Denuncian a una AFJP por administración fraudulenta

Un abogado afiliado a una AFJP denunció este martes ante la justicia a los directivos de su aseguradora por "administración fraudulenta" por no haber actuado en defensa de sus bienes embargados por la justicia de Estados Unidos. La presentación ante el fuero federal porteño la realizó el abogado Pablo Héctor Cano, afiliado a la AFJP Orí­genes, quien además pidió al juez que investigue si otras aseguradoras evidenciaron igual inacción. La denuncia quedó radicada ante el Juzgado Federal 12, a cargo de Sergio Torres, y reclama al magistrado que establezca si existe una "conducta coordinada" entre las diferentes AFJP. Según el denunciante, se buscarí­a "propiciar situaciones que afecten y menoscaben el conjunto de los ahorros que el sistema previsional ha acumulado" así­ como "generar situaciones que alteren el desarrollo de polí­ticas de Estado". El denunciante pidió que la justicia ordene a la aseguradora identificar "la cantidad de fondos que posee en el exterior e individualice los que han sido embargados". El abogado y afiliado a la AFJP Orí­genes aludió expresamente al embargo dispuesto en los tribunales de Nueva York sobre los fondos pertenecientes a las AFJP depositados en Estados Unidos ante el inminente tratamiento parlamentario de una ley para el paso del sistema a la administración estatal. "No sólo implica un menoscabo patrimonial sino que también se intuye en el accionar de la empresa una abierta intención de forzar situaciones que perjudique y obstaculicen el ejercicio y desarrollo de polí­ticas soberanas", dijo Cano en su escrito. El abogado extendió su denuncia a todos los directivos de la AFJP Orí­genes que figuran en su página web: el gerente general Marcelo Conte, y los directivos Sergio Czemerinski; Marí­a Mercedes Fernández Chamorro, y Adrián Alonso. Cano también hizo reserva de presentarse eventualmente como actor civil y demandar económicamente a la aseguradora por el perjuicio. El denunciante consideró que "la falta de defensa ante los tribunales extranjeros que han embargado fondos correspondientes a los afiliados implica una conducta absolutamente dolosa". En su escrito, el afiliado destacó que la obligación de los administradores de tutelar los bienes ajenos "es de pleno imperio ya que hace a la esencia de la prestación a que están obligados". En otro tramo de su extensa fundamentación, Cano aseveró que la inacción de su aseguradora trasluce su intención "de poner en riesgo el patrimonio de los afiliados como medida de presión en defensa de sus propio intereses, no de los intereses de los que pagan jugosas comisiones".