Nuevo intento de rescate: piden a la Justicia que permita vender la petrolera de Cristóbal López
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El fondo OP Investment, que hasta hace unas semanas gerenciaba las empresas de Oil Combustibles (OCSA) y del resto de las empresas del Grupo Indalo, acaba de presentar un pedido para que la justicia permita la venta de la petrolera creada por Cristóbal López.
Actualmente, la empresa se encuentra sin producción, con su red de estaciones de servicio abasteciéndose de combustible de otras petroleras y con una deuda total por $17.000 millones que le reclama la AFIP, su mayor acreedor.
Los dueños del fondo, los financistas Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, intentaron comprar Oil y el resto del Grupo Indalo a Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa, pero la justicia nunca autorizó el contrato.
Por ese motivo, hace un par de semanas desistieron de la operación, aunque todavía mantienen sus cargos gerenciales en el grupo, al que hasta llegaron a rebautizar como Grupo Ceibo.
Ahora, y a través de su abogado Eduardo Favier Dubios, hicieron llegar al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 5, Secretaría Nº 10, a cargo de Javier Cosentino, a cargo del concurso preventivo de OCSA.
En los considerandos el documento recuerda que Rosner y Dellatorre fueron desplazados del control de la empresa luego de la desingación de tres interventores pero aclara que el pedido de apertura de un proceso de cinco días para poner en venta la petrolera tiene como objetivo buscar "la continuación de la empresa y de las fuentes de trabajo"Â.
La posibilidad de ofrecer Oil a nuevos inversores está enmarcada en un procedimiento judicial que se conoce como cramdown, previsto por la Ley 24.522 de Concursos y Quiebras y que permite la posibilidad de abrir un periódo de salvataje empresario.
Esta figura le impide al juez decretar la quiebra de la sociedad y lo obliga a abrir un registro por cinco días en el cual deberán inscribirse posibles interesados en la compra de la empresa, incluso los acreedores y hasta el propio deudor y los mismos trabajadores.
De hecho, los actuales interventores de OCSA también solicitaron al juez Cosentino que autorice la aplicación de un cramdown en este proceso, argumentando que es la única alternativa para no decretar la quiebra de la petrolera y el consiguiente prejuicio que este camino tendría para sus 400 trabajadores.
El pedido llega un día antes de una asamblea convocada por el magistrado para este jueves para estudiar alternativas vinculadas al futuro de Oil. Al encuentro debían concurrir los accionistas de la petrolera, es decir Cristóbal López y Fabián De Sousa, como los interventores y los síndicos designados por la justicia.
Con la presentación de OP Investments esa reunión no tendría sentido y Cosentino debería aceptar la apertura del cramdown para recibir eventuales ofertas de compra de parte de inversores interesados en quedarse con Oil. Del proceso incluso pueden participar los propios acreedores y hasta el personal.
En la carta, Dubois también le informa a Cosentino que Rosner y Dellatorre renuncian al período de exclusividad para operar la empresa que tenían hasta el 10 de agosto próximo y solicita que el juez Penal, Julián Ercolini, levante las inhibiciones que pesan sobre activos y cuentas de la petrolera.
En cuanto al período de exlcusividad, tenía por objeto que la empresa presentara propuestas de acuerdo en el marco del preventivo por categorías a sus acreedores. Recuerda que en este marco, OP Investments formuló y presentó al Tribunal, ante el Jugado anterior, un "plan estratégico"Â que significaba la disponibilidad de aproximadamente u$s300 millones por vía de préstamos garantizados convertibles, venta de activos ociosos y costos financieros evitados, además del compromiso de aporte financiero y gerenciamiento por parte de "Lukoil"Â, empresa petrolera estatal rusa de primera línea a nivel mundial.
"Sin embargo, dicho plan no pudo concretarse por una serie de medidas ilegales y/o abusivas dispuestas por la AFIP y por la situación que rodea a los accionistas del Grupo Indalo, Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián de Sousa, procesados en una causa penal, tal como es de dominio público"Â, advierte el documento que recibió Cosentino.
En ese sentido, admiten que los problemas que atraviesa Oil hacen que "ninguna empresa de primera línea está dispuesta a contratar con una sociedad, como es el caso de OCSA, cuyos titulares estén sujetos a proceso penal porque ello está impedido por sus propias normas internas de control de fraudes"Â. Agregan que ningún inversor está dispuesto a otorgar una financiación importante sin tener la opción de adquirir las acciones de la petrolera, capitalizando su crédito, lo cual por el momento es de cumplimiento imposible. A estos daños le suman el "reputacional"Â, derivado de la repercusión mediática de los avatares del Grupo Indalo.
"Ello ha hecho perder la confianza de proveedores y clientes y, por ende, agravado la situación financiera en tanto exigen condiciones de contado, los bancos han cerrado las cuentas y debe acudirse a descontar cheques en instituciones de tercera línea a tasas altísimas de interés"Â, reconoce el abogado de Rosner y Dellatorre.
También sostiene que el panorama se ha complicado aún más con los embargos decretados a pedidos de la AFIP por deudas post concursales sobre las cuentas corrientes bancarias, a pesar de que existen activos suficientes para responder a ellos, "ahogando financieramente a la empresa en una actitud claramente abusiva e inadmisible por parte de una repartición estatal, sujeta al principio de legalidad, la que ha sido oportunamente impugnada mediante la petición de medidas cautelares que no han sido resueltas favorablemente a la fecha"Â.
En este marco, Dubois advierte que la AFIP no solo se niega a aceptar la sustitución de esos embargos por otros bienes, sino que sostiene que OCSA no tiene el derecho a recibir ningún cobro, por venta de combustibles a las estaciones y agro, fuera de las cuentas embargadas.
"Esa postura es absolutamente ilegal e inadmisible ya que exorbita a la concreta medida cautelar trabada, limitada al embargo de cuentas bancarias, pretendiendo que funcione como una 'intervención del 100% de la caja', o sea en un porcentaje prohibido por la ley, o como una 'prohibición de recibir pagos', medida solo admisible en caso de quiebra decretada"Â, agrega la presentación.
Por todos estos motivos, sumados al plazo de cinco meses que deben cumplir los interventores al frente de la petrolera, los financistas sostienen que mantener el período de exlcusividad "solo perjudicaría la continuidad de la empresa, que se encuentra con su capital de trabajo embargado por la AFIP y en un momento muy difícil donde debe inmediatamente obtener los productos para reactivar la provisión de combustible a su red de estaciones y agro y, mediatamente, restablecer los procesos industriales internos de su destilería de San Lorenzo"Â.
A modo de cierre del documento, Dubois destaca que la renuncia de sus representados a la exclusividad se vincula con la obligación asumida en cuanto a posibilitar la restructuración del ex Grupo Indalo y la incorporación de inversores, para la cancelación de pasivos fiscales y la continuidad de la empresa, lo que, en las actuales circunstancias, solo es posible mediante el procedimiento del art. 48 de la ley 24.522"Â.
Además de esta propuesta, Rosner y Dellatorre hicieron llegar otra comunicación al juez Cosentino vinculada con las causas penales que deben enfrentar de manera indirecta y derivadas de las que involucran a Oil y a sus accionistas, Cristóbal López y Fabián De Sousa.
En este marco, solicitan que, previa a la admisión de la renuncia a la exclusividad y apertura del procedimiento de salvataje o cramdown, se le comunique al juez Ercolini, la situación planteada para que indique si en virtud de las medidas cautelares ordenadas, existe impedimento alguno desde la esfera penal para llevar a cabo el procedimiento de cramdown.
Según fuentes cercanas a la causa, López y De Sousa habrían dado su consentimiento al pedido de los dueños del fondo OP Investments y también buscan la "inmediata"Â apertura de un plan de salvataje.
La propuesta consiste en que el primer interesado que obtenga primero la conformidad de los acreedores con la propuesta que formule, y siempre y cuando la misma sea homologada, adquiere el derecho a que se le transfiera la titularidad de las acciones representativas del capital de la sociedad concursada, pagando o no un precio según lo que resulte de la tasación.
Y hacen referencia al trabajo de los interventores en cuanto a evaluar y obtener información para que siente las bases de un "duediligence"Â para los eventuales compradores.
