Apartaron al juez que investigaba las cuentas del lí­der de SMATA

Después de seis años de investigaciones el juez Luis Rodrí­guez, que procesó al lí­der sindical José Rodrí­guez por irregularidades en la obra social del SMATA, fue apartado de la causa.Tres fiscales investigan si el titular de SMATA tiene cuentas bancarias secretas en Suiza y Alemania y sobre las denuncias de administración fraudulenta por la quiebra de esa obra social, según informó Clarí­n.El juez Rodrí­guez comenzó en el 2001 a investigar una denuncia contra la OSMATA, la obra social del sindicato de mecánicos.En el 2004, este magistrado procesó a Rodrí­guez y a otras dos personas por administración fraudulenta de esa obra social, pero luego la Sala VI de la Cámara del Crimen revocó esa medida, ordenó una serie de medidas de prueba y dispuso ampliar la indagatoria del sindicalista como sospechoso para definir su situación procesal y también las de sus dos hijas vinculadas al gremio.Poco después un colega del juez Rodrí­guez, Fernando Caunedo, le pidió que se inhibiera porque tení­a otra causa contra el SMATA. Rodrí­guez se negó porque era el juez preventor original del caso.Caunedo aceptó el criterio de Rodrí­guez, pero los abogados del sindicalista del estudio Righi y asociados apelaron, mientras crece el riesgo de la prescripción por el tiempo transcurrido. Esteban Righi renunció a su estudio cuando en el 2004 asumió como procurador general. La Cámara rechazó la medida pero la defensa fue a la Cámara de Casación, que ordenó considerar su reclamo. Finalmente, el 28 de agosto la Cámara del Crimen le sacó el caso al juez Rodrí­guez, que tení­a todo listo para indagar nuevamente al gremialista, y se lo dio al juez subrogante Alejandro Cilleruelo, quien reemplaza provisoriamente a Caunedo, según precisó el mismo matutino.Habrá que ver ahora la voluntad de investigar de Cilleruelo, sobre todo cuando la fiscal de Instrucción Mariana Garcí­a amplió las acusaciones de su colega Mónica Cuñarro.En una resolución la fiscal Garcí­a desmenuzó cómo empresas intermediarias manejadas por las hijas de Rodrí­guez tercerizaron los servicios de la obra social. Por ejemplo, afirma que la empresa Roma Consulting, integrada por Alejandra y Andrea Rodrí­guez, reclamó pagos de la obra social por tareas de asesoramiento al sanatorio San Cayetano, que dirigí­a la primera.Más adelante, la fiscal Garcí­a dijo que el servicio gastronómico del sanatorio San Cayetano del SMATA se le concedió en el 2001 a la empresa Strudel, integrada por Andrea Rodrí­guez. Diez meses después la obra social revocó el contrato y le concedió una indemnización de 800 mil pesos/dólares. "Otra vez la doctora Rodrí­guez (con el consentimiento de su padre) se prestó un servicio a sí­ misma, esta vez de gastronomí­a, como lo hizo antes asesorándose a partir de Roma Consulting", afirmó la fiscal.