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Conflicto en puerta

Pelea por el gas: distribuidoras arremeten contra el Gobierno y reclaman mayores aumentos

Pelea por el gas: distribuidoras arremeten contra el Gobierno y reclaman mayores aumentos
Distribuidoras argumentan que las subas autorizadas no reflejan el incremento real de costos y piden respetar el mecanismo legal previamente establecido
Por Andrés Sanguinetti
12.10.2018 17.30hs Negocios

Cuando todavía siguen frescas las consecuencias que el Gobierno debió asumir por el fallido traslado del costo de la devaluación a las facturas de gas, las autoridades están a punto de enfrentar un nuevo conflicto en este sector.

Ahora será con todas las empresas que operan en la industria gasífera y, más que nada, con las distribuidoras. En todos los casos, se muestran disconformes con los últimos retoques a las tarifas aprobados por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

En este ámbito también cuestionan los cambios en la ecuación que el organismo oficial usó para determinar las subas que se comenzaron a aplicar a partir de octubre.

Cuando en 2017 se establecieron las nuevas pautas del acuerdo de revisión tarifaria integral (RTI), el Gobierno y las empresas acordaron que regiría una recomposición quinquenal que, en este primer convenio, se extiende hasta 2022. Y de manera adicional se pactaron actualizaciones semestrales, en abril y octubre de cada año, en base a un mecanismo que utiliza la variación del Índice de Precios Internos y al Por Mayor (IPIM) que es publicado por el INDEC.

Si se tiene en cuenta que en el semestre ese valor se ubicó en torno a una variación del 35%, las compañías solicitaron incrementos que recompusieran esos mayores gastos. El argumento es que así se podrán sostener los niveles de inversiones comprometidos también para los próximos cinco años.

En el pedido, las distribuidoras advirtieron sobre la necesidad de aplicar mayores retoques y sostuvieron que lo autorizado por el Enargas no les permite tampoco compensar las diferencias surgidas de los contratos que firmaron en abril con las productoras de gas natural y que se encuentra dolarizado.

Es más, cada compañía presentó su propuesta de ajuste que, en todos los casos, fue superior al porcentaje propuesto por las autoridades.

Ocurre que el convenio firmado el 29 de noviembre del año pasado para asegurar el abastecimiento a las distribuidoras de gas por redes estableció como unidad de pago a la moneda norteamericana. Y fijó los lineamientos para que tanto Metrogas como el resto de las firmas contraten volúmenes para abastecer la demanda en el período comprendido entre el 1° de enero pasado y el 31 de diciembre de 2019.

El convenio se estableció en moneda estadounidense con un valor vinculado a la categoría de cliente, por período y expresado en "u$s/MMBTU". También dispuso que las facturas fueran emitidas en dólares y abonadas en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco Nación del cierre del día anterior a la fecha de pago.

Además, le permite a las distribuidoras trasladar el costo de adquisición a las tarifas que pagan sus clientes. Es decir, pueden cargar a la factura tanto el precio que pagan por el gas a largo plazo como el asociado a las compras de corto plazo acordados para satisfacer la demanda.

Efecto dólar

La devaluación de abril y la fuerte disparada del dólar de agosto, cuando saltó de $35 a $40 rápidamente, provocó un fuerte encarecimiento del contrato que fija las condiciones de la comercialización del gas. Esto disparó un conflicto entre las distribuidoras y los productores.

En mayo, las distribuidoras ofrecieron a los productores adecuar los contratos en pos de preservar la relación comercial, minimizar las consecuencias económicas que consideraron desventajosas para todas las partes y asegurar el mínimo costo para los consumidores.

También le informaron al Enargas sobre el conflicto, pero como no lograron cerrar un nuevo acuerdo con los productores reclamaron que se aplique el Articulo N° 37 del Decreto N° 1.738/92, reglamentario de la Ley N° 24.076. La norma estipula en su inciso 5 que las variaciones del precio de compra serán trasladados a la tarifa final del usuario.

El argumento se vincula a que cuando el costo del gas adquirido por las distribuidoras y el valor de dicho insumo contenido en las tarifas supere el 20%, las distribuidoras podrán presentar nuevos cuadros tarifarios para su aprobación.

Siguiendo esta línea, pidieron al Enargas establecer aumentos que reconocieran la incidencia de los mayores costos, para así poder reconstituir el capital de trabajo, el resultado del período y el patrimonio neto que dicen haber perdido en este semestre.

En este caso, después de idas y vueltas -con críticas de hasta los propios socios políticos del Gobierno-, la Secretaría de Energía de la Nación decidió dar marcha atrás con la orden de trasladar la diferencia cambiaria a los usuarios y estableció que se haga cargo el Tesoro. La variante que se encontró es la de pagar dentro de un año y en 24 cuotas con fondos que surgirán del Presupuesto Nacional.

Pero tanto el pedido de reconocimiento de la diferencia cambiaria como el de la recomposición de los costos son obligatorios para las distribuidoras, ya que el acuerdo también les impide aplicar subas automáticas y las obliga a presentar los cálculos de recomposición semestral ante el Enargas, con una antelación no menor a 15 días hábiles antes de su entrada en vigencia.

Sin embargo, el Gobierno prefirió autorizar recomposiciones menores a las pedidas. El Enargas resolvió que los ajustes semestrales aplicables a las tarifas de las distribuidoras debían efectuarse tomando en consideración la evolución de varios indicadores de la economía, diferentes al IPIM.

La metodología utilizada por el organismo consideró la combinación de índices que, según el Gobierno, reflejan en mejor medida los cambios en los indicadores económicos, tales como el índice del costo de Construcción y el de variación de los salarios.

El problema se generó debido a que ese mecanismo derivó en un índice de variación del 19,67% para el período, menor que el del IPIM. Debido a esto, las distribuidoras recibieron autorización para actualizar las tarifas por debajo de lo que habían solicitado durante las audiencias públicas llevada a cabo en septiembre pasado.

En ese marco, todas las empresas del sector se encuentran evaluando la situación para resolver si se toman medidas en contra de esta decisión.  Fuentes del sector explicaron a iProfesional que el malestar con el Gobierno se vincula al cambio en la ecuación que se había establecido en la revisión tarifaria de 2017 -que regiría hasta 2022- y que sin embargo no se respetó.

“En la primera actualización que se debía hacer luego de haberse firmado este acuerdo de revisión ya se dejó de lado lo que se había establecido, con lo cual las reglas de juego no se respetaron”, advierten desde una de las principales distribuidoras de gas del país.

Desde el Gobierno, en tanto, recuerdan que en los considerandos de la resolución del Enargas 4357/17 que dispuso la revisión tarifaria, también se estableció que el ente regulador tiene la potestad de aplicar otros indicadores y que eso fue lo que se decidió para la readecuación de octubre.

“La situación social y económica no da para que se permitan retoques que cubran lo reflejado por la suba del IPIM durante el semestre abril-octubre y por eso decidimos que no se trasladara en su totalidad”, agregan los funcionarios consultados por iProfesional.

Y admiten la posibilidad de que en abril del año próximo, cuando nuevamente se deban actualizar las tarifas, se les permita a las empresas del sector recuperar los puntos perdidos en este semestre.

Inversiones en juego

En la industria las dudas se mantienen, más que nada porque si no se les reconocen los mayores costos, las inversiones se reducirán.  Hasta advierten sobre la posibilidad de volver a los tiempos del congelamiento de tarifas, como el aplicado por el kirchnerismo durante sus 12 años de gobierno y que llevó al sector a sufrir fuertes pérdidas y graves problemas financieros.

Reclaman desde las empresas que se les reconozcan los valores reales de los ajustes de costos para poder mantener sus ecuaciones comerciales y poder así sostener los planes ya establecidos para los próximos años.

También piden respeto por lo acordado en el marco de revisión tarifaria. “Los contratos están para ser cumplidos. Es fundamental que el Gobierno respete las reglas de juego a la hora de analizar nuestros costos y nuestras inversiones”, sostuvo uno de los empresarios del sector. “De lo contrario, es complejo pensar en el mediano y largo plazo”, añadió el ejecutivo.

En otra empresa reconocieron la posibilidad de recurrir la decisión del Enargas que, en el caso de las distribuidoras, se plasmó en la Resolución 2812/2018 publicada el lunes pasado en el Boletín Oficial.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires y parte de la provincia de Buenos Aires, la suba oscila entre el 28% y el 35%, dependiendo la categoría y el nivel de consumo de los más de 2,5 millones de usuarios del área que atiende Metrogas, o un promedio de 38%.

Así las cosas, es probable que en los próximos días todas las compañías envíen al Enargas notas de rechazo a las actualizaciones y hasta que firmen las resoluciones en disconformidad y adviertan que los ajustes permitidos les impiden equilibrar sus costos con las promesas de inversiones.

De todos modos, es improbable que el problema se judicialice ya que el escenario de conflicto que vive la industria del gas en la actualidad es preocupante y tanto el Gobierno como las empresas buscan distender la situación.

Más cuando recién se están calmando las aguas que enturbiaron el escenario con el traslado a los clientes de las distribuidoras de la deuda por $10.000 millones que contrajeron con las productoras por la compra de gas para el período abril-septiembre, monto del que finalmente el Gobierno decidió hacerse cargo.

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