Jorge Macri pedirá juicio político contra jueza que frenó la baja de edad de imputabilidad
El fallo sobre el régimen penal juvenil motivó la reacción del jefe de Gobierno porteño, quien busca desplazar a la magistrada involucrada
Jorge Macri pidió el juicio político de Laura Beatriz De Marinis, titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3 de la Ciudad de Buenos Aires. La magistrada declaró inconstitucional la aplicación del nuevo régimen penal juvenil a menores de 16 años.
El caso que desató la polémica: De Marinis sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo. La decisión judicial generó un choque frontal con el Gobierno porteño, que considera que la resolución obstaculiza sus políticas de seguridad y protege a delincuentes juveniles.
El jefe de Gobierno porteño no se guardó nada en sus redes sociales. "Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia", disparó Macri.
"Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político", agregó el mandatario. Para él, la jueza frena las medidas que buscan bajar los índices delictivos en la ciudad.
"La gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito", insistió Macri. Y cerró tajante: "No voy a pedir perdón por defender a los porteños de bien".
Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, también apuntó contra la magistrada. "Hay jueces que están más preocupados por proteger a los delincuentes que por hacer justicia a las víctimas", sostuvo.
El caso que encendió la mecha: un robo frustrado en septiembre
Todo empezó el 10 de septiembre, cerca de las seis de la mañana. Un hombre de 47 años caminaba por la calle cuando cinco jóvenes lo interceptaron para intentar robarle.
La víctima logró escapar y alertó a un agente policial. El oficial detuvo a los presuntos responsables en el lugar. Entre ellos había un adolescente de 14 años.
La Fiscalía calificó el episodio como robo simple en grado de tentativa. Buscó aplicar el nuevo Régimen Penal Juvenil, que endureció las penas para menores infractores.
Pero la defensa del adolescente jugó una carta clave: pidió que se declarara la inconstitucionalidad del régimen. Argumentó que aplicarlo a menores de 16 años viola tratados internacionales.
Jorge Macri contra la magistrada que frenó la baja de edad de imputabilidad
Por qué la jueza declaró inconstitucional el régimen penal juvenil
De Marinis aceptó el planteo de la defensa. Su fallo se apoya en el principio de progresividad: sostiene que someter a proceso penal a menores de 16 años implica un retroceso respecto del régimen anterior y vulnera tratados internacionales con jerarquía constitucional.
La jueza citó recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Ese organismo le pidió a la Argentina que mantenga la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años.
"Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia", escribió la magistrada en su resolución.
Y agregó: "No pretendo con estas líneas romantizar la infracción penal juvenil, sólo intento señalar que la incorporación al sistema penal tiene que ser el último recurso y, en algunas trayectorias vitales, lamentablemente es el primero".
Para este caso puntual, De Marinis consideró que se trató de una tentativa "burda y torpe". No hubo desapoderamiento de bienes ni lesiones físicas a la víctima.
Por eso entendió que aplicar una sanción punitiva resultaba desproporcionado. La jueza argumentó que el Estado debe priorizar medidas alternativas antes de recurrir al encierro de adolescentes, especialmente cuando no se consumó el delito ni hubo daños concretos.
Qué viene ahora: el pedido de juicio político avanza
El Gobierno porteño prepara el expediente para impulsar el juicio político contra De Marinis. El trámite deberá pasar por la Legislatura de la Ciudad.
Macri ya tiene respaldo político para avanzar. Varios legisladores de su espacio y de La Libertad Avanza adelantaron su apoyo a la iniciativa.
La decisión de la jueza reabrió el debate sobre la edad de imputabilidad penal en Argentina. Desde el oficialismo porteño insisten en que bajarla es clave para frenar el delito juvenil.
Pero organizaciones de derechos humanos y especialistas en niñez advierten que criminalizar menores no reduce los índices delictivos. Sostienen que se necesitan políticas de inclusión social y educativa.
El caso de De Marinis promete extenderse en el tiempo. Mientras tanto, el régimen penal juvenil enfrenta un nuevo cuestionamiento judicial que podría sentar jurisprudencia.