Cómo impactará la reforma laboral 2026 en los contratos laborales

El proyecto de reforma laboral que el Gobierno llevó al Senado comenzará a tratarse el 10 de febrero de 2026. La iniciativa busca modificar de manera profunda las reglas de contratación de empleados en Argentina, con el objetivo declarado de flexibilizar el mercado, reducir la litigiosidad y promover una mayor formalización del trabajo.

Contratación de personal: qué propone la reforma laboral 2026

Una de las novedades más discutidas del texto tiene que ver con la presunción del vínculo laboral. Actualmente, la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) considera que, si un trabajador presta servicios recurrentes, existe una relación de empleo, salvo prueba en contrario. El nuevo proyecto limita esa presunción en casos concretos, como cuando se trata de contrataciones de obra, servicios profesionales u oficios en los que se emiten facturas o recibos, o se paga por sistemas bancarios.

Esto podría dar mayor seguridad jurídica para empleadores y permitir formas de contratación más flexibles sin la automática obligación de ir al régimen general de la LCT.

Otro cambio central es la ampliación del período de prueba para nuevos contratos. Bajo el proyecto, el período durante el cual un empleador puede evaluar a un trabajador sin los mismos costos de despido se extendería hasta seis meses, con posibilidad de estirarse más tiempo por convenio colectivo según tamaño de la empresa. La idea es que estas condiciones permitan a las empresas ajustar su plantilla con menos incertidumbre inicial, aunque también genera preocupación entre sectores sindicales por la potencial precarización de la relación laboral.

El nuevo texto también contempla ajustes en la figura de la responsabilidad solidaria. En la legislación vigente, cuando una empresa contrata a otra para prestar servicios, suele responder de forma compartida por las obligaciones laborales de esa contratista. La reforma reduce ese alcance, estableciendo que la solidaridad solo existirá si se demuestra una maniobra fraudulenta o negligente que deje sin pago a los trabajadores. Esto implica que las grandes firmas podrían reducir su exposición legal en tercerizaciones, lo cual para el Gobierno es una forma de incentivar la contratación formal.

Hacia un marco laboral más flexible y formal: la propuesta en debate

Además, el proyecto incorpora cambios relacionados con modalidades contractuales más modernas. Por ejemplo, se reconoce de forma más explícita la posibilidad de organizar distintas formas de prestación de servicios, incluyendo aspectos ligados a la economía digital o a trabajadores independientes, siempre que queden claramente definidos en el contrato y no existan pagos irregulares disfrazados de relaciones sin dependencia.

Un foco adicional está en la formalización del empleo con incentivos para que empleados en negro pasen al régimen registrado. El proyecto incluye beneficios como la condonación de infracciones y la baja del registro de sanciones para quienes regularicen trabajadores, así como la creación de un nuevo organismo (ARCA) para centralizar la registración laboral, con el objetivo de facilitar y simplificar la contratación.

Además de estos puntos, se mantiene un debate sobre la digitalización de procesos de contratación, la posibilidad de pactar condiciones salariales en distintas monedas o sistemas de compensación y la flexibilización de la organización del tiempo de trabajo mediante mecanismos como el banco de horas.

Los defensores del proyecto sostienen que estos cambios darán mayor certeza legal a empleadores y permitirán que más empresas contraten personal formalmente, reduciendo la informalidad que afecta a una proporción significativa del mercado laboral.

Por otra parte, sindicatos y organizaciones de trabajadores han expresado preocupación por el riesgo de precarización de las relaciones laborales y la erosión de derechos históricos, temas que están siendo parte del intenso debate público y legislativo.

En síntesis, la reforma laboral plantea un nuevo marco para la contratación de empleados: con reglas más claras sobre la existencia de la relación laboral, períodos de prueba extendidos, menor responsabilidad solidaria en tercerizaciones y una mayor variedad de modalidades contractuales. El objetivo oficial es estimular la formalización y la creación de puestos con menos trabas legales, aunque el impacto final dependerá de cómo se sancione y aplique la norma en el Congreso y en la práctica cotidiana de las empresas y trabajadores.