Mondino pidió que se investigue a AySA por contaminación

El cuerpo colegiado que controla el plan de saneamiento para el rí­o Matanza-Riachuelo pidió a la Justicia que investigue a la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), tras haber detectado "residuos peligrosos" frente a una planta de la compañí­a ubicada en la Cuenca, informó hoy la Defensorí­a del Pueblo de la Nación.El organismo, que integra el cuerpo colegiado, resaltó en un comunicado que fueron hallados "metales pesados y bacterias fecales que contaminan el ambiente y podrí­an poner en peligro la salud de la población".En tanto, desde AySA aseguraron este martes que los "lí­quidos volcados" a la cuenca Matanza-Riachuelo reciben "tratamiento de depuración", tras una denuncia acerca del hallazgo de "residuos peligrosos" frente a una planta de la compañí­a, según publica la agencia DyN."Los lí­quidos volcados a cuerpos receptores, como el rí­o Matanza-Riachuelo, reciben tratamiento de depuración en los establecimientos de la empresa, cumpliendo con las normas exigidas por la ley26.221 que rige el funcionamiento del servicio", expresó la compañí­a en un comunicado.Además, las autoridades de AySA dijeron que la compañí­a lleva a cabo "análisis diarios, las 24 horas", que "tienen como objetivo asegurar la eficacia de cada etapa del proceso de tratamiento de los lí­quidos cloacales".El cuerpo colegiado realizó el pedido de investigación por presunta comisión de "delitos penales ambientales" ante el juez federal de Quilmes, Luis Armella, designado por la Corte Suprema de Justicia para abocarse a todos los expedientes vinculados con la ejecución del plan de saneamiento del rí­o Matanza-Riachuelo.En el parte informativo, se remarcó que el cuerpo colegiado "pidió al juez federal de Quilmes, Luis Armella, que investigue si la empresa AySA comete delito de contaminación con residuos peligrosos por las descargas a la cuenca Matanza-Riachuelo desde la planta de tratamiento de efluentes cloacales sud-oeste, en la localidad de Aldo Bonzi, partido de La Matanza".La Defensorí­a del Pueblo de la Nación aseguró que "la presencia de bacterias coliformes fecales y metales pesados en el agua supera ampliamente los niveles guí­a para la protección de la vida acuática que establece la ley de Residuos Peligrosos".Especificó después que los resultados fueron obtenidos por el Centro de Tecnologí­a del Uso del Agua (CTUA), perteneciente al Instituto Nacional del Agua (INA).Puntualizó también que "la concentración de bacterias coliformes fecales es de 3.000.000 de unidades formadoras de colonias, mientras que sólo se permiten 126 unidades por resultar peligrosas para el contacto humano".Señaló por último que la exposición a metales pesados "tiene efectos tóxicos sobre la vida acuática y en los humanos puede causar cáncer, enfermedades ulcerosas en la piel, alteraciones en los riñones y enfermedades neurológicas", entre otros trastornos.El comunicado fue difundido tras la primera reunión de este año del cuerpo colegiado, integrado por la Defensorí­a del Pueblo de la Nación, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, la Asociación de Vecinos La Boca, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y Greenpeace.En 2004, un grupo de vecinos presentó una demanda en la Justicia contra 44 empresas y los Estados nacional, bonaerense y porteño, por daños y perjuicios sufridos a raí­z de la contaminación del rí­o Matanza-Riachuelo.Saneamiento de la CuencaLa Corte Suprema de Justicia de la Nación, dos años después, intimó a los demandados a que presentaran un plan de saneamiento de la Cuenca y exigió a las compañí­as un informe sobre los recaudos que tomaban para evitar la polución.En septiembre de ese año, en medio de la primera audiencia pública por el caso ante el máximo tribunal, las administraciones nacional, bonaerense y porteña presentaron el programa exigido y acordaron integrar la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR),creada por ley al mes siguiente.En julio último, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo mediante el que determinó que la prevención y recomposición del daño ambiental corresponde al ámbito estatal.El máximo tribunal estableció además los plazos para aplicar el plan de saneamiento, un programa sanitario para habitantes de la Cuenca y la posibilidad de imponer multas para un eventual caso de incumplimiento sobre la persona encargada de ejercer la presidencia de la ACUMAR.