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Indemnizaciones: un fallo clave puso límites a la actualización de los juicios pendientes

El Tribunal Superior de Justicia porteño respaldó la reforma laboral y avaló el nuevo sistema de actualización de créditos en juicios pendientes

19/11/2026
Actualizado 07:09hs

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) avaló la constitucionalidad de un artículo clave de la Ley de Modernización Laboral y puso un límite a la actualización de las indemnizaciones en los juicios laborales que todavía no tienen sentencia definitiva.

En un fallo dividido, el máximo tribunal porteño hizo lugar al recurso presentado por Banco Hipotecario S.A., revocó una sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y convalidó el artículo 55 de la Ley 27.802, que establece un nuevo mecanismo para calcular los intereses y actualizar los créditos laborales en causas pendientes.

La decisión tiene un fuerte impacto económico y judicial porque establece una pauta para calcular las sumas reclamadas en miles de litigios laborales, en un escenario atravesado por la inflación y las diferencias entre los criterios de actualización aplicados por los tribunales.

El caso se originó en una demanda por despido contra Banco Hipotecario S.A. y Aegis Argentina S.A. La trabajadora se consideró despedida en marzo de 2017 por irregularidades en la registración de su relación laboral, iniciada en 2005.

La Sala IX de la Cámara Nacional del Trabajo había confirmado la condena solidaria contra las empresas y declarado inconstitucionales las leyes 23.928 y 25.561, que prohíben la indexación. En consecuencia, dispuso actualizar el crédito mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, más un interés puro del 3% anual.

El banco cuestionó esa decisión ante el TSJ por considerarla arbitraria y contraria a los criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Oliva" y "Lacuadra", en los que se descalificaron mecanismos de actualización que generaban resultados desproporcionados.

Qué establece la reforma laboral para actualizar las indemnizaciones

Durante la tramitación del expediente, el 6 de marzo de 2026 entró en vigencia la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que introdujo dos mecanismos diferentes para actualizar los créditos derivados de relaciones de trabajo.

Por un lado, el artículo 54 estableció un régimen general que contempla la actualización por inflación más un interés anual del 3%. Por otro, el artículo 55 fijó un sistema transitorio, de orden público, aplicable a los juicios que se encontraban en trámite, incluidos aquellos con recursos de queja pendientes.

Este último artículo fue el que quedó bajo análisis del tribunal porteño.

La norma dispone que los créditos laborales pendientes se actualicen mediante la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina (BCRA), aunque establece límites para evitar resultados extremos.

En concreto, el cálculo no puede superar el capital histórico actualizado por IPC más un interés anual del 3%. Al mismo tiempo, garantiza un piso equivalente al 67% del resultado de esa fórmula.

De esta manera, el legislador buscó establecer parámetros uniformes para determinar cuánto deben pagar los empleadores en los litigios laborales pendientes.

La trabajadora cuestionó la constitucionalidad del artículo 55 porque consideró que el nuevo esquema reducía el valor de su crédito y vulneraba derechos protegidos por la Constitución, entre ellos el derecho de propiedad, el principio protectorio del artículo 14 bis y la igualdad frente a los acreedores civiles y comerciales.

Por qué el TSJ consideró constitucional el nuevo sistema

La mayoría del Tribunal Superior de Justicia estuvo integrada por Marcela De Langhe y Santiago Otamendi, con el voto concurrente de la presidenta del cuerpo, Inés M. Weinberg.

Los magistrados rechazaron el planteo de inconstitucionalidad y respaldaron la facultad del Congreso para establecer reglas específicas de actualización de los créditos laborales.

En sus fundamentos, De Langhe y Otamendi recordaron que declarar inconstitucional una ley constituye un remedio de ultima ratio, reservado para situaciones en las que existe una contradicción manifiesta con la Constitución.

Desde esa perspectiva, entendieron que el Congreso actuó dentro de sus atribuciones al establecer un mecanismo destinado a ordenar un escenario caracterizado por la elevada inflación y la disparidad de criterios judiciales.

También descartaron que el régimen vulnerara el principio de igualdad, al considerar que el legislador puede establecer tratamientos diferenciados entre los créditos laborales y las deudas civiles o comerciales, siempre que exista una justificación razonable.

Otro de los puntos centrales del fallo fue el análisis del derecho de propiedad.

La mayoría sostuvo que la trabajadora no tenía un derecho adquirido a percibir intereses calculados mediante una fórmula que no había quedado establecida por una sentencia firme.

Para justificar el piso del 67%, los magistrados recurrieron a la doctrina de la Corte Suprema en los precedentes "Vizzoti" y "Sosa", vinculados con los límites constitucionales de las reducciones patrimoniales.

Según esa interpretación, el mecanismo establecido por el Congreso no resulta confiscatorio porque garantiza una proporción superior a los dos tercios del crédito calculado mediante la fórmula de referencia.

En su voto concurrente, Weinberg puso el acento en la previsibilidad que aporta la nueva legislación.

La presidenta del TSJ destacó que contar con reglas claras permite anticipar el costo económico de los litigios y compatibilizar la protección de los derechos de los trabajadores con la preservación del empleo.

La posición mayoritaria también se apoyó en los criterios de la Corte Suprema expresados en el reciente precedente "Cabana Opanasiuk".

La disidencia: cuánto pierden los trabajadores con la nueva fórmula

La decisión no fue unánime. Los jueces Luis Francisco Lozano y Alicia Ruiz votaron por declarar inconstitucional el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral.

Para ambos magistrados, el nuevo sistema perjudica a los trabajadores que iniciaron sus demandas antes de la entrada en vigencia de la reforma y afecta su condición de sujetos de preferente tutela constitucional.

Uno de los argumentos más relevantes de la disidencia fue la comparación entre la evolución de la inflación y las distintas tasas de actualización durante el período comprendido entre marzo de 2017 y agosto de 2026.

Según los jueces disidentes, la tasa pasiva del Banco Central acumuló una variación equivalente aproximadamente a la mitad de la inflación, lo que demuestra que su aplicación puede provocar una pérdida sustancial del valor de los créditos laborales.

En ese contexto, consideraron que el piso del 67% establecido por la ley no alcanza para reparar adecuadamente el perjuicio.

Lozano y Ruiz también cuestionaron la utilización del precedente "Vizzoti" para justificar el límite.

Recordaron que, en aquel caso, la Corte Suprema había utilizado el porcentaje del 67% como una garantía para evitar reducciones excesivas de las indemnizaciones tarifadas.

En cambio, sostuvieron que la nueva legislación utiliza ese mismo porcentaje para convalidar una disminución de los intereses acumulados durante el juicio, con efectos perjudiciales sobre derechos originados antes de su sanción.

Por esos motivos, propusieron aplicar la Tasa de Intereses Moratorios del Banco Central, que durante el período analizado registró una evolución superior a la inflación.

Qué cambia para las empresas y los juicios laborales pendientes

Con tres votos a favor y dos en contra, el TSJ resolvió revocar la sentencia de la Cámara Nacional del Trabajo y ordenar que los accesorios del crédito reclamado se calculen de acuerdo con el artículo 55 de la Ley 27.802.

También dispuso distribuir las costas por su orden.

La decisión representa un respaldo judicial relevante para uno de los aspectos económicos más sensibles de la reforma laboral: el costo de los juicios pendientes.

Para las empresas que enfrentan litigios laborales, el nuevo mecanismo permite contar con parámetros legales para estimar las sumas que eventualmente deberán afrontar.

Para los trabajadores que mantienen reclamos judiciales, en cambio, la aplicación del régimen transitorio puede significar una actualización inferior a la que surgiría de utilizar el IPC más un interés anual del 3%.

El fallo también vuelve a poner en discusión el equilibrio entre la protección del crédito laboral y la necesidad de evitar condenas que, por la acumulación de intereses, puedan resultar desproporcionadas.

La sentencia tuvo repercusión en el Gobierno porteño. El ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, celebró la decisión a través de su cuenta en la red social X.

"Fallo relevante de nuestro Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que ratifica la constitucionalidad del art 55 de la reciente Ley Laboral, que traerá previsibilidad y equilibrio en las actualizaciones de los créditos laborales", expresó.

Aunque el pronunciamiento se dictó en el marco de una controversia particular, sus fundamentos constituyen un antecedente relevante para otros expedientes en los que se discuta la aplicación del nuevo régimen.

La discusión sobre cómo actualizar los créditos laborales está lejos de cerrarse, especialmente por la diferencia de criterios que quedó expuesta entre los integrantes del tribunal.

Por ahora, el TSJ porteño dejó sentada una posición mayoritaria: el Congreso puede establecer límites a la actualización de los créditos reclamados judicialmente y el piso del 67% previsto por la reforma laboral no resulta, por sí mismo, contrario a la Constitución.