El presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina (CPC), Gerardo Antonio Fernández, se refirió al impacto de la paralización de la obra pública en el empleo en la construcción. Estimó que peligran 2 millones de puestos de trabajo en el sector.

La CPC es una entidad de tercer grado que agrupa a federaciones y cámaras, las que a su vez asocian a más de novecientas pequeñas y medianas empresas en todo el país. El dirigente dice que alcanzan niveles de ocupación directa superiores al 70% del total del recurso humano registrado en la industria. 

De forma directa, el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (ERIC) dice que el sector emplea en promedio a 480.000 personas, de las cuales unas 300.000 puestos las Pymes.  Asimismo, según estimadores históricos, el derrame en sectores de comercio e industria, se calcula entre cuatro a cinco veces el trabajo directo, por tanto, se estaría hablando de 1.500.000 trabajadores, en forma indirecta, expresó el dirigente en diálogo con un matutino.

Fernández aseguro que se han pedido audiencias y reuniones con los responsables de Obra Pública e Infraestructura del nuevo Gobierno, para debatir la situación. "Desde la Confederación de Pymes Constructoras de la Republica Argentina, poseemos trabajos y propuestas, con años de análisis que van en el sentido de fortalecer la inversión privada que hoy fomenta la actual administración", indicó.

Asimismo, sugirió que por el tipo de mano de obra que requiere el sector, la construcción podría ofrecer una solución pragmática a la problemática de transformar la asistencia social en trabajo genuino. 

Fin de la obra pública

Desde la CPC denuncian que el fin de la obra pública puede afectar 2 millones de empleos

Respecto de la finalización y pago de las obras ya comprometidas, Fernández dijo que la situación es dispar en todo el país: "Existen provincias como Tucumán o Misiones, donde se ha paralizado prácticamente a cero la ejecución, y otras como Mendoza, Córdoba, Salta, San Juan, Buenos Aires, donde se han ralentizado los ritmos, pero no se ha llegado a paralizaciones totales. Respecto al retraso, también es dispar, partiendo de un mínimo de 60 días en adelante. En algunas circunscripciones se observan deudas superiores a los 8 meses."

"El sentido común, como la historia, hacen comprender que resulta imposible prescindir de la obra pública. A lo sumo, podrán reprogramarse las curvas de inversión estirando los plazos de obras, acorde a los fondos disponibles. Y en el caso más extremo, se puede presuponer que podrían ser las obras de infraestructura de gran magnitud, las que a su vez consumen el mayor porcentaje de presupuesto y la menor cantidad de mano de obra, las que podrían llegar a sentir un mayor rigor", prosiguió en la entrevista.

"Paralizar las obras de arquitectura significaría desplazar a la calle a una cantidad de personas que podría llegar casi a los dos millones de personas entre directos e indirectos, que derivaría en una crisis social y de conflictos sin precedentes y, por tanto, inconmensurable", añadió.

En ese marco, Fernández consideró quelas obras de arquitectura son las que, en el caso de suspenderse, tendrán mayor impacto, tanto social como económico.