Crece la polémica: denuncian que empresarios venden a otros países agua dulce de Argentina a u$s8 la tonelada
El escenario y sus particularidades ostentan ribetes de película futurista. Pero de esa aparente ficción se desprende algo real: la explotación económica del agua de ríos y lagunas ya es algo que sucede en la Argentina, aunque la actividad encienda polémicas o aliente desde denuncias judiciales hasta la discusión de nuevas leyes.
Como ya detallara iProfesional.com en 2011, durante los últimos dos años se vienen acumulando acusaciones y denuncias sobre la comercialización ilegal, por parte de empresas cerealeras locales, de miles de litros del río Paraná a buques de bandera extranjera.
Esto ocurre pese a que, a fines de 2009, la provincia de Santa Fe sancionó una ley que prohíbe la exportación de agua dulce, superficial o subterránea, de los cursos hídricos de ese territorio.
Sin embargo, a principios de este año la Universidad Nacional de Rosario (UNR) solicitó al ministro de Aguas de la provincia, Antonio Ciancio, la intervención en las terminales portuarias de ese distrito por la venta ilícita a navíos de carga.
Según precisaron ante iProfesional.com fuentes de la gremial Confederación General del Trabajo (CGT) San Lorenzo, las cargas de agua a granel se cobran a razón de 8 dólares la tonelada.
Ahora, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales santafesina consideró y aprobó el Proyecto de Comunicación -cuya autoría corresponde a los diputados Silvia De Cesaris y Federico Reutemann-, que avanzará sobre esta controvertida problemática.
En concreto, hace escasas semanas, la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe solicitó al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Aguas, informe "qué medidas ha adoptado (...), con respecto a la presentación realizada por el Observatorio de la Universidad de Rosario ante el Poder Ejecutivo, relacionada con la presunta venta a los navíos que operan en los muelles de la zona de la ciudad de San Lorenzo, por parte de empresas agroexportadoras".
En clara sintonía, responsables del Observatorio del Agua de la UNR como Aníbal Fascendini indicaron que "circulan fuertes versiones de venta", hecho considerado delito a partir de la ley 13.036 que prohíbe la comercialización del recurso.
"El agua dulce es un bien estratégico escaso y, por otro lado, evidentemente cumple una función de exportación y nivelación del barco cuando se descarga", argumentaron.
Por su parte, el dirigente gremial de la CGT San Lorenzo, Edgardo Quiroga, opinó ante iProfesional.com que la venta "no se debería realizar porque es el agua de los santafesinos".
En el mismo sentido, añadió que "es parte de lo que venimos denunciando desde el 19 de noviembre de 2011".
Consultado respecto de cuál es el motivo que alienta el almacenamiento hídrico que llevan a cabo los barcos que circulan por el río Paraná -cuya cuenca es considerada la segunda de Sudamérica, sólo superada por Amazonas-, Quiroga sostuvo que "en principio, el agua es utilizada para consumo y su uso en otras necesidades del barco, como ser el equilibrio de las bodegas, pero luego todo derivó en un nuevo negocio económico".
Esta posibilidad de obtener rédito de un recurso que, por su abundancia, rara vez es controlado y apenas si arranca acotadas regulaciones de los legisladores provinciales, es la variable que -coincidieron todas las fuentes interpeladas- ahora alienta la comercialización del líquido vital en moneda estadounidense.
Ley para controlar el "robo líquido"Con relación a las nuevas denuncias, Fascendini, de la Universidad Nacional de Rosario, recordó que "en 2009 se sancionó una ley específica en la provincia de Santa Fe que fue vanguardia en el país. La misma prohíbe la venta a granel de fluido del río Paraná, ya sea para vender como para exportar".
El experto sostuvo que "planteamos una denuncia de investigación al Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente. Este reclamo lo hemos hecho ante la situación de que se estarían comercializando cerca de 500.000 toneladas anuales a 8 dólares más IVA cada una. Hablamos de un negocio de aproximadamente 4 millones de dólares por año".
Fascendini afirmó, además, que "toda esta situación amerita que el organismo, que es la autoridad de aplicación, intervenga, investigue y sancione, si tiene que hacerlo; o que dé certeza a la ciudadanía de que no se está haciendo".
"Nos hemos basado, fundamentalmente, en los planteos que surgieron a partir de un conflicto con Aguas Exportadoras de Puerto San Martín. Uno de los actores denunció públicamente que se realizaba este tipo de maniobras en el lugar", dijo.
Por su parte, Ricardo Kaufmann, senador por el departamento de Garay, recordó: "Promovimos la ley que prohibía la exportación de agua dulce, superficial o subterránea, desde la provincia de Santa Fe, que estaba siendo ofrecida a granel en Internet por una multinacional".
Kaufmann, autor de la norma que, promulgada en Santa Fe el 9 de diciembre de 2009, sentó el primer control sobre la disponibilidad del caudal del Paraná, recalcó que la ley "fue precursora en establecer el dominio público y la soberanía del agua como principio para preservar el recurso dentro del territorio provincial".
"Quien tiene claramente formuladas las normas que demarcan sus recursos naturales, levanta el primer escudo para oponer a su usurpación", enfatizó.
Negocio en discusiónEl negocio de la comercialización del líquido más preciado, tal como anticipara iProfesional.com en 2011, comenzó a multiplicarse sin control desde hace ya varios años, cuando compañías locales como Makhena concretaron exportaciones a países del Caribe y Oriente Medio.
La empresa en cuestión llevó a cabo el negocio en más de una oportunidad entre 1983 y 1987, pero luego desactivó su unidad de comercialización por el encarecimiento del flete marítimo.
Ahora, a raíz del incremento en la demanda de agua que vienen exhibiendo varios países del mundo, Makhena estaría evaluando volver a operar en ese segmento económico.
El potencial es tentador: según indicaron a iProfesional.com distintos funcionarios nacionales, en Oriente Medio se pagan hasta 2 millones de dólares por las 70.000 toneladas de agua de río que un buque puede transportar en sus bodegas.
Pero los alcances de este negocio no sólo se circunscriben a lo que sucede en Santa Fe. Muy por el contrario, gobernaciones de provincias patagónicas como Río Negro anticiparon que evalúan darle un uso comercial a buena parte de los ríos que hoy se pierden al llegar al mar.
Esta posibilidad originó críticas inmediatas y motivó que, en agosto pasado, ingresara a la legislatura local un proyecto que, desarrollado por opositores a la actual gestión rionegrina, prohibirá la exportación de recursos hídricos.
De ser aprobado, el marco fijará que el agua de los ríos de esa provincia sólo podrá salir de su jurisdicción por razones humanitarias; esto es, siempre en un marco de solidaridad y donde el bien común general sea el objetivo y no la rentabilidad del sector privado.
La legisladora Magdalena Odarda, una de las impulsoras de la iniciativa, sostuvo al presentar el proyecto que "el agua debe ser un capital de los pueblos y países donde se encuentra. Y debe ejercerse la soberanía sobre este bien natural para su propio beneficio, cuidándolo y garantizando su provisión."
"Cuando una nación o provincia no es dueña de su recurso, es esclava de potenciales conflictos", argumentó la dirigente.
Odarda recalcó "la necesidad de prohibir la comercialización de agua a granel, potable o no, con o sin tratamiento o proceso de algún tipo, obtenida de fuentes agotables superficiales o subterráneas, del dominio originario de la provincia que implique directa o indirectamente su exportación."
"Es un bien natural no renovable, indispensable para la vida. De su adecuado abastecimiento dependen las actividades económicas más importantes, la salud de la población, la alimentación y la preservación de los ecosistemas", expresó la parlamentaria del partido CC ARI.
Misiones, el primer comercializadorPero más allá de la discusión legal que hoy tiene lugar en Río Negro y Santa Fe, lo que alarma a funcionarios y organizaciones ambientalistas es el hecho de que determinados distritos ya hacen de la venta de agua una fuente de enriquecimiento económico.
En ese aspecto, la provincia de Misiones aparece como el caso que más controversias despierta en el noreste de la Argentina.
"Algunas provincias tienen oro y otras materias primas valiosas. Nosotros no contamos con nada de eso: tenemos agua", comentó hace pocas semanas, a iProfesional.com, Jorge Galeano, presidente de Aguas de Misiones Sociedad del Estado (AMSE).
AMSE es una compañía que comenzó a operar el 15 de marzo de 2011 con la misión de "captar, envasar, distribuir y comercializar aguas subterráneas del Acuífero Guaraní, y aguas superficiales y pluviales de dominio público provincial".
La creación y puesta en marcha de AMSE, indicaron a este medio especialistas en explotación de nuevos recursos, representa un hecho inédito tanto a nivel local como internacional.
Así, se trata de la primera compañía estatal pensada específicamente para vender las reservas hídricas de un distrito.
De esta forma, y a contramano de lo que sucede en buena parte del mundo e, incluso, dentro de la Argentina, Misiones se transformó en el primer distrito que, avalado incluso por leyes provinciales diseñadas para la ocasión, vende sin pudor alguno su agua potable.
Las características de este negocio fueron detalladas por iProfesional.com en la siguiente nota: "Exclusivo: a 20 ´euritos´ la botella, Misiones sale a vender al mundo agua de lluvia envasada"
En exclusiva para este medio, Galeano estimó que la comercialización de las reservas del Acuífero Guaraní y del líquido que se recolecte de las lluvias le asegurará a la provincia mesopotámica, en menos de un lustro, ganancias anuales superiores a los 250 millones de euros.
Límites en otros territoriosEn la vereda de enfrente, y como se destacó con anterioridad, provincias de la talla de Santa Fe, Río Negro, o Entre Ríos, y países como Arabia Saudita, vienen motorizando iniciativas para controlar la disponibilidad y el destino de las fuentes hídricas.
En el caso del estado saudí, el gobierno local anunció, en 2008, su decisión de reducir, año tras año, el cultivo interno de cereales. ¿El motivo? Preservar las reservas acuíferas del país.
En simultáneo con esa medida, el gobierno árabe constituyó un fondo de 5.000 millones de dólares destinado a otorgar préstamos preferenciales a aquellas compañías que se lancen a invertir en países con fuerte potencial agrícola.
La urgencia de Arabia Saudita por preservar sus reservorios de agua potable también es compartida por otros estados de su misma región como Kuwait y Qatar.
En Argentina, los casos de Santa Fe y Río Negro emergen como los más representativos en lo que hace al diseño de recursos legales tendientes a proteger la disponibilidad del recurso.
Entre Ríos, en tanto, aparece como un ejemplo de último momento. En dicha provincia, según pudo averiguar iProfesional.com, comenzó a evaluarse con firmeza la puesta en marcha de una ley que inhiba la venta al mundo del agua local en cualquiera de sus estados físicos.
Este interés parte de distintos testimonios y presentaciones que, sobre todo a partir de 2012, denuncian la sustracción del caudal del río Paraguay por parte de buques extranjeros.
El surgimiento en la Argentina de un negocio novedoso en torno al líquido más vital no hace más que explicitar el cumplimiento de una de las predicciones más temidas.
"Algún día van a venir por el agua", ha sido desde siempre una de las amenazas más enarboladas a lo largo de la historia local. Todo indica que la profecía se está cumpliendo. El lado más oscuro del futuro, parece, al fin terminó por llegar.