El gobierno de la provincia de Buenos Aires tendrá 10 dias de plazo para definir si acepta las tres propuestas recibidas en esta jornada por el negocio de las máquinas tragamonedas que mueve cerca de $7.000 millones por año.

Se trata de las ofertas económicas que se dieron a conocer en el marco de la licitación convocada por la gobernadora María Eugenia Vidal para entregar en concesión casi 4.000 máquinas distribuidas en siete bingos bonaerenses.

Las salas de juego están ubicadas en las localidades de Tigre, Monte Hermoso, Tandil, Mar del Plata, Pinamar y Miramar y fueron divididas en tres “canastas” por las cuales las empresas interesadas podían competir.

Hasta ahora, todas las salas eran operadas por la empresa Boldt, conocida por su participación en la causa Ciccone Calcográfica y por ser la sociedad controlante del casino Trilenium.

Ahora, los dueños de este casino fueron elegidos por las autoridades solamente para renovar la licencia en Tigre y Pinamar (Canasta 1), y por lo tanto realizaron la única oferta contemplada en ambas localidades y por la cual proponen quedarse con el 53% de la recaudación y cederle a la Provincia el 47% restante.

Por su parte, para las salas del Casino Central de Mar del Plata y Monte Hermoso (Canasta 2), se recibió la oferta de Casino Victoria. Se trata de una sociedad propiedad del empresario Daniel Mautone y de estrechos lazos con el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici que ofertó distribuir los ingresos en un 55,5% para la empresa y el resto para la provincia.

Y en lo que respecta a los casinos del hotel Hermitage de Mar del Plata y los de Tandil y Miramar (Canasta 3), la empresa que se presentó fue Bingo Oasis Pilar SA-Entretenimiento Saltos del Moconá, que tiene como principales referentes a los empresarios Ricardo Glazman y Alejandro Gravier .

En este caso, ofreció quedarse con el 71,6% de los ingresos, lo cual seguramente le impedirá ser seleccionada por las autoridades de Lotería bonaerense, si es que la propuesta termina siendo considerada como excesivamente cara para la provincia.

Ocurre que la sociedad estatal tiene ahora 10 días para definir si acepta o rechaza las ofertas recibidas. Fuentes conocedoras del tema anticiparon que serían seleccionadas las propuestas de Mautone y Boldt, mientras que a Glazman y Gravier se les pediría una nueva cotización. En el caso de que la oferta tampoco sea satisfactoria, la licitación sería declarada desierta y se convocaría a una nueva compulsa de precios. Mientras tanto, las salas continuarían siendo operadas por Boldt o por otra empresa que defina la Provincia.

Hasta el año pasado, la provincia recibía el 50% de la recaudación pero debía hacerse cargo de una serie de gastos que ahora se trasladaron a las empresas concesionarias de las salas de juego como los de vestimenta del personal, pago a la policía, servicios públicos y mantenimiento, entre otros.

De acuerdo a una ecuación oficial, se trata de costos que en la actualidad representan un 6,7% de la recaudación y que tienen que ser asumidos por los operadores.

En el caso de la oferta de Gravier se la observa como muy excesiva aún si se le suman los costos adicionales, mientras que las otras dos restantes cumplirían con las expectativas.

Sin embargo, es probable que el proceso se complique en el plano judicial, teniendo en cuenta que Boldt recurrió a los tribunales para poder mantener todas las operaciones sin cambios y evitar la decisión de la gobernadora Vidal de sacarla de dos de las tres canastas al hacer lugar a una serie de impugnaciones presentadas por las otras empresas.

De hecho, la empresa igualmente abrió los sobres que supuestamente tenía intenciones de presentar para las salas de las cuales quedó excluída y constató que son más beneficiosas para la provincia que las habilitadas.

Según pudo saber iProfesional, en el caso de los casinos donde Boldt no pudo cotizar por orden provincial habría presentado ofertas más económicas que las de Mautone/Angelici y Glazman/Gravier ya que oscilaron en torno al 51% en ambos casos, contra el 55,5% y 71,6% respectivamente.

De esta forma, se abre un proceso de dos semanas en las cuales las autoridades bonaerenses deberán definir si adjudican las salas a los grupos empresarios o convocan a una nueva licitación.