El dueño de Manaos más complicado por una causa de evasión y embargos de $250 millones

La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó el procesamiento de Orlando Canido, dueño de Manaos, en una causa por presuntas irregularidades tributarias. La investigación alcanza también a Refres Now S.A., la empresa que fabrica la marca de gaseosas, y pone bajo análisis declaraciones juradas, préstamos cuestionados y operaciones comerciales con distribuidores.

La decisión ratificó lo dispuesto en julio por el Juzgado Federal N° 3 de Morón, que había procesado al empresario y ordenado un embargo preventivo de $250 millones sobre sus bienes. La misma medida se había establecido sobre el patrimonio de Refres Now S.A. La Cámara mantuvo así una resolución que involucra tanto al titular de la compañía como a la sociedad que desarrolla su actividad comercial.

El tribunal de alzada resolvió confirmar el pronunciamiento apelado en todos los puntos que fueron materia de recurso. En términos concretos, esto significa que la decisión de primera instancia sigue vigente y que el expediente continuará su curso bajo esas condiciones.

La causa comenzó a partir de una denuncia del Ministerio Público Fiscal y de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), hoy Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo recaudador se presentó como querellante y denunció posibles incumplimientos en el pago de impuestos correspondientes a distintos ejercicios fiscales.

El avance judicial se produce mientras Canido mantiene su estrategia de expansión en el mercado de bebidas sin alcohol. El empresario adquirió marcas que competían con Manaos y analiza nuevas oportunidades de compra. Al mismo tiempo, debe afrontar una investigación que busca determinar si existieron maniobras para reducir obligaciones tributarias y declarar operaciones sin respaldo suficiente.

Por qué la Justicia confirmó el procesamiento de Orlando Canido

La investigación apunta a un supuesto incumplimiento del pago del Impuesto a las Ganancias, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los Impuestos Internos. Los hechos denunciados comprenden diferentes períodos fiscales y abarcan presuntas irregularidades en las declaraciones juradas, diferencias en los importes informados y operaciones cuya documentación fue cuestionada por el organismo recaudador.

El expediente también involucra a Norberto Canido, hermano de Orlando. La situación procesal de cada uno debe analizarse según las resoluciones judiciales correspondientes y los hechos que se les atribuyen.

En julio, el juez de primera instancia dispuso el procesamiento del dueño de Manaos y de Refres Now S.A. Además, ordenó embargos preventivos por $250 millones sobre los bienes de cada uno. Estas medidas buscan preservar una garantía patrimonial durante el desarrollo del proceso, aunque no representan una condena ni determinan por sí mismas el resultado final de la causa.

El juzgado también resolvió que Canido permaneciera en libertad mientras avanzaba la investigación. La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó posteriormente el procesamiento cuestionado mediante los recursos presentados.

Conviene hacer una distinción: un procesamiento no equivale a una declaración de culpabilidad definitiva. Es una resolución adoptada durante la etapa de investigación, cuando el juez considera que existen elementos suficientes para continuar el proceso penal contra una persona. La responsabilidad definitiva, si corresponde establecerla, deberá determinarse en las instancias posteriores.

Con la decisión de la Cámara, el empresario continúa sujeto al proceso por los hechos alcanzados por la resolución. La investigación deberá avanzar sobre las pruebas reunidas, las operaciones observadas y las explicaciones presentadas por los involucrados.

Las presuntas deudas impositivas investigadas

La denuncia original incluyó posibles irregularidades en las declaraciones y los pagos de Ganancias, IVA e Impuestos Internos correspondientes a los ejercicios fiscales 2016 y 2017. Con el avance de las actuaciones, el organismo recaudador amplió la presentación e incorporó nuevos períodos y operaciones bajo sospecha.

Entre los montos consignados inicialmente figuran $721.449.974,16 por el Impuesto a las Ganancias de 2016, $148.699.911 por IVA de ese mismo año y $85.419.263,80 por IVA de 2017. También se incluyeron $37.205.635,80 correspondientes a Impuestos Internos de 2016.

Posteriormente, la denuncia incorporó otros importes vinculados con el ejercicio fiscal 2017: $242.550.000 por Ganancias, $92.943.325,86 por IVA y $16.955.467,62 por Impuestos Internos.

La presentación también alcanzó a los ejercicios 2018 y 2020. Para 2018, se consignaron presuntas irregularidades por $295.842.539,72 en Ganancias, $142.142.206,10 en IVA y $16.092.573,59 en Impuestos Internos.

En el caso de 2020, los importes denunciados ascendieron a $132 millones por Ganancias, $91.130.264,53 por IVA y $14.480.977,75 por Impuestos Internos.

Estas cifras corresponden a los conceptos y períodos fiscales detallados en la denuncia. No deben sumarse o presentarse como una deuda única confirmada por la Justicia sin considerar el alcance de cada imputación y las resoluciones que se dictaron durante el proceso. La causa tuvo distintas ampliaciones y no todos los hechos siguieron el mismo recorrido judicial.

De hecho, respecto de determinados hechos correspondientes a 2017 y 2018, se dictó el sobreseimiento por la prescripción de la acción penal, luego de aplicarse una modificación del régimen penal tributario considerada más favorable para los imputados.

El cambio normativo elevó los montos mínimos necesarios para que determinadas conductas fueran consideradas delitos tributarios. La aplicación de la ley más benigna tuvo consecuencias sobre esos períodos y dejó esos hechos fuera de la persecución penal por esa vía.

Este punto permite entender por qué una misma investigación puede incluir denuncias por distintos ejercicios fiscales y, sin embargo, registrar resoluciones diferentes para cada uno. El análisis judicial depende de las características de los hechos, las normas aplicables y las condiciones previstas por la legislación penal.

Por eso, la confirmación del procesamiento debe interpretarse dentro de ese marco. No supone que todas las operaciones denunciadas hayan quedado acreditadas ni que cada uno de los montos informados tenga idéntica situación procesal.

El préstamo de $650 millones bajo investigación

Uno de los principales puntos cuestionados por el organismo recaudador es un supuesto préstamo de $650 millones que habría sido declarado por la empresa. Según la hipótesis investigada, esa operación se habría utilizado para justificar un incremento patrimonial sin respaldo suficiente.

La entonces AFIP sostuvo que existían declaraciones juradas engañosas y cuestionó la documentación presentada para explicar el origen de los fondos. El organismo consideró que la operación podía formar parte de una serie de maniobras reiteradas durante distintos ejercicios fiscales.

En particular, puso el foco en la posible simulación de un pasivo. En términos contables, un pasivo representa una obligación que una empresa debe afrontar, como una deuda con un proveedor o un préstamo recibido. La sospecha planteada en el expediente es que se habría declarado una obligación sin que existieran movimientos de dinero o documentación suficiente para demostrar que la operación ocurrió en los términos informados.

La querella sostuvo que no se habría podido acreditar un movimiento de fondos ni una aplicación del dinero que justificara la disponibilidad declarada. Esa observación llevó a examinar quién habría aportado los recursos, de qué manera se habrían entregado y si la operación contaba con respaldo económico.

Frente a esos cuestionamientos, Canido afirmó que el dinero había sido aportado en efectivo por un tercero identificado en el expediente como Lorenzo Pizzo.

Sin embargo, según los elementos incorporados a la investigación, Pizzo no habría contado con capacidad económica suficiente para realizar ese préstamo en 2020. Ese aspecto fue considerado al evaluar la explicación sobre el origen de los recursos.

La querella también señaló otras presuntas irregularidades: incorporación de fondos sin justificación mediante préstamos simulados, deducciones tributarias en exceso, facturación duplicada y ocultamiento de capacidad contributiva.

El planteo del organismo es que esos hechos no habrían sido episodios aislados, sino que podrían formar parte de un esquema desarrollado durante varios períodos fiscales. La hipótesis deberá contrastarse con las pruebas reunidas y las explicaciones de los involucrados.

La diferencia entre declarar un préstamo y demostrar que el dinero efectivamente existió puede resultar determinante en una investigación de este tipo. Por eso, el expediente analiza tanto la documentación contable como la capacidad económica de las personas señaladas y la trazabilidad de los fondos.

Los comprobantes de venta y los distribuidores cuestionados

Otro eje de la causa se relaciona con presuntos comprobantes de venta irregulares y operaciones comerciales con distribuidores cuya actividad fue puesta en duda por ARCA.

El organismo solicitó profundizar la investigación sobre tickets que habrían sido emitidos a nombre de 80 distribuidores cuestionados. De ese total, 39 figuraban en las bases de contribuyentes identificados como no confiables durante 2021 y 2022.

La investigación busca determinar si las operaciones registradas tuvieron un respaldo comercial efectivo y si los comprobantes reflejaron transacciones reales. Para ello, será necesario establecer la existencia de los distribuidores, revisar la documentación correspondiente y reconstruir los movimientos de dinero vinculados con las ventas.

ARCA también cuestionó el volumen de las operaciones atribuidas a la empresa y señaló dificultades para seguir el recorrido de los fondos. De acuerdo con los planteos incorporados al expediente, el abastecimiento a mayoristas habría involucrado operaciones por más de $10.000 millones.

El organismo sostuvo que no pudo reconstruir de manera suficiente los movimientos relacionados con esos importes. La observación apunta a determinar cómo se realizaron las operaciones, qué documentación las respaldaba y si los registros contables coincidían con la actividad comercial declarada.

Además, la fiscalización puso bajo análisis la infraestructura disponible para desarrollar el negocio. En particular, señaló que la empresa no tendría activos suficientes para respaldar determinadas operaciones y cuestionó la cantidad de empleados registrados en relación con los servicios que habría contratado.

Este aspecto se vincula con la capacidad operativa de una compañía. Para evaluar una actividad comercial, el organismo puede examinar si los recursos declarados, el personal y los medios disponibles guardan relación con el volumen de operaciones informado. En este caso, ARCA planteó dudas sobre esa correspondencia.

Las observaciones forman parte de las sospechas que impulsaron la investigación. Sin embargo, la existencia de comprobantes cuestionados o de diferencias entre la actividad declarada y los recursos disponibles no demuestra por sí sola que todos los hechos denunciados estén acreditados judicialmente.

La causa deberá establecer si las operaciones tuvieron respaldo efectivo, si existieron irregularidades tributarias y qué responsabilidad corresponde atribuir a las personas y empresas involucradas.

Orlando Canido y la expansión comercial de Manaos

La confirmación del procesamiento se conoció mientras Canido continúa con su estrategia de expansión en el mercado de bebidas sin alcohol. El empresario es dueño de Manaos, una marca que participa del segmento de gaseosas en el que también operan compañías internacionales como Coca-Cola y PepsiCo.

En julio de 2025, desembolsó u$s74 millones para adquirir Cunnington y Neuss, dos marcas que pertenecían a Productos de Agua (Proea). La operación amplió la presencia de su grupo empresario en el mercado, ya que ambas etiquetas competían en el mismo rubro que Manaos.

La compra incorporó nuevas marcas a su estructura comercial y amplió su participación en distintas franjas del negocio de gaseosas. La estrategia también apunta a consolidar una posición en un sector donde las compañías compiten por distribución, precios y presencia en los puntos de venta.

Canido manifestó interés en concretar nuevas adquisiciones. Entre las posibilidades que se analizaron figura una eventual compra de Pureza de las Sierras, una marca de aguas de mesa y saborizadas. La operación le permitiría explorar otras categorías dentro del mercado de bebidas sin alcohol, aunque su concreción depende de las negociaciones correspondientes.

La adquisición de Cunnington y Neuss también tuvo repercusión pública por la modalidad de pago. Durante su participación en un programa de streaming en diciembre, Canido afirmó que la operación se había realizado en efectivo y al contado.

La expansión comercial convive ahora con el avance de la causa tributaria, que involucra tanto al empresario como a Refres Now S.A. La confirmación del procesamiento mantiene vigente la decisión de primera instancia y los embargos preventivos dispuestos durante la investigación.

Así, mientras el grupo busca ampliar su presencia en el mercado, la Justicia continúa examinando las operaciones fiscales denunciadas y la documentación utilizada para respaldarlas. Son dos frentes distintos, pero ambos forman parte del contexto actual de la compañía.

Qué implica la confirmación judicial para el dueño de Manaos

La resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín ratifica el procesamiento de Canido en los términos alcanzados por el recurso. No constituye una sentencia condenatoria ni determina por sí misma el resultado definitivo del expediente.

La investigación busca establecer si las declaraciones juradas presentadas por la empresa reflejaron correctamente sus operaciones, si los fondos declarados tuvieron un origen acreditable y si existieron maniobras destinadas a reducir las obligaciones tributarias.

Entre los puntos bajo análisis se encuentran el supuesto préstamo de $650 millones, los comprobantes emitidos a distribuidores cuestionados, las operaciones comerciales que ARCA no pudo reconstruir y las diferencias detectadas en distintos períodos fiscales.

El expediente también contempla la situación de Refres Now S.A. y los hechos atribuidos a otras personas mencionadas en las actuaciones. Cada uno de esos aspectos deberá resolverse de acuerdo con las pruebas reunidas y las decisiones que adopte la Justicia.

Por ahora, la Cámara confirmó el procesamiento dispuesto en julio y se mantienen las medidas patrimoniales ordenadas en esa instancia. El proceso continuará para determinar el alcance de las presuntas irregularidades y las responsabilidades penales que, en su caso, puedan establecerse.