La reforma que propone el Gobierno a la ley de quiebras encarecerá el crédito

La presidenta Cristina Kirchner se encargó de anticipar un tema clave para las empresas, y en el que viene trabajando el Gobierno: la modificación de la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ), de modo tal de darle a los trabajadores todos los instrumentos para la preservación de las compañí­as, con el fin de asegurar como principal medida el mantenimiento de las fuentes de trabajo de aquellas que entren en bancarrota.Fue el ex presidente Néstor Kirchner quien dio el primer paso cuando enfatizó en un acto de campaña su inquietud sobre esta cuestión al predicar: "Se terminó la época en que los empresarios vaciaban las fábricas, vendí­an el patrimonio, cuidaban sus cuentas personales y dejaban a los trabajadores en la calle". Luego, la Presidenta abonó esa idea y la reforzó en el discurso de este lunes en la Organización Internacional del Trabajo.

Más aún, el ex presidente dijo que en realidad ese será el primer proyecto que presentará cuando sea diputado, lo que prolongarí­a la puesta en vigencia para el próximo año, si el anuncio se confirma.Según trascendió, los empleados deberí­an cumplir con una serie de requisitos fundamentales para el Gobierno, como organizarse en una cooperativa legalmente constituida. Asimismo, podrí­an utilizar las deudas que la empresa tiene con ellos como forma de pago.Los abogados de importantes empresas consultados por iProfesional.com coincidieron en destacar que esta "iniciativa" parecerí­a ir encaminada a hacer más laxas las disposiciones vigentes, con el consiguiente fin de intentar tener mayor intervención en las compañí­as. Además, destacaron que con el sistema actual, la participación de los trabajadores, bien que acotada, ya está contemplada y no resultarí­a ser necesaria un reforma de la LCQ.Para Martí­n Garcés, socio de Baker & Mc Kenzie, el hecho de darle mayor relevancia o preferencia a los acreedores laborales no está mal. Pero, el letrado admitió que si esto ocurre, se va a encarecer el crédito y esto derivará automáticamente en la cadena de producción, con el consiguiente aumento de los costos de los productos. "Todo se tornará más caro", expresó el abogado.

"Ocurre que las empresas necesitan el crédito y los acreedores prestan en base a ciertas reglas. Siempre van a cobrar pero con la normativa actual si la compañí­a quiebra el recupero de lo que presten va a estar asegurado", amplió."Si la reforma se concreta, se va a encarecer el crédito, los financistas van a tener que rehacer sus cuentas a la hora de prestar porque van a tener menos posibilidades de cobrar", concluyó el socio de Baker & Mc Kenzie.

¿De quién serí­a el patrimonio?"Este proyecto es una herramienta de dudosa efectividad que afecta seriamente el derecho de los acreedores, quienes también sufren importantes pérdidas cuando una empresa no es rentable", explicó Jorge Perez Alati, titular de Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martinez de Hoz (h.).Con estos cambios, sostuvo Perez Alati, se desplaza el foco de la LCQ, que es la protección de los acreedores, quienes deberán seguir financiando a la empresa quebrada, ahora manejada por la cooperativa de trabajadores. "El foco pasa ahora a ser una cuestión 'social'. El patrimonio de la empresa deja de ser la garantí­a de los acreedores, lo que encarece el crédito y disminuye la inversión de riesgo, y, consecuentemente, la generación de empleo. Sólo sirve para mantener compañí­as que resultaron inviables", agregó el abogado."Las iniciativas que los Gobiernos han tomado para intentar revertir la realidad económica que presentan las quiebras con medidas polí­ticas nunca dieron resultados", señaló Daniel Ví­tolo, titular del estudio homónimo. Así­, el abogado sostuvo que el motivo de ello es que las quiebras obedecen a fenómenos económicos y financieros que deben resolverse dentro de las reglas de juego de la economí­a y las finanzas. En qué consistirá la reformaEl proyecto original fue elaborado por el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas (MNFR), una asociación que agrupa a cooperativas de trabajadores, y con ello se buscará reformar la Ley de Concursos y Quiebras 24.522, sancionada el 20 de julio 1995 y promulgada parcialmente el 7 de agosto siguiente por el entonces presidente Carlos Menem. Pero lo cierto es que el kirchnerismo quiere ampliar el ingreso de trabajadores al capital de las empresas en quiebra facilitándoles la compra de los bienes de la compañí­a para asumir la administración. Garcés dijo que, en la actualidad, los empleados tienen un privilegio sobre los bienes, pero hay acreedores más privilegiados que los laborales, como por ejemplo los hipotecarios.Esta nueva instancia crea un nuevo "super privilegio" para que con su crédito puedan adquirir bienes de otra empresa fallida, expresó el abogado.El especialista contó que, más allá de la reforma, hay que tener en cuenta otras pautas ya que son dos los motivos por los que empresas pueden transformarse en fallidas: estar mal administradas, y en este caso no asegura nada quién la administra, o ser un negocio no viable, es decir, que no va a funcionar en manos de nadie, sea cual fuera el dueño. El Estado puede -si lo desea- subsidiar empresas en crisis, o capitalizar firmas que enfrentan una situación de quiebra para devolverles su capital de giro, como lo están haciendo algunas potencias ante la crisis global, sin que sepamos todaví­a si estas medidas son adecuadas o no. "Pero nunca puede hacer un Gobierno que una compañí­a en quiebra se convierta en rentable por el sólo hecho de dictar una ley que disponga que los activos pasen a la titularidad de los trabajadores, o que se le den créditos a tasas de mercado que nunca podrán esas empresas pagar", expresó Ví­tolo.Lo cierto, sostuvo el experto, es que los intentos de prolongar artificialmente la vida de las compañí­as quebradas que se hicieron bajo la antigua Ley 18.832 fracasaron estruendosamente, y las experiencias posteriores de sociedades en esta situación que fueron a manos de cooperativas de empleados, salvo algunos casos muy especí­ficos -por la propia naturaleza del emprendimiento que requerí­a poco capital e intensa mano de obra- también fracasaron. La gran mayorí­a de las denominadas "empresas recuperadas" -sostuvo Ví­tolo- "son firmas que, o bien han sido tomadas por la fuerza violando la ley por grupos de trabajadores que originariamente ni siquiera pertenecí­an a la misma -y algunas organizaciones afines al Gobierno-, o bien grupos gremiales o sociales organizados han forzado -por ví­as de hecho- al Gobierno nacional, o a los provinciales o municipales a dictar leyes u ordenanzas de 'expropiación'".

"Las mismas fueron hechas a medida de cooperativas de trabajadores que se apropian de los activos y bienes de las sociedades quebradas, para seguir operando a pérdida, en desmedro de los acreedores y los demás trabajadores que no integran la cooperativa y nunca cobrarán sus créditos", sostuvo Ví­tolo.

"Ello por supuesto sin pagar un sólo peso; ni el Estado ni los beneficiarios de la expropiación", agregó el abogado.La actual ley de quiebras tiene normas precisas para permitir en casos excepcionales, y cuando es posible, la continuación de la explotación de las empresas que han sido declaradas en bancarrota, y es cuidadosa al reglamentar los requerimientos y supuestos en los cuales el juez puede determinar esta solución con la intervención del sí­ndico. Ello deriva de haber analizado la larga experiencia argentina en la materia, que fue una sucesiva red de fracasos, expresó Ví­tolo."Si el proyecto que tratará el Congreso es el mismo que fue anteriormente descartado y perdió estado parlamentario, debe juzgarse como algo muy negativo y poco serio, que sólo puede entenderse en el marco de una vertiginosa campaña electoral en la cual la competencia de anuncios impone declaraciones impactantes y grandilocuentes, que nada tienen que ver con la realidad del paí­s", concluyó.

En la época en que presidí­a el paí­s el General Onganí­a, recordó Perez Alati, existió un sistema similar que facultaba al Poder Ejecutivo a posibilitar la rehabilitación de sociedades que se encontraban en virtual estado de cesación de pagos o que afrontaran dificultades financieras que solamente pudieran ser superadas con disposiciones excepcionales del Estado. Así­, unas 400 se presentaron y la Nación terminó siendo dueño hasta de confiterí­as bailables."La gran experiencia que dejaron esos sistemas por su estrepitoso fracaso fue poner de manifiesto que ser empresario no es lo mismo que administrar un activo. Las pautas de innovación, generación de nuevos productos e incorporación de nuevas tecnologí­as son propias del empresario, y difí­cilmente son adoptadas por las cooperativas de trabajadores o administradores estatales", comparó el abogado.

El caso Massuh muestra la astucia del Gobierno al administrar esta compañí­a, donde deja de competir en el mercado para ser abastecedor del Estado, quien seguramente pagará mejor, y más caro, a esta empresa, haciendo a todo el sistema ineficiente y perjudicando a quienes se mantuvieron compitiendo legí­timamente.

"Si la Nación quiere generar empleo, la fórmula ha sido ya probada en todo el mundo, y no es ni más ni menos que favorecer la inversión privada local y extranjera sin regulaciones que hagan que los acreedores e inversores no puedan recuperar sus créditos e inversiones", resumió Perez Alati.

Daniela San Giovanni©iProfesional.com