Refuerzan el control legal contra piratería en la web
Ya son casi cien los usuarios en la Argentina que recibieron cartas documentos, asistieron a mediaciones e incluso afrontan juicios por violación al derecho de propiedad intelectual como consecuencia de la descarga ilegal de música via internet.Es que la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) y la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic) decidieron demandar a quienes comparten y bajan archivos mediante el sistema "peer to peer", solicitando indemnizaciones por infringir la propiedad intelectual. Según fuentes de la industria, son casi cuatro millones y medio los usuarios que utilizan en el país software ilegal para bajar música por internet. En su mayoría son jóvenes que se nutren de programas como e-mule, ares y bittorrent, para compartir, bajar, y reproducir música por medio de la web.Ese precisamente fue el caso de Rodolfo Cámara quién entró en Lime Wire y bajó tres canciones; poco después EMI, Universal, Sony BMG y Warner lo intimaban a pagar $9.000 por descargar y compartir música de sus catálogos, de acuerdo a lo que publicó la revista Rolling Stone.En declaraciones a ese medio, Cámara explicó que luego de la carta documento, tuvo que presentarse a una audiencia de mediación donde arribó a un acuerdo con las compañías discográficas: en vez de abonar el dinero que le reclamaban reconoció haber cometido un delito y pagó $3.000 a la Asociación para la Protección de los Derechos Intelectuales sobre Fonogramas y Videogramas (APDIF).El caso de Cámara parece anecdótico, pero las asociaciones que protegen los derechos de autor tienen como meta demandar a todas las personas que se dediquen a bajar de la web obras, música y contenidos protegidos por derechos de autor. Y hasta el momento parece que mal no les va: de los casi cien casos que se conocen un 50% llegó a un acuerdo en una mediación extrajudicial, en la que los usuarios pagaron una multa que en algunos casos trepó hasta $12 mil.El mercado negroSegún las cifras que maneja CAPIF, en el 2007 se bajaron 702 millones de temas de forma ilegal. Dentro de este rango el 70% copia música en forma masiva.Consultado por infobaeprofesional.com, Javier Delupí, director ejecutivo de CAPIF, dijo que la asociación que integra inició alrededor de cien procesos judiciales reclamando una indemnización por daños y perjuicios y que en todos los casos actuaron conjuntamente con SADAIC. "Buscamos que reciban una sanción quienes comparten música con otros a través de la web, mediante el sistema peer to peer, que es el primer paso para luego bajar ilegalmente los temas", precisó.Delupí explicó el circuito legal: mediante una orden judicial se pide a las compañías proveedoras del servicio de internet la identificación del usuario para luego poder enviar la denuncia a su domicilio.El ejecutivo expresó que optan por la via civil ya que una eventual sanción penal podría ser vista como "excesiva" a los ojos de la sociedad.Y agregó que paralelamente a incentivar el desarrollo de talentos de nuestra cultura y de la creación de nuevos modelos de negocio, desde la cámara deben seguir marcando a la piratería como uno de los grandes temas a resolver. "Tenemos que seguir combatiéndola tanto en Internet como en los circuitos de producción y venta ilegal como ferias y puestos de vía pública. Y para eso hay que informar y concientizar al público ya que la piratería no incentiva la creación, ni el trabajo de los protagonistas de la música", finalizó Delupí. Otro focoSin embargo, Roberto Porcel, socio de Porcel & Cabo Abogados, criticó la actuación de las entidades que protegen los derechos de autor porque dijo que en este tema hay que ser "más vehemente" con el delito penal. "Se está violando el derecho de propiedad intelectual, no caben dudas. Al bajar música en forma ilegal se roba el derecho de autor de quien compuso", enfatizó Porcel.El abogado agregó que hay que crear conciencia que se está ante un delito que está tipificado en el Código Penal y que tiene penas que van desde un mes a seis años de prisión. También destacó que se tiene que diferenciar al que baja música para consumo personal del que la vende o comercializa. En tanto, Martín Carranza Torres, titular de Carranza Torres Abogados, dijo que está a favor de utilizar las instituciones jurídicas para combatir las infracciones contra la propiedad intelectual, y agregó que cree necesario una adaptación legislativa para poder prevenir determinadas maneras de piratería de música.Carranza Torres explicó que las campañas antipiratería tienen que tener dos enfoques para resultar efectivas: la decisión de tomar acciones judiciales y la concientización, que es el modo de hacer saber cómo perjudica al sector determinada actitud. En EuropaSin embargo, la lucha contra la piratería sufrió un duro revés en Europa. La Justicia de ese continente declaró válida en enero pasado una ley española que permite a un proveedor de Internet negarse a comunicar la identidad de internautas que intercambian archivos de música y a los que se pretendía iniciar una acción civil por no respetar los derechos de autor. "El derecho comunitario no obliga a los Estados miembros a divulgar datos personales con objeto de garantizar la protección efectiva de los derechos de autor en el marco de un procedimiento civil", indicaron los jueces de la Corte Europea de Justicia (CEJ). De acuerdo a la CEJ, la protección de la propiedad intelectual y de los derechos de autor "no puede ir en perjuicio de las exigencias relativas a la protección de los datos personales".La asociación española de productores y editores de música Promusica había exigido ante la justicia nacional que la compañía Telefónica revelase la identidad y la dirección de determinadas personas a las que presta un servicio de acceso a Internet, para luego demandarlas por bajar música de manera ilegal. © infobaeprofesional