Arrancó juicio político a Gastón Salmain, juez acusado de pedir coima por u$s200.000
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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados comenzó este martes el juicio político contra Gastón Salmain, titular suspendido del Juzgado Federal N°1 de Rosario, en un proceso que puede terminar con su destitución y dejarlo a disposición de la Justicia penal. El magistrado está procesado con prisión preventiva en una causa por presunta corrupción judicial, aunque la medida no se hizo efectiva hasta ahora debido a la inmunidad de arresto que conserva por su condición de juez.
El expediente disciplinario tiene dos grandes capítulos. Por un lado, Salmain está acusado de haber pactado el cobro de una coima de u$s200.000 para intervenir en un expediente y favorecer una operación que buscaba acceder a u$s10 millones al tipo de cambio oficial y transferir fondos al exterior durante el período en que regían restricciones cambiarias. Por otro, se le reprocha haber omitido en el currículum presentado para concursar por el cargo de juez que en 2002 había sido expulsado del Poder Judicial.
El proceso comenzó poco después de las 9, en el tercer piso del edificio del Consejo de la Magistratura. Salmain llegó acompañado por sus abogados, Yamil Castro Bianchi y José Manuel Ubeira. La acusación está a cargo del senador Luis Juez, el juez Diego Barroetaveña y la abogada Jimena De la Torre. El tribunal que debe definir su futuro está integrado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral, las senadoras María Belén Monte de Oca y María Florencia López, los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Zulli y la abogada Ana Beatriz Fernández.
Acusación contra Gastón Salmain: la causa Attila y los u$s200.000
El principal cargo contra Salmain está relacionado con la denominada causa Attila, una investigación penal en la que se analiza una presunta maniobra para favorecer a un fideicomiso y facilitar la salida de dinero al exterior.
Según la hipótesis de los fiscales, entre septiembre de 2023 y abril de 2024 se habría buscado utilizar una resolución judicial para permitir que un grupo empresario accediera a unos u$s10 millones al tipo de cambio oficial, en un momento en que existía una importante diferencia con el dólar paralelo.
La acusación sostiene que, a cambio de esa intervención, se habría pactado una retribución cercana a los u$s200.000, equivalente aproximadamente al 10% de la diferencia obtenida en la operación cambiaria. Salmain fue procesado como presunto autor de los delitos de cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La Cámara Federal de Rosario confirmó luego ese procesamiento por unanimidad.
La investigación también involucró al financista Fernando Whpei, quien declaró como imputado colaborador y aportó información sobre la supuesta maniobra. Según la acusación fiscal, hubo encuentros entre Whpei y Salmain y también intervino el escribano Santiago Busaniche, señalado como intermediario.
Uno de los puntos que deberá analizar el jury es justamente cuánto peso tienen esos testimonios y qué otras pruebas respaldan la hipótesis de la acusación.
La polémica con el financista arrepentido
El inicio del juicio estuvo precedido por una controversia alrededor de la declaración de Whpei.
La defensa de Salmain había conseguido que el financista fuera convocado a declarar en el jury. La modalidad prevista era particular: Whpei debía comparecer sin juramento de decir verdad, acompañado por su abogado y con la posibilidad de no responder aquellas preguntas que pudieran autoincriminarlo.
Los acusadores cuestionaron esa decisión y plantearon que el Jurado de Enjuiciamiento no podía crear una categoría intermedia de testigo con esas características. Además, señalaron que la declaración penal de Whpei ya estaba incorporada como prueba al proceso.
Finalmente, el propio Jurado dejó sin efecto la citación. Whpei había anticipado que podía negarse a contestar determinadas preguntas y el tribunal consideró que no correspondía obligarlo a declarar sobre hechos por los cuales también está siendo investigado en la Justicia penal, en función de la garantía constitucional de no declarar contra sí mismo.
El antecedente que el juez Salmain no incluyó en su currículum
El segundo eje del juicio político se remonta mucho más atrás, a 2002, cuando Salmain todavía era empleado del Poder Judicial de la Nación.
El Consejo de la Magistratura sostiene que el entonces empleado fue expulsado luego de un episodio relacionado con el ofrecimiento de dinero para intentar manipular un sorteo de causas. Ese antecedente no fue consignado cuando años después presentó su currículum para participar del proceso que terminó con su designación como juez federal.
Salmain fue nombrado titular del Juzgado Federal N°1 de Rosario en abril de 2023, después de que el Senado prestara su acuerdo para la designación. El nombramiento fue formalizado mediante el Decreto 221/2023.
La acusación sostiene que el currículum presentado tenía carácter de declaración jurada y que la omisión resulta especialmente relevante por la naturaleza del antecedente.
La defensa, en cambio, plantea que no hubo ocultamiento deliberado. El propio Salmain explicó ante el jury que no incluyó el episodio porque "no se me pasó por la cabeza, era algo que no me sumaba puntos" y porque, según su interpretación, no estaba obligado a informarlo.
El juez sostuvo además que había renunciado al Poder Judicial el 1° de febrero de 2002 y que la cesantía fue dictada meses después, cuando el vínculo laboral ya se había extinguido. También argumentó que el reglamento exigía consignar determinadas sanciones dentro de un período de diez años.
La defensa habla de una persecución
Durante la primera jornada del jury, Salmain rechazó los cargos y definió los procesos penal y político como "una obvia persecución contra mi persona".
El juez cuestionó además el trámite llevado adelante por el Consejo de la Magistratura y sostuvo que no se le permitió producir toda la prueba de descargo que pretendía incorporar.
También puso en duda su intervención directa en la causa Attila. Según explicó, buscará demostrar mediante la declaración de la secretaria de su juzgado que él no participó personalmente de los distintos pasos del expediente.
Sobre la resolución que benefició al fideicomiso, sostuvo que era prácticamente una copia de otra decisión anterior, denominada "Comunicación III", y argumentó que este tipo de procedimientos resulta habitual frente al volumen de expedientes que tramitan en un juzgado.
Salmain negó, además, haber recibido a Whpei en su despacho en las oportunidades que señaló el financista y cuestionó que los fiscales hayan ocultado, según su versión, los registros de ingreso al edificio judicial.
Qué puede pasar con el juez
El jury no determina su responsabilidad penal sino si existe mal desempeño que justifique su remoción del cargo. El Consejo de la Magistratura decidió en junio suspenderlo y enviarlo a juicio político por unanimidad.
La situación tiene, sin embargo, una consecuencia directa sobre la causa penal. Salmain tiene una prisión preventiva que no pudo ejecutarse mientras conserva la inmunidad de arresto propia de su cargo. La Cámara Federal de Rosario confirmó esa medida y mantuvo además la prohibición de salir del país.
Por eso, una eventual destitución no significaría solamente el final de su carrera como magistrado. También eliminaría el obstáculo que hasta ahora impide hacer efectiva la detención ordenada en la causa penal.
El juicio político recién comenzó y durante las próximas jornadas declararán distintos testigos. El Jurado deberá evaluar las pruebas sobre la causa Attila, el supuesto pedido de dinero y el antecedente laboral que Salmain no informó antes de llegar al cargo de juez federal
