Hijo de Lázaro Báez confirmó fraude en Vialidad y fue condenado a más de 7 años de cárcel
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Martín Báez quedó condenado a siete años y nueve meses de prisión tras admitir que participó en el fraude con la obra pública vial en Santa Cruz. La pena unifica los tres años que recibió hoy por esta causa con los seis años y seis meses que ya cumplía por lavado de dinero en "La Ruta del dinero K".
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) homologó hoy el juicio abreviado. El juez Andrés Basso resolvió en forma unipersonal. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola cerraron acuerdos con seis acusados del segundo tramo de la causa Vialidad, conocida como "Vialidad II".
La Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante, dio su conformidad al acuerdo.
La novedad se conoció mientras Lázaro Báez permanece preso en Ezeiza. El padre de Martín está siendo investigado por sus vínculos con una persona de su confianza bajo sospecha de lavado y tráfico de drogas.
Luciani y Mola son los mismos fiscales que en la primera parte de esta causa lograron la condena de Cristina Kirchner y Lázaro Báez a seis años de prisión.
El acuerdo cierra sin juicio oral la segunda parte del expediente, donde ya están condenados el exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de Vialidad Nelson Periotti, entre otros, por defraudación contra el Estado. La Corte Suprema dejó firme esa sentencia.
Qué admitió Martín Báez en su confesión judicial
Los dos condenados con mayor peso en este juicio abreviado son empresarios del Grupo Báez. Ahora reconocieron que entre octubre de 2007 y diciembre de 2015 Martín Báez ocupó cargos clave en las constructoras familiares.
Fue accionista y apoderado de Austral Construcciones. También socio gerente de Loscalzo y Del Curto. Y apoderado, vicepresidente y presidente de Kank y Costilla.
Esas tres empresas del Grupo Báez se quedaron con cerca del 80% de la obra vial de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Desde esos cargos, según la causa, Martín Báez decidió que varias empresas del mismo grupo se presentaran en una misma licitación pese a que estaba prohibido, firmó contratos sabiendo que violaban los pliegos y se benefició de un "canal exclusivo de pago anticipado".
Ese canal preferencial hizo que, al terminar el mandato de Cristina Kirchner, las firmas de su padre fueran las únicas contratistas del país a las que el Estado no les debía un peso.
La confesión confirma punto por punto la acusación de la causa Vialidad. Son los propios acusados quienes admitieron su responsabilidad.
Cómo quedó la pena unificada del hijo de Lázaro Báez
Martín Báez ya tenía una condena firme por lavado de activos agravado de seis años y seis meses. Se la impuso la Cámara Federal de Casación en la causa de "La Ruta del dinero K". Quedó confirmada el 29 de mayo de 2025.
Desde el 12 de junio de ese año goza de libertad condicional.
Por eso, el juez Basso unificó ambas penas en una sola de siete años y nueve meses de prisión. Más una multa de cinco veces el monto de las operaciones de lavado.
La misma metodología aplicó con Julio Mendoza. Él presidió Austral Construcciones entre 2004 y 2015.
Mendoza recibió tres años por Vialidad II. Se unificaron con los cinco años que ya tenía por lavado en "La Ruta del dinero K". Pena única: cinco años y nueve meses.
Basso le mantuvo la prisión domiciliaria que ya le había concedido el Tribunal Oral Federal 4. Tiene 71 años y problemas de salud.
Quiénes más fueron condenados en Vialidad II
El tercer empresario condenado fue Fernando Butti. Fue accionista y apoderado de Austral. También representante de Lázaro Báez en Kank y Costilla entre 2003 y 2008.
Recibió dos años y seis meses de prisión en suspenso. Los tres empresarios fueron condenados como partícipes necesarios del fraude.
Entre los funcionarios cayeron tres exgerentes de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Fueron condenados como autores del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Cada uno recibió dos años y ocho meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Uno de ellos es Sergio Passacantando. Fue gerente de Administración entre 2006 y 2015. Se le atribuyó haber montado el esquema de pagos preferenciales para las empresas de Báez.
El otro, Jorge Gregorutti. Gerente de Obras y Servicios Viales entre 2008 y 2015. Firmó todos los certificados de avance de las obras investigadas sin controlarlas.
Y Carlos Alonso, subadministrador general entre 2011 y 2015.
Por qué este juicio abreviado tiene más peso que otros
En la sentencia, de 42 páginas, Basso destacó que no se trataba de un juicio abreviado común. Los hechos que admitieron los seis acusados son los mismos que se probaron en el juicio oral contra Cristina Kirchner en Vialidad I.
De modo que la existencia de la maniobra ya estaba establecida por una sentencia firme.
Esa coincidencia entre lo probado en el debate y lo reconocido por los imputados, escribió el juez, le da a la reconstrucción de los hechos una solidez mayor que la que suele tener un juicio abreviado.
Los fiscales consideraron como agravante la "extrema gravedad" de la maniobra. La definieron como "una colosal maniobra de corrupción".
Como atenuante valoraron que los acusados admitieran su participación y aceptaran una pena.
Graduaron las condenas según la jerarquía de cada funcionario y el peso de cada empresario dentro de las constructoras. El delito de administración fraudulenta prevé de dos a seis años de prisión.
Los seis acusados ratificaron el acuerdo ante el juez Basso.
Cuánto es el decomiso que deberán pagar los condenados
Basso también incluyó a los seis condenados en el mismo decomiso dispuesto en el primer juicio de Vialidad. Ese monto se actualizó en julio de 2025 a $684.990 millones.
No es una deuda nueva ni se suma a la anterior. El juez explicó que, así como los hechos juzgados son los mismos, "el objeto del decomiso es también uno solo".
Extenderlo a estos acusados no implica "una duplicación de lo ya decomisado". El monto deberá volver a actualizarse cuando llegue el momento de ejecutarlo.
La sentencia aclara que luego se decidirá "el orden de prelación entre los obligados" para pagar lo que no se cubrió.
También se tendrá en cuenta la incidencia de lo que ya se haya recuperado en el primer tramo de la causa. En ese primer juicio fueron condenados Cristina Kirchner y Lázaro Báez.
