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¿Cómo le fue a la Argentina en la última edición del ranking de transparencia financiera?

¿Cómo le fue a la Argentina en la última edición del ranking de transparencia financiera?
Es la primera vez que el país es incluido en un informe internacional que realiza la organización no gubernamental británica Red de Justicia Fiscal
19.02.2020 08.52hs Management

La Argentina es uno de los países de América Latina y el Caribe con mejores condiciones para evitar el lavado de dinero, según los especialistas que elaboran el Índice de Opacidad Financiera de la organización no gubernamental británica Red de Justicia Fiscal (Tax Justice Network). 

Los resultados de la sexta edición de ese ranking que se realiza cada dos años ubicaron al país en el puesto 12 a nivel regional. 

"Se vislumbra un liderazgo en el uso de datos tributarios para combatir la corrupción y el lavado de dinero, aunque aún queda mucho por hacer en temas de la transparencia en la región", manifestaron a Clarín desde Red de Justicia Fiscal respecto a la situación en América latina y el Caribe.

Puntualmente, destacan la implementación de herramientas que permiten ir hacia la transparencia fiscal y erradicar el secretismo.

"En los últimos dos años, hemos sido testigos de los esfuerzos coordinados de una amplia variedad de organizaciones de la sociedad civil Latinoamericana para mejorar la transparencia y el acceso a la información tributaria", celebró Magdalena Sepúlveda, integrante de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT) y directora Ejecutiva del Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights.

Seguido, advirtió que "aún queda mucho por hacer" y que "la pobreza y la desigualdad de la región no pueden ser enfrentadas sin transparencia fiscal y un marco amplio de políticas de carácter redistributivo, incluyendo la política fiscal".

Panamá volvió a liderar la nómina porque, argumentaron, "mantiene un alto puntaje de secretismo, aunque finalmente ha decidido participar en la implementación del estándar global de Intercambio Automático de Información".

Y en el segundo lugar se ubicó Venezuela, aunque quienes elaboraron el relevamiento aclararon que "hay que tener muy en cuenta la seria situación que conlleva un agresivo bloqueo financiero de entrada y salida de divisas, un sistema económico con grandes distorsiones y enormes restricciones que lo al borde de ser un país en guerra".

El listado regional quedó conformado de la siguiente manera: 

1 - Panamá

2 - Venezuela

3 - Guatemala

4 - Brasil

5 - México

6 - Chile

7. Costa Rica

8 - El Salvador

9 - Paraguay

10 - Uruguay

11 - Bolivia

12 - Argentina

13 - Perú

14 - Colombia

15 - República Dominicana

16 - Ecuador

Andres Knobel, abogado e investigador de la Red de Justicia Fiscal, contó a Clarín que es la primera vez que el país es incluído en el informe.

"Lo importante para entender del índice es que el objetivo es ranquear cuáles son los mayores responsables del secreto financiero global en la práctica. No se basa únicamente en cuán opaco o transparente es el marco legal sino que también cuánto es efectivamente usada cada jurisdicción por parte de los no residentes. Si los países en el top 10 (a nivel global) como Islas Caimán, Estados Unidos o Suiza se volvieran más transparentes, el mundo sí notaría la diferencia en la lucha contra los flujos financieros ilícitos", evaluó.

Remarcó que "no existe el dato de cuánta plata de origen ilegal hay en cada país, entonces el mejor indicador son datos del FMI sobre la exportación de servicios financieros a los no residentes, básicamente relacionado a abrir cuentas bancarias o constituir sociedades, entre otros".

"En la Argentina se destaca en el intercambio automático de información bancaria. El país fue uno de los primeros en implementarlo y la AFIP es bastante sofisticada a la hora de obtener información de otros países", diferenció.

Pero luego, advirtió que "donde la Argentina está muy atrasada con respecto a muchos otros países de la región, es en el tema de los beneficiarios finales".

"Esto tiene que ver con identificar a los individuos que son los verdaderos dueños y controlantes de las empresas y de los fideicomisos que operan en el país, y es una herramienta crucial para combatir la corrupción, el lavado de activos y la evasión", explicó.

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