¿Puede un divorcio obligarlo a vender parte de su empresa?

Para muchos empresarios, la mayor parte de su patrimonio no está depositada en una cuenta bancaria ni distribuida entre inmuebles fácilmente realizables. Está concentrada dentro de la empresa.

Esa circunstancia puede pasar inadvertida durante años. La compañía funciona, genera ingresos, reinvierte utilidades y aumenta su valor. Pero cuando llega un divorcio, aparece una dificultad que no existe en una liquidación patrimonial tradicional: puede haber mucho patrimonio y muy poca liquidez para dividirlo.

La primera aclaración es importante: divorciarse no significa automáticamente que el otro cónyuge se convierta en socio de la empresa. La participación societaria tiene reglas propias y la sociedad es una persona jurídica distinta de sus socios. La jurisprudencia incluso ha advertido que las medidas adoptadas dentro de un conflicto matrimonial no deberían afectar innecesariamente el funcionamiento de la compañía ni los derechos de otros accionistas.

Pero esto no significa que el valor económico de las participaciones quede necesariamente fuera de la liquidación de la comunidad. El Código Civil y Comercial establece que, al extinguirse el régimen de comunidad, la masa ganancial debe dividirse por partes iguales. Y ahí comienza el verdadero problema empresario.

Imaginemos que una persona construyó durante años una compañía y que su participación societaria representa la mayor parte de su patrimonio. Puede poseer una empresa valuada en millones y, sin embargo, no disponer personalmente de una suma significativa en efectivo. Puede ser patrimonialmente rico y financieramente ilíquido.

Si en la liquidación matrimonial debe reconocer al otro cónyuge un derecho económico importante, la pregunta deja de ser solamente jurídica. ¿Cómo se paga?

• Puede vender una parte de sus acciones.
• Puede buscar un inversor.
• Puede endeudarse personalmente.
• Puede adjudicar otros bienes.
• Puede acordar un pago escalonado.
• Puede estructurar garantías.
• O puede intentar obtener fondos de la propia compañía.

Esta última alternativa requiere especial cuidado: el patrimonio del socio y el patrimonio de la empresa son jurídicamente distintos. La compañía no debería ser tratada como una caja disponible para resolver una obligación personal de uno de sus accionistas.

Forzar dividendos que deberían reinvertirse, retirar fondos sin una causa societaria legítima, endeudar a la empresa o vender activos necesarios para la operación puede solucionar un problema personal y crear simultáneamente un problema empresarial.

Por qué un divorcio puede poner en riesgo la continuidad de una empresa

El divorcio termina entonces afectando a proveedores, empleados, socios minoritarios, acreedores e incluso a la capacidad de la compañía para continuar compitiendo. Por eso, antes de discutir cómo se pagará cualquier diferencia, aparece una cuestión todavía más delicada: ¿cuánto vale realmente la empresa?

En una sociedad cerrada, la respuesta rara vez surge simplemente del patrimonio neto que aparece en el balance. Una compañía puede tener pocos activos físicos y un enorme valor económico por sus contratos, marcas, tecnología, cartera de clientes o capacidad de generar caja.

También puede ocurrir lo contrario: puede mostrar un patrimonio contable importante y, sin embargo, tener un valor económico menor por su endeudamiento, litigios, dependencia de determinados clientes o deterioro del negocio.

Valuar correctamente una participación puede requerir analizar resultados históricos, generación de fondos, deuda financiera, contingencias laborales y fiscales, concentración comercial, perspectivas futuras y riesgos específicos. 

También debe considerarse algo especialmente relevante en empresas familiares o conducidas por su fundador: cuánto del valor depende de una persona concreta.

No vale necesariamente lo mismo una empresa que funciona mediante estructuras profesionales y autónomas que otra cuya facturación depende casi exclusivamente de las relaciones, la capacidad comercial o la presencia cotidiana del socio que está atravesando el divorcio.

Tampoco es equivalente el valor teórico del 50% de una sociedad al precio que un tercero realmente estaría dispuesto a pagar por una participación minoritaria, ilíquida o sujeta a restricciones de transferencia.

Por eso, en determinados divorcios empresarios, la verdadera controversia no gira alrededor de quién recibe las acciones, sino de qué valor se les atribuye.

Cómo se valúa una empresa durante un divorcio

Una diferencia relativamente moderada en la valuación puede producir un impacto económico enorme: si una compañía es valuada en diez millones de dólares, una discrepancia del 25% representa dos millones y medio de diferencia en el valor total considerado. Ese número puede definir si el socio puede conservar su posición o necesita vender activos, conseguir financiamiento o incorporar un tercero.

El Código Civil y Comercial contiene una herramienta especialmente interesante para preservar unidades económicas: el artículo 499 permite que uno de los cónyuges solicite la atribución preferencial del establecimiento comercial, industrial o agropecuario que haya adquirido o formado y que constituya una unidad económica, aun cuando su valor exceda la parte que le corresponde.

La contrapartida es clara: debe pagar en dinero la diferencia al otro cónyuge. Y el juez puede conceder plazos para hacerlo cuando existan garantías suficientes.

La norma refleja un principio empresarial importante: dividir el patrimonio no debería significar necesariamente destruir aquello que produce valor.

Una fábrica vale como fábrica. Una compañía de servicios vale como organización en funcionamiento. Una red comercial vale por su capacidad de operar. Fragmentarla mecánicamente para igualar dos patrimonios puede generar menos valor para ambos.

Por eso, la solución óptima muchas veces no consiste en distribuir participaciones sociales por mitades. Puede resultar más eficiente que quien conduce la empresa conserve íntegramente su posición y que el otro cónyuge reciba otros activos, dinero, pagos diferidos o garantías equivalentes.

Pero para hacerlo es indispensable conocer dos datos:

Esta última cuestión suele ser subestimada. Un acuerdo puede ser jurídicamente impecable y financieramente imposible. Por ejemplo, pactar una suma elevada en doce meses puede permitir conservar formalmente las acciones, pero obligar posteriormente al empresario a extraer dividendos extraordinarios o endeudarse en condiciones ruinosas.

La solución debe ser compatible con la capacidad real de pago.

Cómo conservar la empresa sin trasladarle el costo del divorcio

Ahí aparece la necesidad de abordar estos divorcios simultáneamente desde distintas disciplinas.

• El derecho de familia determina qué bienes y derechos integran la liquidación.
• El derecho societario protege la autonomía de la empresa, los derechos de los demás socios y las reglas de transferencia.
• El análisis financiero determina qué estructura de pago resulta sostenible.
• El análisis tributario permite conocer el costo de vender acciones, transferir activos, distribuir dividendos o implementar otras soluciones patrimoniales.

Resolver solamente una de esas dimensiones puede crear un problema en las restantes. También debe tenerse presente el carácter de las participaciones: no toda acción o cuota social es necesariamente ganancial por el solo hecho de existir durante el matrimonio.

El Código distingue bienes propios y gananciales según el momento y la causa de adquisición. Incluso cuando una participación es propia, puede existir un derecho de recompensa a favor de la comunidad si aumentó su valor debido a utilidades capitalizadas durante el matrimonio.

Eso obliga a reconstruir la historia patrimonial:

• ¿Cuándo se adquirieron las acciones?
• ¿Con qué fondos?
• ¿La empresa existía antes del matrimonio?
• ¿Hubo aumentos de capital?
• ¿Se reinvirtieron utilidades?
• ¿Se incorporaron nuevas participaciones durante la comunidad?

Estas preguntas pueden modificar considerablemente el resultado económico. 

La prevención también tiene un lugar importante. Quien posee una empresa significativa debería conocer cuál sería el impacto patrimonial de una eventual ruptura matrimonial mucho antes de que ésta ocurra.

No se trata de anticipar un divorcio; se trata de comprender que un activo societario puede representar simultáneamente patrimonio, fuente de ingresos, identidad profesional y control empresarial. Cuando todo eso está concentrado en el mismo bien, cualquier conflicto patrimonial adquiere una dimensión especial.

Lo que debería evitarse es que la negociación matrimonial utilice a la empresa como instrumento de presión.

La jurisprudencia ha señalado precisamente que las cautelares destinadas a proteger el patrimonio conyugal deben aplicarse con prudencia y sin ocasionar daños innecesarios a la sociedad ni a terceros. 

Esa distinción es esencial: el otro cónyuge tiene derecho a proteger su eventual participación económica. Pero esa protección no debería traducirse automáticamente en paralizar cuentas, impedir decisiones empresarias o afectar a los restantes socios cuando existen medidas menos perjudiciales.

El objetivo estratégico debería ser otro: reconocer los derechos patrimoniales de ambos cónyuges preservando, al mismo tiempo, el activo que genera valor. Eso puede exigir creatividad, adjudicación preferencial, compensación con otros bienes, pagos escalonados, garantías, financiamiento, venta parcial cuidadosamente estructurada o incluso una combinación de alternativas.

No existe una solución universal, pero sí existe un error frecuente: negociar primero cuánto recibirá cada uno y preguntarse después cómo financiarlo.

En un divorcio empresario, esas dos discusiones deberían realizarse simultáneamente, porque el verdadero objetivo no es solamente dividir patrimonio, es dividir sin destruir valor.

Un empresario puede conservar formalmente el 100% de sus acciones y, sin embargo, debilitar severamente la compañía para afrontar la liquidación. 

Por eso, la pregunta final no es siempre quién se queda con la empresa. A veces es mucho más compleja: ¿cómo puede conservarla sin obligarla a pagar las consecuencias económicas de su divorcio?