Un fallo de la Corte bonaerense determinó que las vacaciones que no se toman, se pierden

Lo resolvió la Suprema Corte de Justicia bonaerense al rechazar el planteo de un expolicía que aseguraba que no le dieron descanso durante 9 años
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La Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó un reclamo millonario que había realizado un policía retirado por vacaciones presuntamente no gozadas durante nueve años y recordó el carácter obligatorio del descanso anual y la prohibición de su acumulación a lo largo del tiempo.

El máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires revocó una sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás e hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la Fiscalía de Estado.

Por mayoría, se estableció que, al momento del retiro, sólo pueden compensarse en dinero las licencias del último año y el proporcional del período en curso.

De esta forma, el fallo pone un límite estricto a los cientos de procesos judiciales iniciados por licencias anuales no gozadas (LANU) dentro de la fuerza policial e impacta en numerosos litigios contra el Estado provincial, según indicaron fuentes judiciales.

El origen de la demanda

El expediente se inició en febrero de 2022, luego de que el policía Ricardo Barrera pasara a retiro activo voluntario el 4 de junio de 2021. Al dejar la fuerza, el Ministerio de Seguridad le había liquidado 45 días de vacaciones correspondientes al período 2019/2020 y 26 días proporcionales a 2020/2021.

Sin embargo, el exefectivo acudió a la Justicia exigiendo el cobro de un total de 344 días acumulados a lo largo de su carrera, a valores actualizados más intereses, y alegó que año tras año le habían sido denegados por "razones de servicio".

En primera instancia, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Junín admitió parcialmente el reclamo y reconoció 247 días anteriores a 2019/2020. Luego, en diciembre de 2022, la Cámara de San Nicolás entendió que se le debían reconocer 273 días.

Frente a ello, la Fiscalía de Estado denunció "gravedad institucional" y advirtió sobre una práctica extendida en la fuerza que, según sostuvo, "tergiversa la finalidad del descanso anual para convertirlo en un mecanismo de lucro a costa del erario público".

El criterio de la mayoría: caducidad y fin higiénico del descanso

El voto que lideró el acuerdo estuvo a cargo de la jueza Hilda Kogan, al que adhirieron:

  • Daniel Soria
  • Fernando Mancini
  • María Florencia Budiño

La mayoría fundamentó su postura en la ley provincial 13.982, que regula el régimen del personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y su decreto reglamentario 1.050/09 (arts. 43, 44 y 81). Estas normas establecen que la licencia ordinaria anual es obligatoria, no acumulable y caduca una vez vencido el período correspondiente, salvo una única prórroga excepcional al año siguiente por razones imperiosas del servicio.

Kogan enfatizó que el instituto de las vacaciones tiene una "finalidad higiénica y psicofísica" respaldada por convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que la ley no busca generar ahorros indemnizables.

En ese sentido, citó jurisprudencia del máximo tribunal para afirmar que las normas "no procuran la acumulación de períodos de vacaciones no gozadas con el objeto de atesorar un crédito en favor del agente cesante, sino que se haga efectivo el descanso en forma oportuna".

"No es el derecho a las vacaciones protegido por el artículo 14 bis de la Constitución nacional lo que se discute en la causa, sino la legitimidad de la percepción de una compensación pecuniaria sustitutiva de períodos de licencia que no se hubieran gozado oportunamente", precisó la magistrada.

Para la mayoría, al haberse retirado en junio de 2021 y haber cobrado el último período más el proporcional del año en curso, el Estado ya había cumplido con la ley. Además, Kogan señaló que la Cámara incurrió en absurdo probatorio al dar por ciertos nueve años consecutivos de negativas basándose únicamente en una planilla administrativa genérica con una nota al pie, sin constancias documentales de los pedidos ni de las denegatorias.

Por su parte, el juez Soria acompañó el voto y subrayó que la literalidad del artículo 81 del decreto 1.050/09 —incluso antes de la reforma aclaratoria introducida en 2023— utiliza la voz singular al referirse a la "licencia anual ordinaria no gozada" al momento del cese, confirmando que solo se adeuda el período inmediato anterior y el proporcional del año de baja.

La disidencia de Torres: el Estado no puede beneficiarse de su propio incumplimiento

En una postura diametralmente opuesta, el presidente de la Suprema Corte, Sergio Torres, votó por rechazar el recurso de la Provincia y confirmar la procedencia del reclamo dentro del plazo quinquenal de prescripción.

Para el magistrado, aplicar de manera automática el límite de un año cuando fue la propia administración la que impidió el descanso constituye una injusticia que vacía de contenido el artículo 14 bis de la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.

Torres argumentó que trasladar al policía la carga de tener que iniciar un juicio cada año que le niegan las vacaciones genera un efecto amedrentador (chilling effect) sobre sus derechos laborales. Asimismo, invocó la teoría de las cargas probatorias dinámicas: dado que los legajos y registros de servicio están en poder del Ministerio de Seguridad, es el Estado quien debe probar si las negativas estuvieron justificadas y no el trabajador quien debe cargar con la falta de respaldos en los archivos oficiales.

Una tercera vía: responsabilidad estatal lícita y prescripción bianual

Por su parte, el juez Mario Kohan planteó un enfoque intermedio que tampoco prosperó en el resultado final, pero aportó una mirada doctrinaria diferenciada. El magistrado coincidió en que el decreto reglamentario no habilita la acumulación indefinida de vacaciones, pero advirtió que la obligatoriedad del descanso es un deber correlativo del Estado.

Según su análisis, cuando la Policía niega licencias por razones de servicio, aun actuando de manera lícita en aras de la seguridad pública, impone al agente un "sacrificio especial" que rompe el principio de igualdad ante las cargas públicas y genera un daño indemnizable. No obstante, encuadró esa reparación en las reglas de la responsabilidad extracontractual, aplicando un plazo de prescripción de dos años contados desde el vencimiento de cada período no gozado, por lo que propuso declarar prescriptos todos los reclamos anteriores a 2018.

Sin embargo, se impuso el voto mayoritario de los otros cuatro jueces y se ratificó la vigencia de la doctrina de la Suprema Corte frente a los criterios más flexibles que venían aplicando algunas cámaras departamentales.