Farmacity salió a pedir públicamente en una solicitada que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, la habilite a desembarcar en la provincia de Buenos Aires, donde la empresa está vedada por una ley que prohíbe las sociedades anónimas en el rubro.

La compañía planteó sin éxito en la justicia la inconstitucionalidad de esa norma y llegó a la Corte Suprema de Nación, que pidió el expediente para tomar al caso.

La celeridad del máximo tribunal alertó a los laboratorios, que lideran el lobby junto al Colegio de farmacéuticos de la Provincia para frenar a Farmacity en ese territorio, indicó el sitio La Política Online. 

Tampoco escapa que uno de los accionistas de la compañía es Mario Quintana, coordinador de Gabinete.

Aunque ya tienen presencia en 14 provincias, Buenos Aires es clave para subir por las nubes la cotización de la empresa, como ya ocurrió con otras compañías vinculadas a figuras del Gobierno.

Los laboratorios también ponen la mira en Carlos Rosenkrantz, flamante juez de la Corte Suprema ya que fue abogado de Farmacity y debería excusarse si el máximo tribunal analiza el caso.

"Nos gustaría llevar a cabo nuestra tarea en la provincia de Buenos Aires, pero una ley sancionada hace 30 años nos lo impide. Estamos convencidos de que la comunidad se beneficia en su atención farmacéutica con más y no con menos opciones", señaló Farmacity.

Pero a Vidal no le será fácil convencer a legisladores de cambiar la ley, porque los laboratorios se hacen pensar entre los representantes bonaerenses de todas las fuerzas. Un fallo de la Corte no le daría otra opción.