bancos que hubieran denunciado movimientos sospechosos. Todo era vago y sin respaldo.
Qué pruebas pidió la Justicia y por qué la empresa no las presentó
A lo largo del juicio, la estación de servicio tampoco aportó elementos técnicos que respaldaran su versión. No presentó registros de las terminales de cobro que supuestamente había usado el empleado.
Las grabaciones de las cámaras de seguridad, que podrían haber mostrado algún comportamiento irregular, nunca aparecieron. Los informes bancarios que vincularan al trabajador con operaciones sospechosas brillaron por su ausencia.
Ante ese vacío probatorio, el juez concluyó que la falsa imputación fue utilizada como excusa para evitar el pago de la indemnización que correspondía por ley.
El fallo no solo ordenó el pago de la indemnización. También anuló un acuerdo previo que la empresa había intentado imponer.
Por qué el daño moral fue clave en esta sentencia millonaria
Uno de los puntos más relevantes de la sentencia fue el reconocimiento del daño moral. El magistrado sostuvo que acusar a un trabajador de un delito sin pruebas afecta directamente su honor y dignidad.
También impacta en su reputación profesional. Esa marca puede dificultarle el acceso a nuevos empleos en el futuro.
Para fundamentar la protección, el fallo citó garantías constitucionales y normas internacionales. También mencionó principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre derechos laborales básicos.
La sentencia consideró que la falsa acusación causó un daño que va más allá de lo económico. Por eso ordenó una reparación integral.
Qué debe hacer ahora la estación de servicio además de pagar
Como parte de la reparación, la empresa deberá enviar una carta documento institucional de disculpas al trabajador. El plazo es de diez días hábiles desde la notificación del fallo.
Si no cumple con ese requisito, el tribunal advirtió que podrá aplicar sanciones económicas adicionales por desacato. La medida no es negociable.
Esta exigencia de disculpas formales es poco frecuente en sentencias laborales argentinas. Apunta a restaurar la reputación del empleado y obliga a la empresa a reconocer públicamente que las acusaciones no pudieron ser acreditadas.
El monto total de $18 millones incluye la indemnización por despido injustificado, el daño moral reconocido y otros rubros laborales que la empresa adeudaba.
El caso sienta un precedente sobre la responsabilidad de los empleadores al momento de justificar un despido. La Justicia dejó en claro que no basta con hacer acusaciones graves: hay que probarlas con evidencia concreta y verificable.