La Justicia fijó un régimen de visitas para una perra tras la separación de sus dueños
Un fallo de Viedma reconoció el vínculo afectivo con una mascota y fijó períodos de convivencia alternada tras la separación de una pareja.
Un Juzgado de Familia de Viedma resolvió que un hombre y su expareja compartan el cuidado de una perra de 10 años que ambos criaron durante casi una década. La jueza consideró que no era determinante quién había recibido al animal como regalo, sino el vínculo socioafectivo construido a lo largo de los años y la participación de ambos en su crianza y cuidado.
La sentencia estableció un régimen de convivencia alternada: la perra permanecerá una semana en el domicilio del hombre y dos semanas en el de la mujer. Además, dispuso que los gastos de traslado sean afrontados por ambas partes en iguales proporciones y que se comuniquen cualquier problema de salud o necesidad de atención veterinaria.
El fallo fue dictado la titular del Juzgado de Familia N.º 11 de Viedma, Paula Fredes, en el expediente iniciado por el hombre después de que su expareja interrumpiera los contactos con la mascota.
La resolución se conoció en momentos en que el Gobierno nacional analiza una reforma del Código Civil y Comercial para incorporar disposiciones sobre el reconocimiento jurídico de los animales y su lugar dentro de las relaciones familiares. Hace unos días, el Ministerio de Justicia creó una comisión especial que deberá elaborar un anteproyecto para modificar la legislación vigente.
Por qué el hombre reclamó judicialmente poder ver a la perra
El demandante relató que mantuvo una relación de pareja de aproximadamente 14 años con la mujer, con quien convivió durante cinco años. Según expuso, ambos incorporaron a la perra a su proyecto familiar cuando era cachorra, en 2016, y compartieron durante años su alimentación, cuidados y atención veterinaria.
Después de la separación, ocurrida a comienzos de 2025, el animal permaneció inicialmente bajo el cuidado del hombre. Posteriormente, las partes organizaron un esquema para que pasara una semana en cada domicilio, con traslados realizados por una tercera persona.
Sin embargo, según la demanda, en diciembre de 2025 la mujer interrumpió esos contactos. El hombre sostuvo que esa decisión le impedía continuar con un vínculo afectivo que había mantenido durante casi diez años y solicitó judicialmente que se estableciera un régimen de comunicación.
También pidió que los traslados fueran realizados por terceros para evitar conflictos entre ambos y reclamó una reparación por daño moral.
Qué argumentó la expareja sobre la propiedad y el cuidado del animal
La mujer solicitó el rechazo de la demanda. Entre sus argumentos, sostuvo que no existe en la legislación argentina una acción autónoma que permita reclamar un régimen de comunicación con animales de compañía ni una regulación específica sobre su cuidado después de una separación.
También cuestionó que la perra hubiera sido adoptada conjuntamente. Afirmó que se la habían regalado exclusivamente a ella en 2016, cuando todavía no convivía con el demandante, y que el animal provenía de personas cercanas a su familia.
No obstante, reconoció que su expareja había aceptado a la perra como parte de la familia y que ambos la habían criado con afecto.
La demandada negó haber impedido el contacto y sostuvo que había intentado coordinar los encuentros. También manifestó que los traslados habían generado situaciones de malos tratos con familiares del hombre, por lo que decidió recurrir a una persona intermediaria.
Finalmente, expresó que no tenía inconvenientes en que su expareja compartiera tiempo con la mascota, siempre que los contactos se desarrollaran de manera voluntaria, gradual y sin conflictos.
Los fundamentos de la jueza: el vínculo socioafectivo y la familia multiespecie
La magistrada consideró que la discusión no debía centrarse exclusivamente en determinar quién era el propietario de la perra, sino en analizar la relación que ambas partes habían construido con ella a lo largo de los años.
Para fundamentar su decisión, tuvo en cuenta las declaraciones de los testigos, quienes coincidieron en que el animal había formado parte del proyecto familiar antes y durante la convivencia. También señalaron que ambos se ocupaban de sus cuidados, controles veterinarios y alimentación.
La jueza reconoció que la perra había sido obsequiada a la mujer, pero sostuvo que esa circunstancia no resultaba suficiente para atribuirle exclusivamente la posibilidad de decidir sobre el vínculo con el otro integrante de la pareja.
En ese sentido, destacó que los animales no pueden ser considerados simples objetos, ya que son seres sintientes capaces de generar vínculos con las personas con las que mantienen contacto habitual.
Otro elemento considerado fue la relación que la perra había desarrollado con la hija pequeña de la demandada. Para la magistrada, esa circunstancia demostraba su capacidad de generar nuevos lazos afectivos incluso en una etapa avanzada de su vida.
Uno de los fundamentos centrales fue el concepto de socioafectividad, que permite reconocer relaciones basadas en el afecto y los vínculos construidos, más allá de los lazos biológicos o de propiedad.
La jueza también recurrió a la noción de familia interespecie, que contempla los vínculos entre seres humanos y animales como parte de una organización familiar.
Para ello, mencionó antecedentes judiciales vinculados con el reconocimiento de los animales como seres sintientes, entre ellos el caso de la orangutana Sandra, en el que la Cámara Federal de Casación Penal utilizó la categoría de persona no humana en el marco de una discusión sobre su situación jurídica.
También citó decisiones que homologaron acuerdos sobre el cuidado y la comunicación con mascotas después de divorcios o separaciones. En particular, mencionó un fallo de 2024 de la Cámara Nacional en lo Civil, Sala L, que reconoció la competencia de un Juzgado de Familia para intervenir en cuestiones relacionadas con el cuidado de una mascota después de un divorcio.
A partir de esos antecedentes, Fredes sostuvo que el fuero de Familia puede intervenir para organizar el cuidado de los animales que formaron parte de un proyecto familiar, aunque la legislación vigente no contemple un régimen específico de visitas para mascotas.
Cómo será el régimen de comunicación con la perra
La jueza resolvió mantener el sistema de contacto que las partes habían acordado provisoriamente durante el proceso judicial, al considerar que era el que mejor se adaptaba a las necesidades del animal.
El esquema establecido contempla las siguientes condiciones:
- Una semana con el hombre: la perra permanecerá en su domicilio durante siete días, desde el viernes hasta el viernes siguiente
- Dos semanas con la mujer: después de ese período, será trasladada a la vivienda de su expareja, donde permanecerá durante dos semanas consecutivas
- Traslados: estarán a cargo de una tercera persona, que podrá ser L.M.F. o alguien contratado posteriormente
- Gastos: ambas partes deberán afrontar en partes iguales los costos de los traslados
- Atención veterinaria: deberán informarse rápidamente ante cualquier problema de salud, necesidad de atención veterinaria o situación de urgencia que pueda poner en riesgo la vida o la salud del animal
La magistrada explicó que no correspondía establecer períodos iguales para cada integrante de la expareja, como había solicitado el demandante, porque el régimen debía contemplar las condiciones particulares de la perra.
En ese punto, destacó que tiene 10 años, es de gran tamaño y presenta dificultades para los traslados. Por eso, consideró que la estabilidad y el bienestar del animal debían orientar la decisión.
La sentencia señaló que el derecho de ambas partes a mantener el vínculo con la mascota debía ejercerse de acuerdo con esas necesidades y no exclusivamente en función de las pretensiones de los adultos.
Qué resolvió la Justicia sobre el reclamo por daño moral
El fallo hizo lugar parcialmente a la demanda en lo referido al régimen de comunicación, pero no resolvió el reclamo por daño moral.
La jueza explicó que el Juzgado de Familia no tiene competencia para tratar ese tipo de pretensión, de acuerdo con el artículo 8, inciso e, del Código Procesal de Familia de Río Negro, que limita la intervención en materia de responsabilidad civil a los daños derivados de la filiación.
Por ese motivo, indicó que el demandante deberá presentar ese reclamo ante la vía y el tribunal que correspondan.
Las costas del proceso fueron impuestas en el orden causado, por lo que cada parte deberá afrontar sus propios gastos.
El Gobierno analiza cambios en el Código Civil para regular el lugar de las mascotas en las familias
El caso judicial se inscribe en un debate sobre el tratamiento legal de los animales que el Gobierno nacional busca abordar mediante una eventual reforma del Código Civil y Comercial.
A través de la Resolución 548/2026 del Ministerio de Justicia, publicada en el Boletín Oficial, se creó una comisión especial que tendrá a su cargo la elaboración de un anteproyecto de ley para proponer modificaciones a la normativa vigente.
Entre los temas que deberá analizar se encuentran el reconocimiento jurídico de los animales, la familia multiespecie y las situaciones que se presentan cuando termina un matrimonio o una unión convivencial y las partes deben determinar quién queda a cargo de una mascota.
Actualmente, el Código Civil y Comercial no contiene disposiciones específicas sobre el régimen de cuidado y comunicación de los animales de compañía después de una separación. Su tratamiento jurídico continúa vinculado con la categoría de cosas muebles semovientes.
La comisión tendrá una integración interdisciplinaria, con representantes del Gobierno, especialistas en derecho animal, integrantes del ámbito judicial y organizaciones de la sociedad civil. Su coordinación estará a cargo de Martín Cardone, director nacional de Asistencia Técnica y Apoyo a las Justicias Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El equipo deberá presentar el anteproyecto dentro de los 45 días corridos posteriores a su primera reunión formal. La Secretaría de Justicia podrá conceder una prórroga por un período equivalente, si existe un pedido fundado del coordinador.