Aportes sindicales y reforma laboral: juez dejó sin efecto provisoriamente un cambio clave

El Juzgado Nacional del Trabajo N° 73 hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA) y suspendió la aplicación de dos decretos del Gobierno que modificaron la reglamentación de la ley de convenciones colectivas de trabajo. La decisión permite que continúe calculándose sobre la totalidad de las remuneraciones la contribución solidaria que pagan los trabajadores no afiliados al sindicato, comprendidos en el convenio colectivo de la actividad.

El fallo fue firmado el 11 de noviembre por el juez Mariano Candal, en el marco de una acción declarativa promovida por la UOMA contra la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM). El planteo cuestiona la constitucionalidad del artículo 7 del Decreto 407/2026 y del artículo 1 del Decreto 612/2026, que modificaron la reglamentación de la Ley 14.250 de convenciones colectivas de trabajo.

La resolución no declaró la inconstitucionalidad de esas disposiciones, sino que dispuso suspender su aplicación respecto del Convenio Colectivo de Trabajo 66/89, correspondiente a la rama de molinos harineros, hasta que se dicte una sentencia definitiva.

En consecuencia, la contribución de solidaridad denominada "Cuota Usufructo" continuará liquidándose sobre la base establecida en los acuerdos colectivos homologados entre las partes.

Qué cambia con los decretos cuestionados por el sindicato

La controversia gira en torno a la base de cálculo de las contribuciones solidarias que se establecen mediante convenios colectivos de trabajo, ya que los decretos introducen restricciones que no surgen del texto de la ley aprobada por el Congreso.

En el caso del CCT 66/89, la UOMA y la federación empresaria acordaron en 2005 una contribución a cargo de los trabajadores comprendidos en el convenio que no estuvieran afiliados al sindicato. El importe se fijó en el 2% de la totalidad de las remuneraciones mensuales sujetas a aportes y contribuciones.

Ese acuerdo fue homologado mediante la Resolución 262/05 de la Secretaría de Trabajo y, según sostuvo la organización sindical, la cláusula nunca fue denunciada y se aplicó de manera ininterrumpida desde entonces.

El conflicto surgió a partir de la reglamentación incorporada por el Decreto 407/2026 y modificada por el Decreto 612/2026. Esas disposiciones introdujeron el artículo 6 bis en el Decreto 199/88 y delimitaron los conceptos que pueden integrar la base de cálculo de las contribuciones convencionales.

De acuerdo con esa regulación, el cálculo debe realizarse sobre el salario básico convencional y las sumas remunerativas normales, habituales y de pago mensual. En cambio, quedan excluidos conceptos como:

• Las horas extras
• El sueldo anual complementario (SAC)
• El plus vacacional
• Los premios y bonos
• Las sumas no remunerativas

La organización sindical aclaró en su demanda que no cuestiona el límite del 2% incorporado por el artículo 133 de la Ley 27.802 al artículo 9 de la Ley 14.250. Su objeción está dirigida a la reducción de la base sobre la que se aplica ese porcentaje.

Para la UOMA, la ley establece que las contribuciones no pueden superar el 2% de las remuneraciones de los trabajadores, pero no habilita al Poder Ejecutivo a excluir determinados conceptos mediante una reglamentación.

Por ese motivo, sostuvo que el Gobierno excedió las facultades reglamentarias previstas en el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional, al introducir restricciones que no fueron establecidas por el Congreso.

También argumentó que la nueva regulación afecta una cláusula que ya había sido negociada por las partes y homologada por la autoridad administrativa, además de limitar las condiciones que pueden discutirse en las negociaciones salariales posteriores.

Por qué el juez suspendió la aplicación de los decretos

Al analizar el planteo, Candal consideró que la acción declarativa cumplía los requisitos formales para su admisión. Entendió que existía una controversia concreta sobre el alcance de una cláusula de un acuerdo colectivo vigente y que correspondía tramitar el proceso para determinar la validez de las disposiciones cuestionadas.

Luego examinó la medida cautelar solicitada por el sindicato y evaluó los dos requisitos centrales para su procedencia: la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora.

Sobre el primero, señaló que la documentación presentada acreditaba la existencia del acuerdo homologado en 2005, que estableció la contribución del 2% sobre la totalidad de las remuneraciones mensuales sujetas a aportes y contribuciones.

También tuvo en cuenta que los acuerdos de actualización salarial celebrados entre las partes durante 2025 y 2026 contemplaron que los incrementos identificados como no remunerativos fueran considerados para calcular la denominada Cuota Usufructo.

Para el magistrado, el derecho invocado por la organización sindical aparecía como verosímil porque la nueva reglamentación incorporó una delimitación de la base de cálculo que no surge del texto de la ley, lo cual podría afectar la autonomía colectiva de las partes que negociaron el convenio.

En ese sentido, observó que el artículo 9 de la Ley 14.250, según la modificación introducida por la Ley 27.802, establece un límite del 2% de las remuneraciones de los trabajadores, mientras que los decretos impugnados restringieron los conceptos que pueden integrar esa base.

El juez también consideró que la reglamentación podía afectar la autonomía colectiva de las partes que negociaron el convenio y los recursos con los que el sindicato desarrolla su actividad.

Para reforzar ese argumento, citó un criterio del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según el cual corresponde a las propias organizaciones decidir si reciben financiamiento para actividades legítimas de promoción y defensa de los derechos humanos y sindicales.

Además, recordó que el artículo 3 de la Ley 23.551 establece que la acción sindical comprende todo aquello relacionado con las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores representados.

El riesgo de reducir los ingresos sindicales y afectar la negociación colectiva

Respecto del peligro en la demora, el magistrado consideró que la aplicación inmediata de los decretos podía provocar una reducción directa de los ingresos que la UOMA percibe por la contribución solidaria.

Advirtió que la propia reglamentación establece que, cuando una convención colectiva supera los límites previstos, el pago efectuado hasta el tope aplicable libera al obligado, y que los acuerdos que excedan esos parámetros no serán homologados ni registrados.

En ese escenario, sostuvo que una eventual disminución de los importes recaudados sería difícil de revertir posteriormente, debido a la cantidad de empleadores y trabajadores involucrados.

El juez también destacó que la controversia podía incidir sobre las negociaciones salariales en curso. Los acuerdos acompañados por el sindicato contemplaban nuevas reuniones para establecer los siguientes tramos de actualización de los salarios de la actividad.

Por eso, consideró que la aplicación de las disposiciones cuestionadas podía condicionar el contenido de futuras negociaciones y afectar el ejercicio de los derechos sindicales durante el desarrollo del proceso judicial.

En su resolución, también citó un precedente de la Corte Suprema de Justicia sobre la negociación colectiva. En ese fallo, el máximo tribunal sostuvo que la concertación de las condiciones de trabajo debe desarrollarse en un marco de respeto por las libertades de los negociadores y sus representados, de acuerdo con la garantía establecida en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Qué resolvió la Justicia y hasta cuándo rige la suspensión

Finalmente, el Juzgado Nacional del Trabajo N° 73 admitió la medida cautelar y dispuso suspender la aplicación del artículo 7 del Decreto 407/2026 y del artículo 1 del Decreto 612/2026, en cuanto incorporaron y modificaron el artículo 6 bis del Decreto 199/88, respecto del CCT 66/89 de la rama molinos harineros.

Como consecuencia, la contribución de solidaridad pactada en el acuerdo homologado por la Resolución 262/05 y en los acuerdos colectivos posteriores continuará calculándose sobre la base establecida convencionalmente, hasta que se dicte la sentencia definitiva.

El magistrado aclaró que los argumentos desarrollados en esta instancia tienen carácter provisorio y no condicionarán el análisis de fondo que deberá realizarse cuando se examine la totalidad de los hechos y fundamentos jurídicos de la demanda.

De esta manera, la discusión sobre la validez constitucional de las restricciones introducidas por los decretos continuará en el expediente. La resolución, por ahora, preserva el esquema de cálculo que venía aplicándose en la actividad molinera mientras se sustancia el proceso judicial.