La aplicación de la "Ley Espí­a" estarí­a cerca de su final

Luego de la audiencia pública en la Corte, la norma que habilita a revisar telecomunicaciones recibió innumerables crí­ticas de diferentes sectores
Por iProfesional
LEGALES - 03 de Julio, 2008

El abogado Ernesto Halabi reclamó en la audiencia pública que se realizó el miércoles en la Corte Suprema de Justicia que se declare "inconstitucional" a la denominada "Ley Espí­a". Los letrados del Estado rechazaron ese pedido argumentando que la norma nunca fue aplicada y, de hecho, está actualmente suspendida.La Ley 25.873 establece la obligatoriedad de todas las empresas telefónicas y prestadoras de servicio de internet de conservar durante diez años los intercambios de e-mails y chats, con miras a su potencial utilización en el marco de investigaciones judiciales.El abogado Halabi cuestionó la norma ante la Justicia pues consideró que invadí­a la esfera de la intimidad de las personas, y obtuvo fallos favorables en primera y segunda instancia.Pero el Estado apeló y el caso llegó a la Corte, que tal como viene haciéndolo en los últimos tiempos- convocó a una audiencia pública para debatir la cuestión, previo a tomar una decisión.En calidad de "amicus curiae" (amigos del tribunal, una figura auxiliar aceptada por la Corte) Carlos Andreucci, de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), y Laura Calógero, vicepresidenta del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, reclamaron especí­ficamente que la ley no le sea aplicada al colectivo de letrados pues podrí­a afectar el "secreto profesional".Los argumentos de las partes fueron escuchados por los ministros de la Corte Ricardo Lorenzetti, Raúl Zaffaroni, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay.El abogado Angel Lanzón, representante de la Comisión Nacional de Comunicaciones (el Estado, en el expediente) propuso una curiosa fórmula según la cual la Corte podrí­a declarar la inconstitucionalidad de la ley, pero sólo para Halabi.De tal forma, la "Ley Espí­a" seguirí­a vigente para todos los habitantes de la Argentina, pero no para el abogado que promovió la demanda, lo que darí­a lugar a que cada individuo que pretendiera mantener a salvo su privacidad debiera plantear un juicio hasta llegar a la Corte Suprema.La Corte quedó, tras la audiencia, en condiciones de resolver el expediente, aunque no tiene plazos fijados para hacerlo.

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