El juez federal Sebastián Casanello solicitó mediante un oficio al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que informe si participó en el proceso de fusión de las empresas Telecom Argentina y Cablevisión.

En caso de ser afirmativo, el magistrado pretende verificar si la eventual intervención del organismo estuvo sujeta “a los derechos que emanan” de los artículos 41 y 45 de la ley 26.522 (de servicios de comunicación audiovisual), que tratan sobre la transferencia y la multiplicidad de licencias, respectivamente.

La "mega fusión" entre Telecom y Cablevisión permitirá a la nueva empresa ofrecer conjuntamente telefonía fija y móvil, televisión paga e Internet de banda ancha, lo que también se conoce como "cuádruple play".

Casanello actuó el viernes pasado a partir de un pedido del fiscal Federico Delgado, en una causa en la que se denunció al ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad por abuso de autoridad e incumplimiento del deber de funcionario público.

La acusación fue realizada por Liliana Zabala, una abogada que objetó al Gobierno por otorgarles “vacaciones regulatorias” a las empresas de telefonía y habilitarlas a participar de licitaciones públicas, considerando que incumplieron abonar la participación en las ganancias al personal desde que el servicio se privatizó.

Según Zabala, cuando se privatizó Entel, en la década del 90, en el pliego de licitación figuraba como obligatorio abonar la participación en las ganancias al personal. Nunca se cumplió, sin tener en cuenta el fallo de la Corte (caso “Gentini”) que instó a pagar el porcentaje correspondiente, señala Política Judicial.

Desde el Enacom, que preside Miguel Ángel de Godoy, se sorprendieron por el pedido de Casanello y argumentaron que el organismo no interviene en los procesos de fusión entre empresas.