Justicia de EEUU da luz verde a embargos sobre activos argentinos en suelo norteamericano
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Un fondo buitre consiguió luz verde para embargar activos argentinos en Estados Unidos. La jueza Jia Cobb, de la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia, habilitó a Titan Consortium a iniciar el pedido formal de embargos sobre bienes del país en territorio norteamericano.
El conflicto tiene origen en la estatización de Aerolíneas Argentinas durante 2008, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, el monto reclamado alcanza los u$s391 millones.
La magistrada consideró que "ha transcurrido un plazo razonable tras la emisión de la sentencia" en favor de Titan Consortium, dictada en diciembre de 2024, y agregó que "en los veintiún meses transcurridos desde entonces, Argentina aparentemente no ha hecho ningún esfuerzo por pagar".
Desde Aerolíneas Argentinas aclararon que la demanda no apunta contra la empresa. El reclamo judicial se dirige exclusivamente contra el Estado Argentino.
La Procuración del Tesoro, por su parte, informó que el Gobierno analiza las herramientas jurídicas disponibles. El objetivo es intentar reducir el impacto económico de esta decisión sobre los ciudadanos argentinos.
De Marsans a Titan Consortium: cómo nació el reclamo millonario
Todo comenzó con un laudo del CIADI en 2017. Ese fallo condenó a Argentina a pagar u$s321 millones más intereses al grupo español Marsans por la reestatización de la aerolínea de bandera.
Esos derechos económicos no quedaron en manos españolas. Primero los compró el fondo Burford Capital. Después, pasaron a Titan Consortium.
Hoy, Titan reclama u$s391 millones más los intereses que se acumularon desde diciembre de 2024, cuando se dictó la sentencia que reconoció la deuda.
El conflicto escaló hasta la Corte del Distrito de Columbia, en Washington. Allí, Titan exigió el reconocimiento y ejecución del laudo del CIADI.
La batalla judicial por los plazos de prescripción
Argentina intentó defenderse con un argumento técnico. Alegó que el reclamo estaba prescripto porque el plazo para accionar era de tres años.
El tribunal rechazó esa defensa. Determinó que el límite era, en realidad, de doce años. Y reconoció la condena completa: capital, intereses y costas.
En julio de este año, la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia confirmó esa decisión. Rechazó el planteo argentino sobre la prescripción y dejó firme el reconocimiento del laudo correspondiente.
Con ese fallo confirmado, Titan Consortium quedó habilitado para avanzar con embargos sobre cualquier activo argentino identificable en suelo estadounidense.
