Una vez despejada la duda sobre la realización de las audiencias públicas para estudiar un nuevo aumento en servicio de distribución de gas, las empresas del sector reclaman al Gobierno un incremento de casi el 30% para ser aplicado a los usuarios a partir de octubre próximo.

El porcentaje será solicitado por la mayor distribuidora de gas del país este martes, cuando sus ejecutivos participen de la primera reunión convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) para establecer los nuevos precios tarifarios.

Según se desprende de la presentación realizada por Metrogas al ente oficial, el pedido de suba que se deberá debatir es del 28,82% con respecto a las tarifas que actualmente deben abonar sus 2,5 millones de clientes distribuidos entre la Capital Federal y parte de la provincia de Buenos Aires.

El cargo surge de estimar para agosto una suba del 3,5% del índice de precios internos al por mayor (IPIM) con el que se rige el acuerdo de renegociación tarifaria firmado por el Gobierno y las empresas de este sector.

Así quedó establecido en a partir de la revisión tarifaria y que además tiene en cuenta otros indicadores internacionales y también la variación en el costo del transporte.

En la carta que la empresa envió al Enargas se detallan los criterios seguidos para actualizar algunos componentes de su factura a partir del mes que viene y que tienen en cuenta los cambios observados en los precios de la economía relacionados con los costos del servicio.

“Esto se hace a efectos de mantener la sustentabilidad económico-financiera de la prestación y la calidad del servicio prestado”, argumenta la nota de Metrogas en relación con el mecanismo no automático de adecuación semestral de la tarifa en el cual se debe tener en cuenta el IPIM que publica el Indec de manera periodica.

“En virtud de lo mencionado, Metrogas solicita el ajuste del componente de distribución considerando el algoritmo de cálculo del IPIM tomando además las variaciones ocurridas entre los meses de marzo y agosto del 2018”, agrega el documento.

En este sentido, se recuerda que en marzo ese índice llegó al 1,94%; en abril al 1,79%; en mayo al 7,61%; en junio al 6,53% y en julio al 4,73%. “Estimando para agosto un 3,5%, que es el mismo considerado por las empresas transportistas, el ajuste que se propone para el componente distribución contenido en las tarifas finales a usuarios de cada categoría y segmento, es del 28,82%”, solicita Metrogas. De todos modos, pide que dicho porcentaje de ajuste sea corregido una vez publicado por el Indec la variación real del mes pasado.

La distribuidora también reclama negociar los precios con los transportistas, ya que los contratos de provisión de gas se encuentran dolarizados y son motivo de discusión debido a la fuerte suba de la moneda norteamericana durante los últimos meses.

En este caso, todavía no se ha cerrado el porcentaje de suba en la tarifa de este componente vinculado al transporte que también debe ser trasladado a la factura que abonan los clientes. El pedido de suba llega al 100% para los usuarios del servicio completo. Es decir en los lugares donde se brindan los servicios de gas, transporte y distribución. Por lo tanto, el precio del metro cúbico debería pasar de los actuales $0,76 a los $2,17 para los usuarios residenciales.

En tanto, para los clientes que compran el gas en forma directa a un productor o comercializador, el valor del transporte propuesto por Metrogas por cada cuenca y sistema es variable entre los $0,53 y los $0,70 por cada metro cúbico.

Es decir, en la audiencia de este martes habrá también que debatir esta suba adicional que reclama Metrogas y que se vincula con el impacto que la devaluación tuvo en los contratos dolarizados que firmó con las transportistas en el marco de un convenio que fue sellado el 29 de noviembre del año pasadxo a instancias del ex Ministerio de Energía y que tenía como objetivo asegurar el abastecimiento para las distribuidoras de gas por redes.

El convenio fijó los lineamientos para que Metrogas y las otras distribuidoras contraten volúmenes de gas para abastecer la demanda en el período comprendido entre el 1° de enero pasado y el 31 de diciembre de 2019.

De las negociaciones se estableció el precio en dólares según la categoría de cliente y por período expresado en “u$s/MMBTU”. También se dispuso que las facturas fueran emitidas en dólares y abonadas en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco Nación del cierre del día anterior a la fecha de pago.

En este caso, establece que las distribuidoras tienen en consideración para su suscripción, las disposiciones del Artículo 38 de la Ley N° 24.076, que prevén el traslado de los costos de adquisición de gas a las tarifas a ser pagadas por los usuarios del servicio de transporte y distribución.

Es decir, pueden cargar a la factura tanto los costos de adquisición de gas resultantes de acuerdos o contratos de largo plazo como de aquellos asociados a las compras de corto plazo acordados para satisfacer la demanda.

Así las cosas, los contratos suscriptos con los productores de gas tomaron en cuenta los precios y la moneda transaccional contenidos en las bases y condiciones y fueron presentados al Enargas. Pero la devaluación de abril cambió las condiciones macroeconómicas y provocó una brusca variación en la paridad entre el peso y el dólar, monedas en las que fueron establecidos los precios de los contratos.

En ese marco, Metrogas abonó las compras concretadas entre enero y marzo respetando el tipo de cambio establecido en los contratos de compraventa.

Sin embargo, debido a la devaluación, el pago a los productores de gas por las compras de abril se realizó a un tipo de cambio $20,345 por cada dólar que coincidía con el valor del componente del gas incluido en la tarifa aprobado por la Resolución N° 300/2018 aplicable a partir del 1° de abril.

La empresa buscó negociar nuevos contratos. Pero los productores rechazaron el precio y reclamaron la diferencia de saldos que hasta fueron considerados impagos.

Para compensarlos, ofreció adecuar los contratos tratando de preservar la relación comercial, minimizar las consecuencias económicas que consideró “desventajosas” para ambas partes y asegurar el mínimo costo para los consumidores compatibles con la seguridad del abastecimiento.

De todos modos, no logró cerrar un nuevo acuerdo con los productores por lo cual sus ejecutivos siguen buscando nuevas fórmulas para resolver este conflicto ya que las normas prevén que las variaciones del precio de compra del gas serán trasladados a la tarifa final del usuario. Esto para evitar que no produzcan beneficios ni pérdidas a las distribuidoras.