Molesto por el recorte de atribuciones, renunció el fiscal anticorrupción

El fiscal de investigaciones administrativas, Manuel Garrido, impulsor de muchos expedientes por presuntos casos de corrupción durante el kirchnerismo, renunció a su cargo, molesto por el recorte de sus atribuciones que dispuso el Procurador General de la Nación, Esteban Righi.Garrido dimitió con una nota de una veintena de carillas, informaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas (NA).En la carta, argumentó que se encuentra "limitado en las investigaciones preliminares" y no tiene "posibilidad de intervenir en el seguimiento de las causas".Así­ lo confirmaron fuentes judiciales y precisaron que Garrido tiene previsto ahora dedicarse a "actividades académicas en el exterior".En los últimos cinco años el fiscal impulsó o reactivó unas cincuenta denuncias penales contra secretarios de Estado, ministros y contra el matrimonio presidencial.Entre ellas se cuentan las presuntas manipulaciones de los í­ndices del Instituto Nacional de Estadí­stica y Censos (INDEC), el manejo de la publicidad oficial, el caso Skanska, la investigación contra la ex ministra de Economí­a Felisa Miceli por la bolsa con dinero hallada en su baño y el incremento patrimonial de Néstor Kirchner.Según el texto de su renuncia, la decisión fue tomada para contribuir a una discusión "franca y desinhibida" acerca de las funciones y competencias adecuadas de los órganos de control necesarios en un sistema democrático.Aseguró Garrido que el sistema judicial es "deficiente e ineficaz" en las circunstancias actuales que no pueden ser suplidas solamente por el compromiso y el esfuerzo de algunas personas."En los últimos cinco años con mi equipo tratamos de sobreponernos con éxito diverso a infinitas dificultades, tropiezos, zancadillas, inenarrables resistencias, deficiencias normativas y estructurales", dijo.La decisión de Righi se produjo luego de una disputa entre varios fiscales federales y Garrido por ver quién se hací­a cargo de la instrucción de las causas, muchas de las que tienen como protagonistas a funcionarios kirchneristas.Con esta resolución, Garrido sólo quedó habilitado a intervenir cuando una causa penal se iniciara a partir de una denuncia formulada por la propia FIA, y no podrí­a actuar en los procesos que estuvieran a cargo de las fiscalí­as federales, lo que generó el rechazo del arco opositor."En el sistema concedido por la ley, entonces, los fiscales competentes para investigar los delitos de corrupción son los fiscales federales, que suman aproximadamente 85 en todo el paí­s", señala la resolución firmada por Righi en noviembre pasado.Sin embargo, el Gobierno no sólo consideró "acertada" sino también "necesaria e indispensable" y consideró que con la medida no se afectó la "independencia" del funcionario para investigar casos de corrupción.La Fiscalí­a de Investigaciones Administrativas, en la que Garrido fue designado por el Congreso en noviembre de 2003, integra la Procuración General de la Nación como órgano especializado en la investigación de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidas por agentes de la administración nacional.Se trata del personal que integra los organismos centrales, descentralizados o ente en el que el Estado tiene participación; de modo que la Fiscalí­a no entiende sobre los hechos que tengan lugar en los Poderes Legislativo o Judicial de la Nación, como tampoco en las instancias de Gobierno provinciales o locales.