Un bloque de 15 estados de EE.UU. apoya a los fondos que buscan revertir el fallo por YPF
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La batalla judicial por la expropiación de YPF puede complicarse para Argentina. Un bloque de 15 estados y territorios norteamericanos presentó un escrito ante la Corte Suprema de Estados Unidos para respaldar a los fondos Petersen y Eton Park, que buscan recuperar una condena millonaria.
La movida llegó después de que una Cámara de Apelaciones dejara sin efecto la sentencia de primera instancia. Ahora, esos estados piden que el máximo tribunal estadounidense revise el fallo que le dio la razón a la Argentina.
La presentación fue encabezada por Missouri. Se concretó el viernes 30 de octubre bajo la figura de amicus curiae, un mecanismo que permite que terceros interesados aporten argumentos ante un tribunal sin ser parte directa del litigio.
Los firmantes cuestionaron el fallo del Segundo Circuito de Nueva York, que el 27 de marzo de 2026 anuló la sentencia dictada por la jueza Loretta Preska. Según plantearon, el criterio utilizado podría sentar un precedente para que otros países invoquen sus propias leyes y eviten responder ante reclamos en la Justicia estadounidense.
El argumento que sostuvieron es que si un gobierno extranjero puede imponer la aplicación exclusiva de su legislación interna, las autoridades norteamericanas tendrían mayores dificultades para defender los intereses de sus ciudadanos.
El argumento legal que usaron los estados contra Argentina
El documento sostiene que la Cámara de Apelaciones interpretó de manera incorrecta la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera (FSIA). Esa legislación establece en qué circunstancias un Estado extranjero puede ser demandado en Estados Unidos.
Los fiscales generales consideran que los tribunales federales deben ejercer su jurisdicción cuando se cumplen las excepciones previstas. Entre ellas mencionaron actos comerciales de gobiernos extranjeros que producen efectos directos dentro del territorio estadounidense.
Para respaldar su posición, los representantes estatales utilizaron como ejemplo los litigios impulsados por Missouri y Mississippi contra China durante la pandemia de coronavirus.
Aquellas demandas incluían acusaciones relacionadas con el acaparamiento de barbijos, la comercialización de elementos de protección sanitaria de menor calidad y otras prácticas consideradas perjudiciales.
La comparación apunta a advertir que, si un gobierno extranjero pudiera imponer la aplicación exclusiva de su propia legislación para resolver este tipo de controversias, las autoridades estadounidenses tendrían mayores dificultades para defender los intereses de sus ciudadanos.
Por ese motivo, los estados solicitaron que la Corte Suprema acepte revisar la decisión del Segundo Circuito y deje sin efecto el fallo favorable a la Argentina.
Las objeciones al respaldo de los estados norteamericanos
La presentación también generó cuestionamientos por parte de especialistas vinculados con la defensa argentina. El exsubprocurador del Tesoro Sebastián Soler señaló que todos los fiscales generales estatales que firmaron el documento pertenecen al Partido Republicano.
La única excepción es el representante de las Islas Marianas, que es independiente.
A su entender, la ausencia de fiscales generales demócratas podría restarle fuerza persuasiva al planteo. Sin embargo, aclaró que ese dato no resulta determinante por sí solo.
Soler también cuestionó el fundamento jurídico de la presentación. Sostuvo que la Cámara de Apelaciones sí ejerció su competencia y que resolvió el conflicto aplicando el derecho argentino.
Ese marco legal fue considerado el correspondiente para una disputa entre accionistas de una sociedad constituida en el país. La diferencia es importante: el tribunal estadounidense no rechazó intervenir por falta de jurisdicción.
En cambio, analizó el fondo del reclamo y concluyó que los demandantes no tenían derecho a la indemnización que habían obtenido en primera instancia.
De qué se trata el conflicto por la expropiación de YPF
El conflicto comenzó después de la nacionalización del 51% de YPF, en 2012. Los fondos Petersen y Eton Park sostienen que la Argentina incumplió las disposiciones del estatuto de la petrolera.
Según su argumento, el Estado argentino debió realizar una oferta pública de adquisición destinada a los accionistas minoritarios. Esa oferta nunca llegó.
En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska había condenado al Estado argentino a pagar u$s16.100 millones. Fue un fallo de primera instancia que parecía definir el caso.
Sin embargo, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito revocó esa decisión en marzo de 2026 y dejó sin efecto la millonaria indemnización.
Los demandantes, cuyos reclamos cuentan con el financiamiento de Burford Capital, recurrieron entonces a la Corte Suprema para intentar revertir ese resultado.
Qué viene ahora en el juicio por YPF
La presentación de los 15 estados representa un respaldo al pedido de los fondos buitre. Pero no modifica automáticamente la sentencia ni obliga al máximo tribunal a intervenir.
El próximo vencimiento procesal está previsto para el 2 de diciembre, fecha límite para que la Argentina y YPF presenten sus respuestas. Ambas partes obtuvieron una prórroga para preparar sus argumentos.
En las próximas semanas también podrían incorporarse nuevos escritos de terceros. Pueden llegar tanto a favor de los fondos como de la posición argentina.
Una vez recibidos los argumentos, la Corte Suprema deberá decidir si acepta revisar el expediente. Si rechaza el pedido, quedará firme el fallo de segunda instancia que anuló la condena contra el país.
La decisión del máximo tribunal estadounidense será clave para definir si Argentina logra cerrar definitivamente este capítulo o si deberá enfrentar una nueva batalla judicial por una cifra que supera los u$s16.000 millones.
