La problemática ambiental se instala en la agenda de las empresas
La problemática ya es parte de las preocupaciones empresarias a la hora de tomar decisiones clave tales como la compra de otras compañías. Multas y contingencias ambientales ya resultan factores que no pueden dejar de considerar.
Los especialistas recomiendan agudizar los sentidos y encomendarse a auditorías que permitan descubrir pasivos ambientales, a fin de evitar consecuencias no deseadas y para poder dimensionar el grado de responsabilidad al cual quedan expuestas como compañías adquirentes.
"En la Argentina ya es una realidad que los problemas de contaminación y riesgos ambientales se reflejen en las operaciones de compra de empresas", sostuvo Gabriel Macchiavello, socio de Rattagan, Macchiavello, Arocena & Peña Robirosa Abogados.Frente a este panorama, el especialista indicó que "es necesario confiar en las auditorías especializadas en este materia para evaluar el pasivo ambiental de la empresa antes de llevar a cabo una operación comercial".Sin embargo, la problemática ambiental no sólo se resuelve por esta vía. Las empresas también se enfrentan a una gran cantidad de normas cuyo cumplimiento es celosamente controlado por organismos nacionales, provinciales y hasta municipales. Para complicar aún más el panorama, la falta de reglamentación de algunas de esas leyes hace que a las empresas les resulte extremadamente difícil cumplir con determinadas exigencias legales como, por ejemplo, contratar un seguro por responsabilidad ambiental.
Superposición de normasEstas cuestiones fueron abordadas en el "Seminario sobre la problemática ambiental en Argentina y la región", organizado por la Red Interamericana de Especialistas en Legislación Ambiental (RIELA) y Rattagan, Macchiavello, Arocena & Peña Robirosa Abogados.En ese marco, los especialistas pusieron de relieve que existe una superposición de normas, organismos y competencias en la cuestión ambiental.
"El control a las empresas se extiende a nivel nacional, provincial y municipal", señaló Juan Rodrigo Walsh funcionario de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. Por pertenecer a distintas jurisdicciones, "los organismos de control presentan asimetrías presupuestarias y diferentes capacidades técnicas y operativas", resaltó. Es por eso que el especialista consideró que se "debe trabajar en una concertación de jurisdicciones y en una unificación de regímenes mediante los cuales los distintos organismos que controlan el cumplimiento de normas ambientales puedan compartir información y coordinar tareas de monitoreo, sanciones y clausuras".El seguro ambientalOtro foco que genera incertidumbre es la falta de elaboración de pautas que permitan a las empresas contratar el seguro por daño ambiental exigido por la Ley de Política Ambiental Nacional (25675).A modo de ejemplo, de las 44 compañías que fueron demandadas en la causa por contaminación del riachuelo, sólo tres pudieron acreditar haber tomado un seguro, aunque no de las características exigidas en esa ley."El problema consiste en que la norma hace referencia a un seguro con entidad suficiente, pero no determina la suma mínima a asegurar", manifestó Ramón Santamarina, socio de Rattagan, Macchiavello, Arocena & Peña Robirosa Abogados.Esta situación hace que las aseguradoras aún no hayan lanzado una póliza que cubra el seguro exigido por la ley.El especialista indicó que ya "están circulando proyectos de reglamentación de la ley que establecen fórmulas que permiten fijar la suma mínima asegurable".En ese sentido, adelantó que esas fórmulas arrojan sumas asegurables que oscilan entre los $ 500.000 hasta $20 millones.Santamarina dijo que existen cuatro o cinco compañías de seguros que están evaluando la posibilidad de lanzar un seguro ambiental una vez que terminen de dictarse las reglamentaciones necesarias.Sin embargo, enfatizó que las aseguradoras van a ser "muy selectivas" a la hora de decidir a qué empresa otorgarán la cobertura.En LatinoaméricaEn el seminario también participaron abogados de otros países de la región quienes expusieron sobre la problemática ambiental en América latina."No importa tanto la licencia ambiental, a veces resulta más importante la licencia social; es decir, la aprobación de la comunidad que se encuentra afectada por la inversión empresaria" dijo Jaime Zaldumbide, socio de Perez Bustamante & Ponce (Ecuador).En tanto Franklin Gutierrez Rodríguez, del bufete Echeverría (Costa Rica) concluyó que resulta falsa la contradicción entre la protección al medio ambiente e inversión: "el desafío consiste en plantear normas que propongan estándares ambientales adecuados y compatibles con el desarrollo económico".© infobaeprofesional.com