Telefónica se lanza a disolver Brasilcel

Telefónica acaba de contratar al estudio de abogados holandés Brauw Blackstone Westbroek, los que asesoraron a la operadora y a Portugal Telecom (PT) en la creación de Brasilcel -la sociedad conjunta que controla Vivo-, para avanzar en su disolución.Tras extinguirse el pasado viernes la oferta de compra que presentó por la participación de Portugal Telecom en la compañí­a de móviles brasileña Vivo, Telefónica puso en marcha su estrategia jurí­dica para seguir peleando por hacerse con el control de Vivo.Para empezar, la empresa presidida por César Alierta contrató los servicios de este importante despacho de abogados, con sedes en Amsterdam, Londres, Nueva York y Pekí­n, que asesoró a las dos empresas en la creación de Brasilcel en 2001, con el objetivo de disolver esta sociedad holandesa, que las dos compañí­as controlan a partes iguales y propietaria del 60% de Vivo.Entre las medidas a las que podrí­a recurrir Telefónica está la de presentar una denuncia ante al Tribunal de Arbitraje de La Haya.La multinacional española comunicó en la madrugada del viernes al sábado el fin del plazo dado a Portugal Telecom para comprarle su 30% de Vivo, con una oferta sobre la mesa de 7.150 millones de euros, que el Gobierno de Portugal consideró insuficiente, a pesar de haber incrementado dos veces la empresa española la propuesta inicial de 5.700 millones de euros.La operación de compra del 30% de las acciones de la operadora brasileña Vivo arrancó el pasado mayo, cuando Telefónica ofertó 5.700 millones de euros, una suma que PT consideró y que su Consejo de Administración rechazó.Telefónica, entonces, subió la oferta a 6.500 millones de euros el 1º de junio, y poco antes de la Junta de Accionistas del 30 de ese mes la compañí­a española volvió a aumentar la oferta a 7.150 millones de euros, cantidad que fue del agrado del 73,9% de los accionistas de PT, pero no del Gobierno portugués, que ejerció el veto mediante su "acción de oro".El Ejecutivo de José Sócrates justificó su decisión en la defensa del interés nacional de que PT siga en Brasil, donde tiene su principal fuente de ingresos y crecimiento, y rehusó dar marcha atrás en el veto cuando el Tribunal de Justicia de la UE declaró ilegal, el pasado dí­a 8, la "acción de oro" ejercida por el Gobierno de Lisboa.Telefónica amplió entonces el plazo de extinción de la oferta del 2 al 16 de julio, a la espera de que se flexibilizara la negociación, sobre todo tras la decisión del tribunal europeo.El viernes, fin del plazo del oferta, se evidenció que no habrí­a acuerdo de compra al mantener el Gobierno portugués su negativa a aprobar la operación si la oferta de Telefónica no se mejoraba.Desde la compañí­a española, que no aceptó prorrogar las negociaciones a la venta hasta el próximo dí­a 28, reiteraron este lunes que la oferta está "extinguida".