La Presidenta y Lorenzetti mantuvieron una reunión secreta

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, se reunió el último fin de semana largo con la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y le avisó que la resolución 125 sobre las retenciones móviles nunca aprobarí­a el examen del máximo tribunal.Lorenzetti tení­a el respaldo de casi toda la Corte que le habí­a encomendado llevar ese mensaje. La reunión se mantuvo en estricta reserva pero fue corroborada al diario La Nación por altas fuentes.Luego del encuentro y del desorden que habí­a ganado las calles, el martes 17, Cristina Fernández de Kirchner envió la resolución al Congreso. El Poder Ejecutivo habí­a llevado la confrontación con el campo hasta un lí­mite muy delicado, al disponer un aumento de retenciones sobre la base muy endeble de un decreto, según publica el matutino. La Corte no se enfocaba en la confiscatoriedad de las alí­cuotas de retenciones, sino en el origen de esa escala móvil, considerándola una medida de rango inferior a una ley.El máximo tribunal habí­a comenzado a preocuparse por el desarrollo de la crisis y los actores polí­ticos no veí­an ninguna solución. Si la Presidenta se animaba a llevar la confrontación todaví­a más lejos, apostando a que la Corte le podrí­a dar la razón, corrí­a riesgo de equivocarse y sufrir un desgaste mucho mayor que el que ya vení­a padeciendo. Algunos magistrados de la Corte decidieron que lo mejor era advertir al Gobierno que el poder que ejerce tiene lí­mites que no se pueden traspasar. Para entonces, la jueza de primera instancia Liliana Heiland ya habí­a dictado un fallo que declaraba inconstitucionales las retenciones y que se fundaba principalmente en el vicio del origen. La magistrada sostuvo en su fallo que las retenciones son impuestos y, como tales, sólo pueden ser establecidas por el Congreso. Si bien el caso no habí­a llegado a estudio de la Corte, entre los ministros se habí­a instalado el debate sobre qué hacer cuando finalmete les tocara resolver alguna de esas causas. En la Corte hay unos 20 expedientes sobre retenciones a exportaciones e importaciones no agropecuarias, pero no están resueltos. La realidad indica que nunca los siete jueces hablaron abiertamente de este asunto en sus acuerdos de los martes, reuniones donde todo se habla con prudencia. Pero sí­ lo conversaron entre ellos en largas reuniones bilaterales, según averiguó La Nación. La Corte, luego de varios encuentros llegó a un consenso, no unánime pero sí­ mayoritario. Los jueces determinaron que las retenciones son tributos y, como tales, sólo los puede fijar el Congreso Nacional. El máximo tribunal, a lo largo de su historia, no tuvo siempre esta posición y muchas veces toleró retenciones impuestas por decreto o resolución. Pero la actual composición del tribunal esta decidida a hacer, en este aspecto, la interpretación más correcta de la Constitución nacional. La situación serí­a distinta si el Congreso nacional sanciona una ley de retenciones. Porque si el Poder Legislativo consagra una escala de alí­cuotas de retenciones y encima establece compensaciones a los pequeños productores y reintegros, los productores que se sientan afectados podrí­an ir nuevamente a la Justicia a plantear su disconformidad, pero desde el máximo tribunal ya no podrán sostener que hay un vicio de origen. Entonces el debate constitucional de este tema, una vez que el Congreso se pronuncie, se centrará sobre la eventual confiscatoriedad de esas alí­cuotas fijadas por ley, sobre su proporcionalidad y otros aspectos más técnicos, que demandarán que el productor deba presentar pruebas y se someta a los tiempos de un largo proceso judicial.