Adorni: fiscal descartó el enriquecimiento ilícito y pidió investigar una posible evasión

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió que la causa contra Manuel Adorni deje de tramitar como un presunto caso de enriquecimiento ilícito y sea remitida a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para investigar una posible evasión tributaria. El dictamen consideró que no existen elementos suficientes para sostener que el exjefe de Gabinete incrementó injustificadamente su patrimonio durante su paso por el Gobierno, aunque advirtió sobre posibles irregularidades en la declaración de ingresos, dólares en efectivo y operaciones con criptomonedas.

El planteo no implica un sobreseimiento ni el cierre de la investigación. La Fiscalía entendió que no pudo descartarse la explicación de Adorni sobre el origen previo de los fondos utilizados para financiar sus gastos y adquisiciones inmobiliarias, pero identificó indicios de que parte de ese capital habría permanecido fuera de las declaraciones fiscales durante años.

Ahora deberá resolver el juez federal Ariel Lijo si acepta el pedido de incompetencia y ordena el envío del expediente al fuero especializado. La investigación comenzó a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano y analizó la evolución patrimonial del funcionario entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026.

La explicación de Adorni sobre sus inversiones en Bitcoin

Durante la investigación, la Fiscalía detectó erogaciones por u$s402.578,12, de las cuales u$s374.081,66 fueron abonados en efectivo. También identificó una diferencia de $43.068.549 entre los ingresos lícitos comprobados y los gastos, adquisiciones y cancelaciones de deudas registrados durante el período analizado.

Para justificar esos movimientos, Adorni sostuvo que había invertido cerca de u$s200.000 en Bitcoin entre 2014 y 2018, antes de ingresar al Gobierno. Según la presentación de su defensa, la posterior venta de esos activos le permitió obtener u$s591.544,61, que conservó en dólares billete fuera del sistema bancario.

El abogado del exfuncionario explicó que las operaciones de compra y venta se realizaron mediante encuentros personales con terceros, sin intervención de entidades financieras ni plataformas de intercambio. Los vendedores y compradores no habrían sido identificados y las transacciones se habrían concretado en efectivo.

La defensa presentó ocho direcciones de Bitcoin como respaldo de su explicación. La Fiscalía ordenó una verificación criptográfica que permitió comprobar que las claves privadas estaban bajo control de los representantes de Adorni y que podían utilizarse para generar firmas digitales válidas. También constató que las direcciones habían registrado actividad entre 2014 y 2018 y que actualmente no tenían saldo.

Sin embargo, el informe técnico de la Policía Federal advirtió que la tecnología blockchain no permite identificar quién controlaba una billetera en un momento determinado ni establecer desde cuándo una persona tenía acceso a sus claves privadas. De los 41 movimientos registrados, 17 no habrían tenido contacto con plataformas y los restantes se vincularían con servicios del exterior cuyos plazos de conservación de información ya vencieron.

Por esas limitaciones, los investigadores no pudieron reconstruir con certeza la identidad de las contrapartes ni las condiciones de todas las operaciones. Tampoco pudieron confirmar definitivamente que Adorni hubiera administrado esas billeteras durante los años señalados.

No obstante, para Pollicita tampoco fue posible refutar esa hipótesis. El dictamen consideró que la explicación resultaba técnicamente consistente y que los ingresos históricos del matrimonio permitían ubicar la inversión inicial dentro de una escala económica posible.

Según los registros de ANSES y ARCA, las remuneraciones acumuladas de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, convertidas a dólares al tipo de cambio oficial promedio de cada año, alcanzaron aproximadamente u$s335.000 hasta 2014 y u$s493.000 si se extiende el cálculo hasta 2018. A eso se sumaron compras de divisas registradas por u$s60.983 entre 2011 y 2014, que llegaron a u$s83.472 al incluir 2015.

La Fiscalía aclaró que esos números no demuestran por sí mismos que el matrimonio haya realizado las inversiones declaradas ni permiten reconstruir todos sus gastos familiares. Sin embargo, consideró que no alcanzan para descartar la versión de la defensa.

El argumento jurídico central es que el enriquecimiento ilícito exige acreditar un incremento patrimonial apreciable e injustificado durante el ejercicio de la función pública. En este caso, el origen de los fondos cuestionados habría sido anterior a la asunción de Adorni, en diciembre de 2023. Además, el fiscal señaló que no logró vincular el dinero con un acto funcional, una contraprestación o una fuente ilícita relacionada con el cargo.

Qué irregularidades impositivas deberá investigar la Justicia

Aunque Pollicita consideró que no había elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito, identificó posibles incumplimientos tributarios que justifican la intervención de la Justicia Penal Económica.

Uno de los puntos señalados es que la propia defensa reconoció que parte de la información incorporada mediante declaraciones juradas rectificativas correspondía a bienes y fondos que no habían sido declarados anteriormente. También admitió que los ahorros familiares se habían mantenido fuera del sistema bancario y de los registros de ARCA.

Entre los aspectos que deberán analizarse figuran:

• Los ingresos profesionales que habrían financiado la compra de Bitcoin
• La posterior liquidación de los activos
• La tenencia de moneda extranjera no declarada
• Las diferencias entre la información proporcionada a plataformas como Binance y los datos presentados ante los organismos públicos
• Los préstamos privados utilizados para financiar operaciones inmobiliarias y si existió una efectiva entrega de los fondos

El fiscal consideró que la omisión de declarar bienes durante años, el predominio de pagos en efectivo, la intervención de terceros y la incorporación de información patrimonial una vez iniciada la causa constituyen indicadores que podrían exceder una infracción administrativa.

Por ese motivo, pidió que el expediente sea remitido al fuero Penal Económico para determinar si existieron delitos de evasión en Ganancias, Bienes Personales u otros tributos nacionales, con un análisis de cada ejercicio fiscal.

Las propiedades y las reformas bajo investigación

La evolución patrimonial de Adorni también incluyó dos operaciones inmobiliarias que concentraron buena parte de las actuaciones.

La primera fue la compra de una propiedad en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, escriturada en noviembre de 2024 a nombre de Bettina Angeletti por u$s120.000, más u$s5.000 correspondientes a la tasa de ingreso al barrio privado.

Para financiar la operación, el matrimonio obtuvo un préstamo privado de u$s100.000, garantizado con una hipoteca sobre el departamento que poseían en Parque Chacabuco. Los u$s20.000 restantes fueron informados como un pago en efectivo.

El crédito fue otorgado por dos mujeres policías: Graciela Isabel Molina de Cancio, quien aportó u$s85.000, y su hija Victoria Cancio, que entregó los u$s15.000 restantes. El acuerdo establecía un plazo de devolución de dos años y una tasa anual del 11%.

Las refacciones de la vivienda también fueron examinadas. El contratista Matías Tabar declaró que había cobrado u$s245.000 en efectivo y sin emitir facturas. Adorni, en cambio, sostuvo que las obras habían costado u$s175.000 y que se habían financiado con ahorros anteriores a su ingreso al Gobierno.

La segunda operación fue la compra de un departamento con cochera en la calle Miró al 500, en Caballito, concretada en noviembre de 2025 por u$s230.000. Según la documentación incorporada al expediente, Adorni habría pagado u$s30.000 en efectivo y financiado los u$s200.000 restantes mediante una hipoteca privada con las anteriores propietarias, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. El préstamo se pactó sin intereses y con un plazo de dos años.

Además, Pablo Feijoo, hijo de una de las acreedoras y gestor de la compraventa, declaró haber financiado trabajos de reforma por u$s65.000.

Los gastos con tarjetas de empleados y otros involucrados

Otro aspecto de la investigación fue el uso de tarjetas de crédito de empleados y funcionarios que dependían de Adorni para realizar compras destinadas a su entorno familiar.

En el expediente se registraron consumos por $8.183.303,25 en ropa blanca y otros productos para la vivienda, dos proyectores por $1.831.795 cada uno y un monitor por $2.185.000.

Gisela Kocsis, secretaria de la Vocería Presidencial, declaró que había realizado compras a su nombre y que Adorni le reintegraba los importes en efectivo. La defensa sostuvo que algunas operaciones correspondían a tareas de asistencia personal y laboral y que otras habían sido abonadas mediante devoluciones al recibir los resúmenes de las tarjetas.

Por otra parte, Pollicita pidió que la Justicia Penal Económica analice las operaciones en las que intervinieron los desarrolladores inmobiliarios Leandro Miano y Pablo Feijoo, y el contratista Matías Tabar.

También solicitó remitir las actuaciones al Colegio Público de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires para que evalúe la intervención de Adriana Mónica Nechevenko, escribana que participó en operaciones inmobiliarias vinculadas con el exfuncionario.

El juez Ariel Lijo deberá resolver ahora si acepta el planteo de incompetencia. Si lo hace, la Justicia Penal Económica continuará con la investigación para determinar si existieron omisiones tributarias o delitos de evasión vinculados con los fondos y bienes declarados por Adorni.