Atropelló a un motociclista y se fue: la Justicia aumentó la indemnización por daños
La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II, elevó la indemnización por daño moral que deberá recibir un motociclista atropellado por una médica que cruzó un semáforo en rojo y luego intentó escapar del lugar del accidente. El tribunal fijó ese resarcimiento en el equivalente en pesos a 23.500 dólares, al considerar que la conducta de la conductora agravó las consecuencias extrapatrimoniales del hecho.
El fallo, dictado el 29 de octubre de 2026 en la causa "D. C. G. c/ A. M. P. y otro s/ daños y perjuicios", también modificó otros aspectos de la sentencia de primera instancia. En particular, redujo de $70 millones a $52.621.139,20 la indemnización por incapacidad sobreviniente, aunque mantuvo los montos reconocidos por gastos médicos, traslados y lucro cesante.
La condena alcanza tanto a la conductora como a La Meridional Compañía de Seguros S.A., citada en garantía.
Cómo fue el accidente y por qué la conductora fue condenada
El accidente ocurrió el 18 de mayo de 2023, alrededor de las 16.20, en el cruce de las calles Alberti y Mitre, en Mar del Plata. El motociclista circulaba por Alberti a bordo de una Yamaha FZ16, mientras que la demandada avanzaba por Mitre en una Jeep Renegade.
La principal controversia durante el juicio estuvo relacionada con quién tenía habilitado el paso del semáforo. Mientras el motociclista sostuvo que cruzaba con luz verde, la conductora afirmó que tenía prioridad.
Sin embargo, la Cámara consideró acreditado, a partir de un informe elaborado por personal policial en el expediente penal, que la mujer inició el cruce sin estar habilitada por la señal lumínica.
A ese comportamiento se sumó lo ocurrido inmediatamente después del impacto. Según quedó probado en la causa, la conductora detuvo su vehículo, descendió y observó al motociclista tendido en el suelo con una fractura expuesta. Luego volvió a subir a su camioneta, dobló por calle Gascón e intentó abandonar el lugar.
La fuga fue frustrada cuando un móvil policial la interceptó en las inmediaciones.
Para los jueces, esa conducta tuvo una relevancia particular porque la demandada es médica especialista en cirugía plástica. La Cámara consideró que no se trató solamente de una infracción de tránsito, sino también de un comportamiento posterior especialmente reprochable, al retirarse sabiendo que había una persona herida.
Por qué la Cámara aumentó el daño moral a u$s23.500
El tribunal entendió que los $20 millones establecidos en primera instancia no reflejaban adecuadamente las circunstancias del accidente ni los padecimientos que atravesó la víctima.
Para fundamentar el incremento, los camaristas analizaron tanto las lesiones físicas como las consecuencias psicológicas que quedaron acreditadas mediante las pericias incorporadas al expediente.
El motociclista sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné derechos. Inicialmente debió ser inmovilizado con un yeso y luego fue internado en el Hospital General de Agudos Dr. T. Álvarez, donde le realizaron una intervención quirúrgica mediante la colocación de una placa y tornillos.
La recuperación presentó complicaciones. El paciente tuvo infecciones reiteradas, nuevas internaciones y procedimientos quirúrgicos para retirar fragmentos óseos. También recibió tratamiento por osteomielitis y debió continuar con controles médicos durante meses.
A esas consecuencias se sumaron secuelas estéticas y síntomas compatibles con estrés postraumático.
La pericia psicológica, por su parte, diagnosticó un trastorno de adaptación mixto, con ansiedad y estado de ánimo deprimido persistente. El informe describió:
- Nerviosismo constante e inquietud
- Dificultades para relajarse
- Pensamientos intrusivos
- Problemas para dormir
Pero la Cámara puso especial atención en la actitud de la conductora después del choque.
En ese sentido, sostuvo que su comportamiento no solo había sido ilícito desde el momento en que cruzó con el semáforo en rojo, sino que también resultaba moralmente reprochable por haber abandonado la escena a sabiendas de que había una persona lesionada.
Los jueces consideraron que la condición profesional de médica de la demandada agravaba las circunstancias del episodio.
Para establecer el nuevo monto, la Sala II recurrió a un criterio de satisfacción sustitutiva y fijó el daño moral en el equivalente a 23.500 dólares, tomando como referencia el precio de un Peugeot 2008 1.0T Active CVT del año correspondiente al momento de liquidar la deuda.
La conversión a pesos deberá realizarse durante la etapa de ejecución de sentencia. Para ello, se utilizará el tipo de cambio oficial para la venta o el dólar MEP, según cuál resulte más elevado.
El tribunal también estableció que los intereses deberán calcularse con la tasa pasiva más alta del Banco Provincia para depósitos en dólares a 30 días hasta la conversión a moneda nacional. Si posteriormente se produce una demora en el pago, se aplicará la tasa activa dispuesta en primera instancia.
Cuánto deberá pagar la conductora por incapacidad y otros daños
La sentencia original había reconocido una indemnización total de $105.811.300, distribuida entre distintos conceptos. Tanto el motociclista como la demandada y la aseguradora apelaron los montos.
Uno de los principales puntos de discusión fue la actividad laboral de la víctima. El hombre trabajaba como repartidor para plataformas digitales y sostenía que el accidente le había impedido continuar con esa tarea.
La demandada y la compañía de seguros cuestionaron que esa actividad estuviera acreditada. Sin embargo, la Cámara rechazó ese planteo.
Los jueces observaron que el motociclista transportaba una caja de pedidos y una mochila amarilla característica de las utilizadas para realizar repartos. Esos elementos aparecían documentados en las actuaciones policiales y en las fotografías incorporadas al expediente.
Para el tribunal, esa prueba resultaba suficiente para tener por acreditado que realizaba tareas de delivery.
Sin embargo, no consideró demostrado cuánto tiempo trabajaba ni cuáles eran sus ingresos efectivos.
El actor pretendía que se utilizara como referencia salarial el Convenio Colectivo de Trabajo 722/15, correspondiente a la actividad de motociclistas mensajeros, y reclamaba una base mensual de $950.000.
La Cámara rechazó ese pedido porque el convenio contempla jornadas de 45 horas semanales y nueve horas diarias, mientras que el expediente no contenía pruebas sobre la cantidad de horas que trabajaba el motociclista.
Los jueces también señalaron que, al tratarse de repartos mediante aplicaciones, el actor podría haber acompañado los registros electrónicos de los viajes realizados y las ganancias obtenidas durante los meses anteriores al accidente.
Ante la falta de esa documentación, consideraron correcto utilizar el Salario Mínimo, Vital y Móvil como referencia para calcular la indemnización.
La indemnización por incapacidad se redujo a $52,6 millones
La Cámara también modificó el cálculo del daño psicofísico, que en primera instancia había sido fijado en $70 millones.
El tribunal cuestionó que el juez de grado hubiera mencionado distintas fórmulas matemáticas para calcular la indemnización —Méndez, Vuoto y Acciarri— sin explicar cuál había utilizado ni cómo había llegado al monto final.
Por ese motivo, realizó un nuevo cálculo mediante la fórmula Acciarri, tomando en cuenta la edad del motociclista, que tenía 50 años, y una incapacidad psicofísica del 72,18%.
También utilizó como ingreso anual presunto $4.356.000, equivalente a 12 salarios mínimos de $363.000, y proyectó la capacidad productiva hasta los 75 años.
El cálculo arrojó $47.837.399,26. A esa suma le agregó un 10% por la pérdida de otras aptitudes productivas con valor económico, lo que llevó la indemnización a $52.621.139,20.
La Cámara rechazó, además, el pedido del actor para que el daño psicológico fuera indemnizado como un rubro autónomo. Consideró que la incapacidad psíquica del 20% ya había sido contemplada dentro del cálculo conjunto del daño psicofísico.
Qué pasó con los gastos médicos, los traslados y el lucro cesante
Los camaristas mantuvieron los $725.300 reconocidos por gastos médicos, medicamentos, farmacia y rehabilitación, pese a que ambas partes cuestionaron ese monto.
La demandada sostenía que el motociclista se había atendido en hospitales públicos y no había presentado comprobantes de los gastos. Sin embargo, la Cámara recordó que este tipo de erogaciones puede presumirse a partir de la naturaleza y gravedad de las lesiones.
En el expediente estaban acreditados los tratamientos farmacológicos, estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y elementos de rehabilitación que necesitó el paciente.
Tampoco prosperó el reclamo del actor para elevar la indemnización por traslados. La primera instancia había reconocido $518.000, considerando los desplazamientos que debió realizar para recibir atención médica.
El tribunal entendió que esa suma resultaba razonable, especialmente porque el demandante no había acompañado comprobantes ni un detalle de los viajes realizados.
En cuanto al lucro cesante, se mantuvieron los $13.068.000 reconocidos originalmente. La Cámara volvió a utilizar el salario mínimo como referencia, ante la falta de documentación que permitiera determinar los ingresos efectivos del repartidor.
También rechazó el pedido de una indemnización adicional por cuidados domiciliarios futuros y tratamiento psicológico. En ambos casos, consideró que esos conceptos no habían sido reclamados de manera concreta en la demanda o no contaban con la prueba necesaria para justificar su reconocimiento.
La Cámara declaró nulo un planteo de la abogada de la aseguradora
Otro aspecto relevante del fallo estuvo relacionado con la representación legal de la conductora y la compañía de seguros.
Ambas habían sido representadas por la misma abogada, Milagros Sanguinetti, quien cuestionó que la sentencia extendiera la condena a la aseguradora tomando como referencia los valores vigentes al momento de la valuación judicial del daño.
La Cámara consideró que ese planteo generaba un conflicto de intereses entre sus dos representadas.
Explicó que la aseguradora pretendía limitar su responsabilidad a los montos nominales establecidos en la póliza, mientras que la conductora tenía un interés diferente: evitar que una parte de la indemnización debiera ser afrontada con su propio patrimonio.
Para los jueces, defender simultáneamente esas posiciones podía afectar el derecho de defensa de la demandada.
En respaldo de esa decisión, citaron el precedente "Albarracín" de la Suprema Corte bonaerense, que establece pautas para evitar conflictos de intereses cuando un mismo abogado representa a litigantes con posiciones contrapuestas.
Por ese motivo, declararon la nulidad absoluta del planteo presentado sobre la extensión de la cobertura y lo tuvieron por no escrito. Además, llamaron la atención a la abogada y le solicitaron que no vuelva a incurrir en ese tipo de comportamientos.