El kirchnerismo dio el miércoles su primer paso en el debate parlamentario para declarar a la telefonía celular como un "servicio público" y ya se analizan los "Precios Cuidados" del servicio con paquetes a 80 pesos.

De acuerdo al diario El Cronista, las prinicpales operadoras del país han enviado hace varias semanas propuestas a la Secretaría que conduce Augusto Costa y actualmente están en estudio.

En rigor, en los últimos días, varios equipos con técnicos de Personal, Movistar y Claro mantuvieron reuniones en las ex oficinas de Guillermo Moreno para ultimar detalles. Cada una de ellas,  envió un paquete con determinadas características. El costo de ese servicio rondaría los $80 si bien aún no está definido qué cantidad de minutos libres tendrá y si se podrá navegar por Internet vía celular.

"No sabemos bien si en el Gobierno existe la convicción de que fijar un precio determinado a un paquete de telefonía celular hará que el usuario tome la decisión de pasarse de un plan a otro. En definitiva, vemos dudas en el Gobierno sobre el efecto benéfico que podría tener un 'precio cuidado' porque es probable que no pueda conformar a todo el mundo".

A la vez, el Gobierno avanzó el miércoles en el Senado para declarar como "servicio público" la telefonía celular.

La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado comenzó a tratar los cinco proyectos de ley que se orientan en este sentido. Su presidenta, Liliana Fellner, fue la encargada de expresar que el oficialismo tiene "voluntad política" de recorrer este camino.

Esta es la primera vez que el Frente para la Victoria acepta tratar proyectos de esta naturaleza. La telefonía celular es un servicio de carácter privado y, hasta el momento, toda la regulación se ha gestionado vía la Secretaría de Comunicaciones.

En la práctica, declarar a un servicio como "público" implica delegar en el Estado la facultad de fijar tarifas; es decir, injerencia directa sobre la estructura de ingresos de las empresas.

Los proyectos en debate son cinco, uno de ellos del oficialismo.

En la reunión del miércoles, los autores fueron a explicar sus iniciativas y el acuerdo político entre todas las fuerzas políticas es la necesidad de una mayor regulación. Todos concuerdan en la declaración de "servicio público", mientras que todavía hay divergencias en temas sensibles como ubicación de antenas, derechos del consumidor, y designación de la autoridad de aplicación.

El paso siguiente será una convocatoria de audiencias entre especialistas en tecnología, empresas y usuarios para unificar todos los criterios en un proyecto común. Sin embargo, ningún bloque espera que el tratamientEo sea rápido.

A fines del año pasado el Gobierno nacional tomó la decisión de avanzar en materia regulatoria sobre las operadoras, que se rigen como un servicio privado y -al mismo tiempo- son uno de los sectores que mayor cantidad de denuncias recibe en Defensa del Consumidor.