Con Cristóbal López preso, los nuevos dueños de Indalo analizan pedir la quiebra del grupo
No son buenos tiempos para Ignacio Rosner y sus socios del fondo OP Investment. El final de año que se aprestan a enfrentar no era el esperado. Imaginaban tener ya el control total del ex Grupo Indalo, haber negociado un plan de pago de las deudas fiscales con la AFIP y el resto de los acreedores, una relación estable con el gobierno de Mauricio Macri, además de un diálogo más fluido con los jueces que llevan las causas dejadas por el grupo de empresas creado por Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa.
Nada de eso ha ocurrido. En la actualidad, los ejecutivos a cargo de este fondo, Santiago Dellatorre y Damián Burgio, además del propio Rosner, ejercen un poder de facto en el ahora bautizado Grupo Ceibo, porque la justicia no autorizó la transferencia de los activos al estar inhibidos todos los bienes.
En el caso del ente recaudador de impuestos a cargo de Alberto Abad, no ha aceptado ninguna de las propuestas acercadas por estos empresarios para poder destrabar esa inhibitoria y así sellar la operación. En el caso de las autoridades nacionales, miran de lejos el problema y la crisis financiera por la que atraviesan las empresas de este holding. No hubo, hasta ahora, ningún contacto con algún funcionario de Cambiemos.
Y en cuanto a los jueces Héctor Vitale y Julián Ercolini, hasta ahora han venido rechazando todos los pedidos acercados por los abogados de Rosner para facilitar el futuro de las empresas. Ambos magistrados tramitan las causas tanto económicas como penales en las que están involucradas la petrolera del grupo Oil Combustibles y los ahora empresarios presos Cristóbal López y Fabián De Sousa, acusados de defraudación al Estado, evasión impositiva y otros delitos.
El cúmulo de problemas y de negativas judiciales y la falta de ayuda del Gobierno está generando cierta preocupación y cansansio en el propio Rosner y sus socios de OP Investment. De hecho, comenzaron a pensar una estrategia casi desesperada: la de enviar al grupo y a todas las empresas a la quiebra.
Si bien se trata todavía de un pensamiento y no de un hecho concreto, aseguran que las opciones se están agotando. Recuerdan las propuestas acercadas a los jueces, a la AFIP y a funcionarios del gobierno para poder encarar un plan de rescate y reestructuración del ex Grupo Indalo, con una inyección de fondos de hasta u$s300 millones y la asociación con la petrolera rusa Lukoil, además de la venta de varias empresas consideradas no estratégicas para sumar otros u$s120 millones.
La oferta estaba condicionada a que la AFIP le permitiese cancelar la deuda de Oil que hoy llega a los $10.000 millones con un pago al contado y varias cuotas. También a que el juez Vitale reabriera el concurso preventivo de la petrolera y que la Cámara de Apelaciones en lo Comercial hiciera lo mismo con los medios. A esto le sumaban la necesidad del levantamiento de la inhibición de los bienes que Ercolini ordenó hace ya varios meses.
En el entorno de Rosner se sienten "atrapados" por lo que consideran una "extraña lógica donde parece que a nadie le interesa el futuro de los 4.000 trabajadores del grupo ni lo que pueda suceder con las empresas", tal como lo define una fuente conocedora de la situación interna que atraviesa el ex Grupo Indalo.
De hecho, tal como sucedió en noviembre, este mes también hay problemas para pagar los sueldos en todas las empresas, a pesar de que los empresarios dicen estar buscando todas las opciones posibles. De todos modos, saben que el escenario se plantea cada vez más complicado. Y que con Cristóbal López y De Sousa presos también se acabó la posibilidad de que ambos empresarios kirchneristas puedan seguir haciendo frente a las necesidades financieras hasta que la operación logre ser aprobada por la justicia.
Es más. Que el juez Ercolini haya ordenado iniciar una investigación de la propia transacción por entender que puede haber algún delito, tampoco suma al optimismo de Rosner y su entorno. "Estamos azorados de que a un grupo de inversores que vienen a contribuir a mantener 4.000 puestos de trabajo, que aportan socios estratégicos de magnitud como Lukoil y que presentan un plan de pago millonario ante la AFIP se los destrate de esta manera", dicen las fuentes.
También se sienten "sorprendidos" con la actitud de Ercolini de reclamar la apertura de una investigación del traspaso de los activos a OP Investment. "Como siempre sostuvimos, a nosotros no nos importa la suerte que corran los accionistas anteriores que cometieron un ilícito y deberán afrontar la justicia", aclaran. Pero advierten que el objetivo de los nuevos invesores es el de "salvar a un grupo empresario con mucho potencial, miles de empleados de la mano de un plan de negocios que permite pagar a los acreedores, a la AFIP y generar valor para las empresas".
En este escenario, consideran que el juez Ercolini "quiere tirar todo esto por la borda". Con este marco de crisis y de falta de opciones, la posibilidad de una quiebra es ahora más que real. "Igualmente, vamos a seguir dando pelea", aseguran desde el grupo.