El Gobierno congeló el 40% de las causas radicadas en el CIADI

Pese a haberse conocido en octubre pasado un nuevo reclamo de dos empresas españolas contra el estado nacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el Estado logró, entre suspensiones y desistimientos de procesos, congelar el 40% de los reclamos presentados ante ese tribunal de arbitraje del Banco Mundial.Además, la Argentina también podrí­a obtener indemnidad en la última condena dictada por ese tribunal: se trata del reclamo de la norteamericana Sempra Energy -accionista de Camuzzi Gas del Sur-, que resultó acreedora de una indemnización por poco más u$s128 millones.Sucede que, de acuerdo a lo informado por la Unidad de Renegociación y Análisis de los Contratos de Servicios Públicos (Uniren), los acuerdos de renegociación suscriptos este año entre la empresa licenciataria Camuzzi Gas del Sur y el Estado nacional contemplan indemnidades a favor de la Argentina ante posibles efectos de una decisión arbitral adversa.Consultado por infobaeprofesional, Osvaldo Guglielmino, procurador del Tesoro, dijo que una vez que finalice el acuerdo de negociación tarifaria, Camuzzi pagará el laudo condenatorio a Sempra manteniendo indemne a la Argentina.El mapa de los reclamosEl aluvión de demandas internacionales contra el Estado, a raí­z de la declaración de emergencia económica y la "pesificación" de las tarifas de empresas de servicios públicos empezó en febrero de 2002. La inestabilidad polí­tica y económica alentó los argumentos de las empresas extranjeras que reclamaron por las tarifas "devaluadas".Hasta el momento, de las 41 causas que tiene la Argentina como demandada ante ese tribunal se dictó un total de siete laudos adversos. Uno de esos laudos se dio en el expediente iniciado por CMS Gas Transmission Company. Allí­, la empresa norteamericana se hizo acreedora de la suma de u$s133 millones, más intereses y costas, por la forma en que la ley de emergencia argentina reguló el modo de cálculo de las tarifas.Aunque en el proceso la Argentina pidió la nulidad del laudo, en septiembre pasado el Comité de Anulación del CIADI confirmó la condena.Otra de las demandas que prosperó fue la de LG&E. En julio pasado, el tribunal arbitral dictó sentencia condenando a la Estado nacional al pago de u$s57 millones, más intereses, por violación a los principios de trato justo y equitativo, trato no menos favorable que el exigido por el derecho internacional y discriminación.Además, otro de los últimos laudos se dictó en agosto pasado cuando el tribunal condenó al paí­s al pago de u$s105 millones, por incumplimiento de los principios de trato justo y equitativo en el reclamo de la Compañí­a de Aguas del Aconquija S.A. & Vivendi Universal.También el paí­s sufrió resultados negativos en los expedientes promovidos por Enron PPI, y Sempra Energy International. Aunque la lista de pronunciamientos adversos se completa con los laudos dictados en las causas de Azurix y Siemens, en estas dos últimas se encuentran en trámite pedidos de nulidad entablados por el Gobierno nacional.

Procesos desistidosPor otra parte, del informe de la Procuración del Tesoro, al que tuvo acceso infobaeprofesional.com, surge que desistieron de sus demandas Camuzzi International S.A. (u$s215 millones), Pioneer Natural Resources Company, France Telecom y RGA Reinsurance Company (en estas últimas tres el reclamo fue por monto indeterminado).

Procesos suspendidosEl informe brinda también detalles de los procesos suspendidos, los cuales también son valorados en forma positiva desde la procuración.Entre ellos se encuentran los reclamos de Aes Corporation (suspendido hasta próximo 11 de diciembre), Enersis S.A., Gas Natural SDG S.A., Pan American Energy LLC, Aguas Cordobesas S.A.- Suez, Unisys y Telefónica S.A., entre otros.

Procesos abiertosDescontando las causas retiradas, los laudos adversos y los procesos suspendidos quedan un total de 18 expedientes en trámite, alguno de los cuales ingresaron hace poco tiempo.Entre los más recientes se encuentran los planteos de los bonistas italianos Giovanna Beccara y Giovanni Alemanni, quienes reclaman el pago de capital e intereses de los instrumentos de deuda pública que poseen a causa del default declarado a finales del 2001.En tanto, en el resto de los expedientes abiertos se destacan, entre otros, los reclamos de Metalpar S.A.; Continental Casualty Company; El Paso Energy International Company; Aguas Provinciales de Santa Fe S.A.; Aguas Argentinas S.A.; EDF International S.A.; Azurix Corp; Total S.A.; DaimlerChrysler y Compañí­a General de Electricidad y Urbaser S.A.Matí­as Debarbierimdebarbieri@infobae.com© infobaeprofesional.com